El Gobierno de Venezuela informó este sábado que prosigue el operativo militar contra grupos irregulares armados en el estado de Apure (oeste), cercano a la frontera con Colombia, al tiempo que reiteró su intención de desalojar de su territorio a cualquier organización extranjera que genere violencia.
“En los actuales momentos, unidades militares, con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, continúan desplegando labores de inteligencia, escudriñamiento y persecución (de los irregulares)”, dijo leyendo un comunicado durante una rueda de prensa el ministro de Defensa de Venezuela del gobierno chavista, Vladimir Padrino.
“Reiteramos la inquebrantable decisión de expulsar del territorio nacional a cualquier grupo al margen de la ley y expresamos solidaridad incondicional al pueblo venezolano, con el irreductible compromiso de velar por su paz”, añadió el ministro, siempre leyendo el comunicado.
Asimismo, Padrino acusó a Estados Unidos y en especial al Gobierno de Colombia de dar “patrocinio” a estos grupos armados, por cuanto las acciones de estos “deben considerarse como una agresión auspiciada por (el presidente colombiano) Iván Duque”.
“Les proporciona apoyo logístico – financiero, creando un corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de Estados Unidos”, aseveró Padrino.
La operación venezolana en la región fronteriza de Apure inició el pasado 21 de marzo, cuando el Ejercito venezolano sostuvo enfrentamientos con grupos armados que organizaciones no gubernamentales locales identifican como disidentes de las FARC.
Padrino dijo hoy que después de los primeros combates, al menos 6 terroristas fueron “neutralizados” y otros 27 sospechosos fueron capturados y puestos a las órdenes de un tribunal.
Los combates, por los que hasta ahora han muerto dos soldados venezolanos, también dejaron casi 4.000 desplazados, que se trasladaron hasta Colombia huyendo de la violencia.
Pero Padrino dijo hoy a periodistas que la mayoría de estos desplazados han comenzado a retornar a Venezuela porque en la zona en la que se efectuaron los primeros combates “todo está asegurado”, sin ofrecer mayores detalles.
Además, aseveró que el operativo se conduce en apego a los derechos humanos, después de que surgieran versiones que apuntan a excesos de las fuerzas de seguridad contra la población civil.
“Si hubiese alguna actuación que no estuviese atenida a los derechos humanos, nosotros mismos seríamos los primeros que vamos a salir en denuncia de ello, no ha solidaridades automáticas aquí”, indicó.
Esta misma jornada, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció que una comisión de expertos del Ministerio Público investigará “posibles acciones violatorias a los derechos humanos” en la localidad apureña de El Ripial, donde algunas ONG locales han denunciado que ocurrió un “falso positivo” en el que murieron cinco personas en el marco de la operación contra los irregulares.
EFE
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