Impensada y descaradamente, tal y como en casi todas sus actitudes, el régimen venezolano ha tenido el tupé de acudir a la ONU con la finalidad de justificar la crisis que nos agobia a causa de unas 913 sanciones; la mayoría, aplicadas a funcionarios actuales o ya retirados del equipo de gobierno, en virtud de represión a las protestas justificadas de la sociedad civil entre 2017-2020, así como las denuncias por la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), controlada por el PSUV a fin de usurpar las atribuciones, competencias, funciones y potestad legislativa de la Asamblea Nacional de Venezuela (ANV) y la realización prematura de elecciones presidenciales por parte de un CNE amañado. Las sanciones han sido aplicadas a funcionarios públicos activos y/o retirados, incluidos miembros del TSJ, Consejo Moral Republicano (conformado por MP, CGR Y Defensoría Del Pueblo) de la ANC disuelta. Miembros de la FANB, de los cuerpos de seguridad, involucrados en abusos de los DDHH, corrupción, narcolavado (cártel de los soles); ya, desde 2014, el país pasaba por una recesión económica bastante crítica, originada en 1998, que todavía prosigue y se agudiza, más aún, desde la dolarización de facto de la economía venezolana, aparte del vicio de una emisión inorgánica de dinero y quema de reservas BCV.
Siempre hemos pensado, con mucha certeza, que el tema de la “guerra económica” es tan solo una huida hacia adelante o autismo político a fin de eludir la realidad y responsabilidades, pues las sanciones comienzan durante la era Trump, en el año 2017.
Sin embargo, abundan funcionarios defensores de lo indefendible, quizá tarifados que taparean la objetividad en perjuicio de nuestra institucionalidad, agredida cada vez más y sin atisbo de salida alguna por sus protagonistas, víctimas y/o victimarios, tal vez por déficit unas endocrinas funcionales.
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