Fotografía de la página oficial de la Corte Penal Internacional
Este viernes 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó por unanimidad el recurso de apelación presentado por el gobierno de Nicolás Maduro y autorizó al fiscal Karim Khan continuar con la investigación sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
La sala desestimó los seis motivos para apelación presentados por los representantes del Estado venezolano que, entre otras cosas, argumentaron errores en el proceso, actuaciones a discreción de la cámara previa al juicio, falta de información detallada sobre los casos y que los tribunales nacionales ya están investigando, por lo cual sería innecesaria la justicia internacional.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez publicó un comunicado del gobierno venezolano en el cual se “manifiesta su desacuerdo” con la decisión de la Sala de Apelaciones. El comunicado denuncia la “instrumentalización” de los mecanismos de justicia penal internacional en contra del gobierno venezolano.
Cronología resumida de la investigación en Venezuela
La CPI anunció el 16 de diciembre de 2021 la decisión de abrir una investigación a Venezuela luego de que el 27 de septiembre de 2018 seis países, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran una remisión del artículo 14 del Estatuto para investigar la situación de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. El 8 de febrero de 2018 ya se había abierto una investigación preliminar a Venezuela por parte de la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
El 16 de abril de 2022, el fiscal de la CPI recibió de Venezuela una solicitud para que se “inhibiera la investigación con base en que Venezuela estaba investigación en relación con los presuntos actos punibles”, según leyó el magistrado Marc Perrin de Brichambaut.
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía informó que concluyó la fase del examen preliminar y la decisión era continuar con las fases de investigaciones correspondientes.
El 21 de abril de 2022, “la Fiscalía notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que había recibido una solicitud de Venezuela para diferir las investigaciones de la Fiscalía en favor de las acciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales de Venezuela, de conformidad con el artículo 18(2) de la Convención del Estatuto de Roma”.
El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares que reanudara la investigación sobre la situación de Venezuela.
El 3 de julio de 2023 Venezuela notificó su escrito de apelación y el 14 de agosto de ese año interpuso su apelación contra la decisión impugnada.
El 20 de julio 2023, la Sala de Apelaciones rechazó la solicitud de efecto suspensivo. Esto quiere decir que el procedimiento de apelación no tendrá ningún impacto en la investigación del Fiscal.
Según la CPI, “En el curso de estos procedimientos de apelación, la Sala de Apelaciones recibió presentaciones escritas del Fiscal y de la Oficina del Defensor Público para las Víctimas, así como representaciones de las víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos”.
¿Cuál es la función de la CPI?
La CPI “investiga y, cuando está justificado, juzga a personas acusadas de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.
¿Cómo funciona la corte?
La CPI busca eliminar la impunidad en el mundo a través de la justicia penal internacional. Cuando no existen procesos de justicia independientes y efectivos a escala local, su objetivo es ser un tribunal de última instancia que los responsables —de crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra— rindan cuentas por de sus obligaciones penales internacionales y evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir.
La CPI investiga “las 15 formas de crímenes contra la humanidad enumeradas en el Estatuto de Roma”. Algunas de estas son:
- Asesinato.
- Violación.
- Encarcelamiento.
- Desapariciones forzadas.
- Esclavitud (en particular de mujeres y niños).
- Esclavitud sexual.
- Tortura.
- Apartheid.
- Deportación.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000.
