A lo largo de los últimos 23 años y de manera sostenida y progresiva, el chavismo-madurismo ha actuado en contra de las libertades en Venezuela, entre ellas la libertad académica, la libre producción de conocimientos. Por ello, al régimen le causa tanto escozor la autonomía universitaria.
La universidad es una institución fundamentada en una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores, estudiantes, empleados y egresados con el fin de afianzar los valores trascendentales del hombre.
Además de la libertad académica, la autonomía universitaria implica libertad de elegir autoridades y libertad económica y financiera. Por mandato legal, en Venezuela cada universidad autónoma tiene la facultad de administrar su patrimonio y los recursos que debe proveerles el Estado venezolano. En franca violación al ejercicio de esa libertad, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han recurrido a la asfixia económica, en procura de una muerte lenta.
El pasado 6 de marzo de 2021, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), a través de una publicación en Telegram, informó que a partir de la primera quincena del mes de marzo de 2021 los sueldos y salarios del personal de las universidades y entes adscritos se realizarán mediante la plataforma digital gubernamental Patria, y que, por lo tanto, se requerían las nóminas a las instituciones, a más tardar para el lunes siguiente, 8 de marzo.
El pago los sueldos y salarios del personal de las universidades y entes adscritos mediante la plataforma digital gubernamental Patria es una grosera e inaceptable violación de la autonomía universitaria.
Las universidades están en capacidad de obtener otros ingresos y, de hecho, así ocurre, mediante una serie de actividades remunerativas que realizan algunas facultades y dependencias universitarias. Sin embargo, estos ingresos propios son insignificantes en relación con los requerimientos de las múltiples y complejas funciones universitarias.
En las universidades autónomas no solo se enseña, sino también se investiga y se realizan actividades de extensión a efectos de lograr una mayor vinculación con la gente y sus necesidades.
La medida de la OPSU es un episodio más del acorralamiento de las universidades autónomas que ejecuta persistentemente el gobierno. Si no hay autonomía económica y financiera, el ejercicio de la autonomía universitaria es sumamente difícil y complejo.
El chavismo-madurismo no tolera una universidad libre; en 23 años de gobierno solo ha promovido y financiado centros de estudios que operan como escuelas de formación de cuadros políticos.
Pensemos en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que funciona en la antigua sede de Maraven, filial de la destruida empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Ni siquiera construyeron una nueva sede para lo que, se supone, es la principal universidad oficialista.
En la lógica de resemantización fraudulenta que aplica el chavismo-madurismo, el adjetivo “bolivariana” es la evidencia de un proceso de aprendizaje ideologizado y al servicio de los intereses del gobierno.
Pensemos en la Universidad de Ciencias de la Salud, a la cual fue adscrita la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. ¿Dónde está el hospital que requiere una facultad de medicina, como los que sí tiene (y dos) la gloriosa Universidad Central de Venezuela? ¿Cómo es posible que en el pensum de la carrera de Medicina Integral Comunitaria los estudiantes solo vean una sola materia vinculada a la cirugía?
Pensemos en la necesidad de defender la libertad en la producción de conocimientos, a pesar de la satrapía.
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