La Superintendencia de Sociedades de Colombia (Supersociedades) decidió someter al activo venezolano en ese país, Monómeros, a un “máximo grado de supervisión” denominado “control”, tras haber declarado su intervención el pasado 18 de noviembre.
“Este grado máximo de supervisión es una decisión de prevención para la conservación del empleo y la productividad de la empresa. Nosotros ejercemos un monitoreo, de hecho lo venimos ejerciendo de manera trimestral y ahora lo haremos de una manera más cercana, con miras a prevenir que en la empresa se presenten situaciones que terminen en su liquidación o en otra circunstancia que afecte ese servicio tan fundamental para el país”, explicó el superintendente de Supersociedades, Billy Escobar.
En declaraciones al medio colombiano Caracol Radio, el funcionario indicó que frente a los accionistas, la medida es “respetuosa” de la empresa. Es decir, no significa una expropiación, ni intervención en su administración, pero sí un monitoreo que implica por ejemplo, sugerir planes de mejoramiento o reformas estatutarias o capitalizaciones que permitan que la empresa salga adelante. “Monitoreo directo y permanente”, lo calificó.
“Eso está orientado a la correcta financiación, a la disminución de los ingresos, en verificar que no suceda o el flujo de caja, entre otros aspectos que tiene que ver con que la empresa sea viable y sostenible, dada la importancia que tiene para el sistema alimentario del país y para el sector agrícola”, expresó.
¿Qué pasa si Venezuela vende Monómeros?
Consultado sobre la intención del gobierno venezolano de vender la empresa de fertilizantes con sede en Barranquilla y que dicha operación pueda ser autorizada por Estados Unidos, Escobar respondió que la función del gobierno colombiano es “prevenir” que se conserve el empleo, que se reconozcan los derechos sociales de los trabajadores y las obligaciones significativas que se tienen con proveedores.
“Cualquier decisión que tome la empresa tiene que respetar tanto los derechos de los trabajadores como las obligaciones que la empresa tiene con sus distribuidores o proveedores”, advirtió.
Escobar insistió en que se trata de una “observación permanente” sobre Monómeros, un acompañamiento, pero que la gobernabilidad, administración y junta directiva actual se mantienen. Aunque sí, reitero , el gobierno colombiano a través de Supersociedades, puede “sugerir” a la empresa que desarrolle planes de mejoramiento para garantizar el servicio que presta.
Por tiempo indefinido
El superintendente no dio plazos de duración de la medida sobre Monómeros, el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior.
“Realmente eso está determinado por la condición de la compañía y digamos que es un paciente al que estamos observando y en la medida en que avance y esté bien en todo el manejo administrativo y financiero, pues vamos soltando, como de hecho ya se hizo anteriormente con una supervisión más distante. El tiempo es indeterminado en la medida en que consideremos que debe tener el acompañamiento para garantizar ese servicio fundamental”, dijo.
Escobar señala que es muy importante garantizar la distribución de la urea y demás productos que la empresa provee al sector agrícola colombiano. Hizo hincapié en que la medida es un monitoreo que la ley establece con miras a que la empresa no vaya a ser liquidada y de esa manera afectar a los trabajadores, proveedores y al agro neogranadino.
Maduro guarda silencio
Sobre las supuestas intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de vender Monómeros, en una operación a cargo del ministro de Industrias, Alex Saab, alertó públicamente su par colombiano, Gustavo Petro, quien pidió reconsiderar la medida y posteriormente autorizó una intervención.
Miraflores entre tanto, no ha salido a confirmar, explicar o desmentir la decisión.
Exdiputados y exfuncionarios del extinto gobierno interino de Juan Guaido, que controló la empresa entre 2019 y 2022, han alertado sobre el riesgo de una “operación corrupta” que afectará tanto los intereses de Venezuela como de Colombia.
Abogados también han señalado que Petro tendría a su disposición un importante abanico de herramientas jurídico legales para condicionar y eventualmente impedir la venta de Monómeros, antes de decidir una eventual nacionalización.
En 2019, bajo el control del gobierno interino, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) le otorgó a Monómeros su primera licencia que le permitió operar en los mercados internacionales sin ser afectada por las sanciones contra Pdvsa y sus filiales.
Por ahora, la flexibilización se mantiene hasta junio de 2025, por lo que corresponderá a la nueva administración de Donald Trump que toma posesión el 20 de enero, decidir si mantiene la medida o reimpone las sanciones.
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