Ya metidos en un inminente año electoral que buscará, entre otros cargos, renovar las autoridades municipales en el país, queda pendiente en la agenda política del país conocer la situación de varios alcaldes que permanecen detenidos en el marco de las pasadas elecciones presidenciales de 2024.
Hasta ahora, desde el año pasado han sido apresados, sin que hasta ahora hayan sido presentados ante los tribunales, los burgomaestres Rafael Ramírez Colina (Maracaibo-Zulia), Nabil Maalouf (Cabimas-Zulia), Nervins Sarcos (Colón-Zulia), José Mosquera (Lagunillas-Zulia), Fernando Feo (Tinaquillo-Cojedes), Jordan Sifuentes (Mejía-Sucre), Yonnhy Liscano (Ayacucho-Táchira) y Simón Vargas (exalcalde de Bolívar-Táchira).
Algunos de ellos han sido excarcelados, como es el caso de Mosquera, otros están huyendo para evitar ser capturados por funcionarios de seguridad del Estado.
Mosquera fue trasladado a Caracas; sin embargo, fue excarcelado seis días después de su detención arbitraria. El alcalde manifestó que no se mostraron elementos causales en su contra, pero se mantiene bajo investigación por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Son considerablemente pocos los alcaldes opositores en Venezuela en comparación con los chavistas. En las últimas elecciones municipales del país, celebradas en noviembre de 2021, la coalición gobernante ganó en 210 de los 335 municipios que tiene Venezuela. A pesar de esto, la oposición se alzó con la victoria en lugares importantes, como Maracaibo, capital del estado Zulia y la segunda ciudad más relevante del país.
Son considerablemente pocos los alcaldes opositores en Venezuela en comparación con los chavistas. En las últimas elecciones municipales del país, celebradas en noviembre de 2021, la coalicón gobernante ganó en 210 de los 335 municipios que tiene Venezuela. A pesar de esto, la oposició se alzó con la victoria en ciudades importantes, como Maracaibo, capital del estado Zulia y la segunda más importante del país.
¿Qué pasa en Zulia?
Llama la atención los alcaldes de municipios zulianos que han sido encarcelados, especialmente por dos causas: son cercanos al gobernador de ese estado, Manuel Rosales, y respaldaron en 2024 la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia.
Los tres burgomaestres apresados han sido sustituidos por funcionarios integrantes de sus gabinetes municipales, pero todos en carácter provisorio hasta que se desarrollen las elecciones, aún sin fecha por parte del Consejo Nacional Electoral.
“Es un mensaje político al gobernador, a la dirigencia política del Zulia. Son códigos que ya se conocen, no es coincidencia, obedece al momento político del país. Son medidas para amedrentar al resto de la dirigencia, para desviar la atención de lo ocurrido el 28 de julio”, expresó el miembro de UNT, José Hernández.
El más reciente caso fue el de Nervins Sarcos, quien fue arrestado el 24 de enero y con cuya detención suman ya 70 detenciones políticas de actores políticos, periodistas y defensores de DD. HH.
Alcaldes inhabilitados
El 24 de abril, los alcaldes José Fernández López (Los Salias) y Elías Sayegh (El Hatillo) fueron inhabilitados por la Contraloría General sin haber informado de un proceso y permitir a los funcionarios defenderse.
Casi dos meses más tarde también fueron inhabilitados, también sin una notificación de la Contraloría, los alcaldes trujillanos Keiber Peña (Sucre), Heriberto Materán Tapia (Motatán), José Leocadio Carrillo (Urdaneta), Yohanthí Domínguez Santeliz (Carache), Dilcia Rojas (Campo Elías), Servando Godoy (Márquez Cañizales), Wilmer Delgado (Monte Carmelo) y Francisco Aguilar (Andrés Bello).
En ese lote también fueron inhabilitados los alcaldes neoespartanos de los municipios Villalba (Isla de Coche), José María Fermín, y de Tubores, Iraima Vásquez. Estas medidas implican que los funcionarios pueden continuar en sus cargos hasta 2025, pero no podrán presentarse a nuevas elecciones.
Delgado, Godoy, Materán, Aguilar y Rojas luego declararon su apoyo a Maduro el 22 de julio de 2024 por un video.
Para la ONG Acceso a la Justicia, estas inhabilitaciones pueden ser consideradas una “retaliación” por su postura política, lo que supondría «una violación a la libertad de expresión y pensamiento, así como a la participación política y al pluralismo político», todos derechos contenidos en la Constitución.
Con datos de Runrunes, Tal Cual, El Pitazo y otros medios
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