Súmate exigió este martes la liberación de su coordinadora nacional de formación, Nélida Sánchez, quien cumple 100 días detenida, tiempo en el que -aseguró- se le han «violado sus derechos constitucionales».
«Es una ciudadana ejemplar, lo cual se puede corroborar con su actuación de vida, en la que resalta su contribución a la formación ciudadana para el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos el de elegir y ser elegido, lo que no es delito ni causa para ser enjuiciada», dijo la ONG en una publicación en X.
Súmate insistió en que Sánchez debe estar libre, así como en que el Estado debe «reparar los daños morales y físicos» de la activista.
Añadió que en el tiempo que ha estado detenida se le han violado sus derechos constitucionales a la «libertad personal, a la presunción de inocencia, la defensa por sus abogados de confianza, el ser oída con las debidas garantías y ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial».
El pasado 9 de noviembre, Súmate denunció que el juez de un tribunal antiterrorismo de Venezuela ordenó el juicio contra Nélida Sánchez con base -sostuvo- en un «acta policial forjada».
En un comunicado, expresó que el juez «violó los derechos constitucionales a la defensa por sus abogados y al debido proceso» de la activista, al decidir «su pase a juicio manteniendo los cinco delitos imputados en la audiencia de presentación» con «fundamento en el acta policial» que «incurre en el vicio de falso supuesto».
Según la ONG, Sánchez fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y se le acusa de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.
La detención de la coordinadora de Súmate se produjo en un contexto de crisis política desatada tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, un período en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, ha alertado sobre el aumento de la «persecución» y «represión» por parte del Gobierno.
El pasado septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
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