El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves que la vida de los presos del estado Miranda corre riesgo por la falta de atención sanitaria y de tratamiento. En ese sentido, la ONG insiste en la grave situación que viven los privados de libertad, que padecen un “incesante” hacinamiento y una paralización judicial por la pandemia de coronavirus.
El Centro de Detención Policial de la Policía Municipal de Plaza en Guarenas, Miranda, sufre un severo hacinamiento, según el OVP. Supuestamente, hay 95 privados de libertad divididos en dos calabozos de 5 x 10 metros, sumado a un calabozo adicional para los reclusos enfermos y otro para las mujeres.
La madre de uno de los privados de libertad denunció que un preso falleció hace tres meses por no recibir tratamiento, después de ser diagnosticado de tuberculosis por especialistas. Por su parte, otro recluso perdió la movilidad de sus piernas por el mismo padecimiento, el cual se encuentra en varias prisiones venezolanas.
El hijo de la señora se encuentra en un estado crítico con un peso de 44 kilogramos a los 26 años de edad, agravado tras el diagnóstico de tuberculosis. No obstante, la insistencia de la mujer generó que lo trasladaran a un centro de salud en las inmediaciones, en donde está siendo atendido en la actualidad.
30 presos en Miranda esperan un diagnóstico
Los familiares de los reclusos pidieron una mesa técnica con las autoridades, en donde determinaron que 30 presos debían ser atendidos por especialistas. Así pues, precisaron que se les efectuaran placas para diagnosticar las afecciones respiratorias y los altos niveles de desnutrición que sufrían.
Sin embargo, tres meses después de aquel acuerdo, no se han realizado los chequeos médicos de los 30 reclusos. Por ende, la vida de los 95 privados de libertad se pone en riesgo, quienes pueden contagiarse de posibles casos de tuberculosis.
En dicho centro de reclusión hay presos con tiempo cumplido, pero sin una boleta de excarcelación. Además, llevan un año sin traslados. A pesar que es un centro de detención preventiva, hay privados de libertad con más de cinco años recluidos y la mayoría cuenta con procesos judiciales sin una respuesta.
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