El comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, denunció el allanamiento de la sede del comando de campaña en el estado Apure.
En la cuenta de la red social X, antes Twitter, la organización política habló de «cuerpos represores del régimen (de Nicolás Maduro)», al tiempo que calificaron de «ilegal» esta medida.
«Esto representa un nuevo acto de intimidación contra la dirigencia política en la entidad. Este sede está sin operaciones desde la arremetida del régimen durante el contexto postelectoral», agregó Vente la noche de este 7 de noviembre.
En Apure se registró la muerta del dirigente de Voluntad Popular, Edwin Santos, a quien encontraron muerto el pasado 25 de octubre después de estar dos días desaparecido.
Vente Venezuela exige cese de persecución
Mientras que el gobierno, a través del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Douglas Rico, habló de que fue un accidente de tránsito lo que causó la muerte del dirigente, tanto el partido opositor como dirigentes de la tolda naranja y de otras formaciones políticas, calificaron su deceso como «un asesinato» del que responsabilizaron al gobierno.
Ante esta hipótesis, el propio Rico dijo que recibió la orden del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, de investigar a quienes hablaran de esa tesis, tanto si fuesen políticos como medios de comunicación social.
Sobre el allanamiento, Vente Venezuela agregó que «alertamos a la comunidad internacional de esta brutal persecución que no ha cesado en la entidad. Exigimos el cese de la represión y la violencia en Venezuela».
El pasado 30 de octubre también denunciaron la detención de dos opositores; de Marcos Castillo, miembro del comando de campaña en Apure, que ocurrió el 29 de octubre; y el de Miguel Granados, miembro del partido de María Corina Machado, a quien apresaron en Caracas.
Cifras del comité de derechos humanos de Vente Venezuela sitúan la cifra de dirigentes políticos y activistas detenidos en 165 personas, que arrestaron mayormente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio cuando se desataron protestas en el país por el desconocimiento de los resultados oficiales que proclamaron a Maduro como ganador.
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