El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación Gumilla, revelaron datos que demuestran graves violaciones a los derechos humanos en el país.

En ese sentido, señalan que un total de 2.853 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Entre las víctimas, la mayoría fueron jóvenes de sectores populares entre 18 y 30 años de edad.

Este hecho, junto a la exclusión y acceso a otros derechos como el de educación y trabajo, refleja la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros lugares.

Ni el supuesto confinamiento “obligado” debido a la cuarentena decretada por el Ejecutivo Nacional por la aparición de la pandemia del coronavirus frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares.

La ONG Provea y el Centro Gumilla (perteneciente a los jesuitas en Venezuela), iniciaron desde el año 2019 un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar y cuya consolidación ha permitido presentar formalmente esta iniciativa con el nombre de Lupa por la Vida, construcción de una memoria colectiva en materia de ejecuciones extrajudiciales.

Impunidad

El monitoreo ha permitido demostrar que las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado que permite abusos e impunidad por parte del sistema de administración de justicia.

Según datos revelados por Provea, el pasado 21 de agosto de 2020 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos al componente de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia.

Para alivio de los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días después fueron detenidos los 6 funcionarios presuntamente responsables del crimen.

Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio, la FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas, Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima, era escolta de Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación.

48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos. En los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial.

https://www.caraotadigital.net/nacionales/la-cifra-alarmante-de-asesinatos-en-2020-por-parte-de-cuerpos-de-seguridad-que-revela-informe-de-provea