Una nota publicada el miércoles 01 de septiembre de 2021 en el portal de negocios y economía, Banca y Negocios, informa sobre la posibilidad que maneja el oficialismo de crear una Superintendencia Nacional de Clínicas Privadas. Según la nota informativa se explica:
“La Mesa Interinstitucional para la Defensa y Vigilancia de los Derechos Humanos evalúa la creación de una superintendencia nacional que vigile los costos y servicios de las clínicas privadas.
El grupo de trabajo, en el que la Asamblea Nacional (AN) participa, analizó la propuesta en función de la necesidad y el derecho del pueblo de una atención optima en salud en los referidos centros, sin que sean sometidos a la especulación o al sobreprecio, indica una nota de prensa emanada del parlamento elegido en 2020.
Así lo informó el presidente de la Subcomisión de Salud, diputado Eduardo Puerta, al término de la reunión de la mesa de trabajo que se realizó en la sede de la Defensoría del Pueblo.
El parlamentario indicó que con la creación de esta superintendencia se cumple el mandato del pueblo que exige la regulación urgente de estos servicios médicos asistenciales privados, especialmente en tiempos de pandemia.”
Más allá de la definición de derechos que la Constitución Nacional realiza respecto a la vida y al acceso a la salud, varias pueden ser las alternativas de modelo de sistema de salud, así como de políticas públicas en aras de coadyuvar o garantizar el acceso a servicios de salud -incluso prestando atención a su naturaleza preventiva y curativa- en favor de los ciudadanos.
Lo primero que habría que señalar es que en Venezuela, en adelante (a propósito de la negociación entre gobierno y oposición), debe dejar de utilizarse a la inflación y a la destrucción del poder de compra de la moneda como excusa, para en ausencia de un debido proceso y con absoluto vacío de argumentos y contenido, imponer controles de precios arbitrarios al punto de crear entes reguladores por actividad económica.
En este sentido, ajustes de precios incorrelacionados y superiores a la inflación, indicadores de rentabilidad y márgenes (índice de Lerner, márgenes operativos, ROA, etc.), así como benchmark de precios internacionales especialmente en mercados de servicios no transables, podrían arrojar indicios de distorsiones y fallas -del tipo poder de mercado significativo-.
Segundo, un análisis y una comprensión del modelo del sistema de salud que de hecho tiene Venezuela tiene que ser el punto de partida antes de plantear política regulatoria alguna, especialmente antes de la creación de un nuevo regulador que exige recursos en una nación en quiebra.
Los proveedores privados de servicios de salud, especialmente los del tipo curativos o aquellos servicios caracterizados como un servicio privado de consumo privado, mal pueden ser responsables del acceso a dichos servicios cuando nos estamos refiriendo a gasto privado y ante la ausencia de un sistema público medianamente eficiente.
Cabría preguntarse, ¿qué sería de los venezolanos si no contaran con proveedores privados de servicios de salud ante la precariedad de la oferta pública? ¿Cuán eficiente son administrados los recursos públicos utilizados en el sistema de salud pública? Dicha ineficiencia puede estar contribuyendo a la distorsión generalizada del sector. La garantía de acceso a la salud por medio de un financiamiento público y una provisión pública de los servicios resulta inexistente en Venezuela. Lo anterior no justifica que sobre el gasto privado se imponga obligaciones a los proveedores privados, ni tampoco implica que un Estado responsable no se ocupe de eventuales fallas o distorsiones en el sector privado de los proveedores, pero esto no tiene que implicar la creación de un regulador de clínicas privadas (no queremos asomar en el presente artículo el conflicto de la regla de reparto de rentas en el sector privado entre aseguradoras y clínicas privadas, así como la posibilidad de una eventual captura del gobierno en dicha relación entre privados, que haga que éste actúe en detrimento de alguna de las partes).
Dentro de las alternativas de diseño de la política pública, justamente los privados pueden ser parte de la solución. Dada la aplastante evidencia referida a la ineficacia y mala provisión de servicios públicos de salud, los recursos públicos podrían ser canalizados por medio de establecimientos privados concertados a través de mecanismos de competencia por el mercado que impriman eficiencia en el gasto público de salud en beneficio del acceso de los venezolanos.
Se requiere asimismo un análisis del mercado de los servicios privados de salud que pueda identificar eventuales barreras a la entrada y la falta de una competencia efectiva, así como la identificación y constatación de eventuales prácticas que puedan derivarse del ejercicio abusivo de una posición dominante. Sin embargo, lo anterior no tiene que implicar la creación de un regulador controlador de precios exclusivo para dichos tipos de servicios -especialmente dado el modelo mixto y complementario de sistema de salud que supuestamente existe en Venezuela-.
El sector público, así como el sector privado, es decir Venezuela requiere de una comunidad de expertos en regulación que adviertan sobre los continuados errores que se cometen en materia de regulación económica en el país y que son, justamente, fuente de distorsiones y fallas en los mercados alejándonos como sociedad del Bienestar Social.
Economista UCV. Profesor de Estrategia Competitiva y Digital, Universidad Torcuato Di Tella
https://www.analitica.com/opinion/superintendencia-nacional-de-clinicas-privadas/
