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Pero a la cual, el gobierno que reemplace al régimen que nos desgobierna deberá meterle el diente apenas llegar, para resolver uno de los problemas más complicados que sufre la nación.  Me refiero al de los diferentes estamentos armados que han crecido como hongos en estos veintidós largos años; que se han desmandado —con la autorización soterrada (y a veces, no tanto) de los altos mandos— y se han convertido tanto en un azote de la población, como una pesada carga para las ya casi exangües arcas nacionales.  Hay indicios múltiples de que los diferentes cuerpos de policía y las unidades militares se han conchabado con los famosos colectivos, las bandas criminales y los irregulares colombianos que han ocupado amplias franjas del territorio nacional para obtener exuberantes ganancias por la comisión de delitos.

Todo comenzó con el famoso Plan Bolívar 2000, un invento de Boves II para meterse en un bolsillo a la cúpula militar.  Su megalomanía no podía aceptar que nadie le hiciera sombra y, por eso, comenzó una labor de zapa dentro de las FAN: a todos aquellos que tenían ascendiente ante sus subalternos los dio de baja, los hizo exilar o los puso presos.  Inclusive a su compadre, a quien le debía el retorno al poder.  Que había robado, es verdad, pero todo el mundo está claro que no se buscaba que purgara el delito, sino una forma de sacarlo de la institución armada.  Baduel nunca fue santo de mi devoción, pero debo reconocer que tanto es su ascendiente todavía, que lo siguen teniendo preso después de purgar su pena.  Y a su familia la tienen azotada.  Así será el miedo que le tienen.

Pero regresemos a la argumentación, el Plan Bolívar 2000 fue diseñado para que los comandantes de grandes unidades se cogieran esos dineros.  En la típica actitud mafiosa, se les confrontaba con un revólver en una mano y un fajo de billetes en la otra y se les preguntaba: ¿de cuál quieres?  Mientras robaran pero fuesen “dóciles”, todo era miel sobre hojuelas; sin embargo, si se desmandaban, aparecían las copias de cheques recibidos como coima, las fotos indecorosas, el juicio escandaloso. 

No obstante, al pitecántropo sabanetense no le parecía suficiente: había que diluir más la real influencia de los uniformados.  E inventó lo del “derecho al ascenso”.  Desde los albores de la historia y en todas las latitudes, el ascenso ha sido reputado como en un premio al mérito y a la virtud. Menos aquí, donde el héroe del Museo Militar ordenó meter esa aberración del ascenso como derecho en una de las demasiadas reformas que le han hecho a la LOFAN.  Recordemos, también, que fue él quien dijo que “institucionalidad” y “meritocracia” eran malas palabras.  Y acabó con ellas donde más eran exigidas para poder sobresalir: la industria petrolera, las FAN y en Servicio Exterior.  Antes del estado de cosas actual, la administración militar estaba en manos de 100-110 generales y almirantes. Y funcionaba: impidió que las dos asonadas cuarteleras de 1992 tuvieran éxito.  Ahora hay más de dos mil. La pirámide organizacional no es tal, es un poliedro amorfo con una macrocefalia notoria. Hay más caciques que indios.  Que se estorban entre sí y que están más dados a reclamar prerrogativas que a cumplir con un servicio esforzado.

Hoy, el afán de lucro desmedido es notorio. Todo el mundo está a la caza de “negocios”, sean legales o no.  Desde el policía y el guardia que matraquean descaradamente a los que deben transitar por el punto de control, y que si no pagan no pasan, hasta los generales que deciden acerca de problemas tan álgidos como la alimentación y la salud.  ¿A quién se le va a comprar el trigo, el maíz, los granos, los medicamentos, los insumos hospitalarios?  ¿A quién le voy a conceder la importación de las CLAP, qué traerán estas?  ¿Y, muy importante, qué porcentaje deben dejar en mi alcabala con aire acondicionado o, mejor, en mis cuentas en paraísos fiscales?  En fin, que los chafarotes que deciden cómo se van a manejar las estaciones de servicio de su jurisdicción y quiénes deben entregarle diariamente las “ganancias”, no pasan de ser jugadores de la segunda división.

Esos mismos uniformados son los que hacen la vista gorda con las tropas del ELN y las disidencias de las FARC que controlan amplias zonas del territorio, cobran vacunas y SON la ley a los efectos de las personas del común.  ¿Miedo, connivencia, complicidad? Vaya usted a saberlo…

Por eso, y muchos otros agravios, es urgente que el gobierno que ha de reemplazar al de la usurpación debe tomar medidas heroicas para hacer más sensato el pie de fuerza venezolano.  En la gerencia moderna abundan las palabras que describen el proceso: “reingeniería”, “desescalamiento”, “downsizing”.  Escojan la que les guste, pero de que hay que redimensionar la FAN, hay que hacerlo.  Porque los ingentes dineros que se gastan en mantener unidades dizque operativas en la espera de una invasión que nunca llegará, se necesitan más y debieran ser empleados mejor en adecentamiento y adecuación de los hospitales y los planteles educativos. 

Mientras están en eso, también deben hacer cumplir lo que “la mejor Constitución del mundo” establece para la justicia militar.  Todavía, a más de veinte años de su promulgación, los jueces y fiscales militares siguen siendo designados por el MinPoPoDef.  Lo cual los hace sus subalternos; que ejercen solo por el tiempo que se mantengan en gracia con el ministro.  De allí, la aplicación del artículo de “traición a la patria” a todo aquel que se atreva a reclamar sus derechos. De allí que se siga enjuiciando a personas por “ultraje al centinela” ya hay doctrina suficiente que explica que, si un miembro de las FAN es destacado a ejercer funciones de orden público, ya no es la justicia militar sino la ordinaria la que debe normar: a todos los fines, es un funcionario policial.

A esa tarea hay que dedicarse totis viribus

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https://www.analitica.com/opinion/una-tarea-desapacible-no-exenta-de-riesgos/