Una presunta operación para vender Monómeros, el activo de Venezuela más importante en el exterior después de Citgo, descubierta y develada por el propio presidente de Colombia -país donde se ubica la empresa de fertilizantes -, Gustavo Petro, volcó la mirada pública a las repercusiones que podría traer la privatización de esa empresa.
También, podría ser motivo para otro incidente diplomático entre Petro y el gobernante Nicolás Maduro, puesto que se ha hablado hasta de la posibilidad de que el mandatario colombiano nacionalice Monómeros. Ello se sumaría a la tensión existente por la exigencia de la Casa de Nariño para que el Poder Electoral venezolano demuestre con la publicación de las actas de votación, mesa por mesa, el triunfo de Maduro en las presidenciales del 28 de julio que anuncio.
Maduro debe dar explicaciones
Para el presidente de la Comisión de Contraloría de la Comisión Delegada Legislativa (AN de 2015), Macario González, quien en 2022 estuvo al frente de una investigación sobre la situación del activo, lo primero que hay que destacar es que los venezolanos nos enteramos de la operación por información proveniente del vecino país y que ningún funcionario venezolano ha salido a dar explicaciones sobre es venta. Tampoco, acoto, ha sido objeto de debate o investigación en el Parlamento que domina el chavismo.
“Sería criminal para el patrimonio de la República, para sus activos en el exterior, que esta empresa fuera vendida y además entre gallos y media noche. Ni Maduro ni el ministro de Industrias, Alex Saab, experto en negociaciones poco transparentes, han hecho aclaratoria, entonces podemos dar por sentado que es una negociación que está en camino y que por supuesto, daña al patrimonio de la República. Monómeros podría caer en manos privadas a precio de gallina flaca porque tampoco sabemos el tamaño de esa negociación”, sostuvo el parlamentario.
Otro riesgo de la eventual venta, advirtió González en declaraciones a Efecto Cocuyo y que también ha sido motivo de preocupación para Colombia, es que la urea que produce la filial de Pequiven pudiera desviarse como insumo para el narcotráfico.
Petro publicó en su cuenta de la red social X, el comunicado que dirigió a Maduro el 8 de noviembre para comunicarle su desacuerdo con la venta de la empresa colombo venezolana, con sede en Barranquilla por “decisión del ministro de Industria y Producción de Venezuela, Alex Nain Saab Morán”, empresario colombiano que hoy integra el Gabinete de Maduro.
El mandatario neogranadino pide a Miraflores que reconsidere la medida: «ha beneficiado a las y los campesinos colombianos y venezolanos a través de la producción y venta, a un precio justo, de insumos agrícolas». La privatización, según Petro «implicará el encarecimiento de los productos primarios agrícolas en nuestros países. Además, obligará a nuestros campesinos y campesinas a depender de productos extranjeros y del precio de insumos agrícolas del mercado internacional”.
Riesgo de “operación corrupta”
Por si fuera poco, se conoció que Rodrigo Ramírez, director de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., renunció al cargo «debido a las negociaciones internas que se adelantaron con fines de la adquisición de los activos de la empresa Monómeros, en la que el gobierno colombiano no fue partícipe».
De acuerdo con el diario El Colombiano, las negociaciones de venta ya estaban adelantadas y “había un primer acuerdo de compraventa por más de 300 millones de dólares” por parte de una multinacional del agro y los fertilizantes.
“La sanción (OFAC) limita no solo operaciones de Monómeros, sino operaciones de Pequiven, eso supone un alto riesgo. Es posible realizar la venta de las acciones de Monómeros propiedad de Pequiven al margen de las sanciones, pero eso supone un alto riesgo. Hay otro escenario, por supuesto no sabemos nada al respecto, en el cual la OFAC haya autorizado la operación, lo cual pareciera que no es un evento muy probable porque en definitiva el presidente Petro se ha opuesto”, comentó el abogado constitucionalista y exprocurador especial del interinato, Jose Ignacio Hernandez.
Consultado por Efecto Cocuyo, Hernandez alertó igualmente que Venezuela perdería un activo externo en condiciones opacas, poco transparentes e ineficientes, “con incentivos elevados de que esto termine en una operación corrupta”. Recordo que desde 2014, Miraflores intenta vender activos para evitar el pago a los acreedores de deuda y también para obtener ingresos debido a su precariedad fiscal.
En 2019, bajo el control del gobierno interino que presidió Juan Guaido, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) le otorgó a Monómeros su primera licencia que le permitió operar en los mercados internacionales sin ser afectada por las sanciones contra Pdvsa y sus filiales.
Por ahora, la flexibilización se mantiene hasta junio de 2025, por lo que corresponderá a la nueva administración de Donald Trump que toma posesión el 20 de enero, decidir si mantiene la medida o reimpone las sanciones, algo que el exministro de Minas y Energía colombiano, Amylkar Acosta, en declaraciones al diario El Tiempo de Bogotá, alerto que afectará la operatividad de la empresa de 1.600 empleados y a Colombia porque la obligaría a importar los fertilizantes que hoy le suministra Monómeros.
¿Petro podría nacionalizar?
Monómeros representa casi 30% de la producción de fertilizantes en el país y abastece a 80% del campesinado colombiano, de allí que su operatividad es muy importante para la economía del país vecino. Colombia, durante la gestión del presidente Álvaro Uribe, vendió en 2006 sus acciones en la empresa con una ganancia de 125.504 millones de pesos y en 2023, el embajador del vecino país en Venezuela, Armando Benedetti, manifestó el deseo del gobierno de Petro de comprar la empresa.
Para González, parte de la “molestia” de Petro podría deberse al hecho de que Colombia no fue tomada en cuenta por el gobierno venezolano para presentarle una oferta de venta. Pese a ello descartaria que el mandatario colombiano recurra a una medida de nacionalización.
“Pudiera ser que Colombia tenga un interés en Monómeros, pero sabiendo que las relaciones con Venezuela no están en su mejor momento, no creo que Petro esté estirando la cuerda para hacer más tensas esas relaciones, no creo que tenga interés en eso. Lo que sí es cierto es que una empresa que esté en territorio colombiano es protegida, que es distinto a querer expropiar o nacionalizar, más bien el interés es que sea productiva y para ello se le da las garantías de protección, más en este caso por ser estratégica”, subrayó el diputado de 2015.
Sobre la hipótesis de la nacionalización, Hernández señala que el presidente colombiano tendría a su disposición “un importante abanico de herramientas jurídico legales para condicionar y eventualmente impedir la venta.
“Quizás, diría yo, que el presidente Petro también se debe estar moviendo en el ámbito diplomático, precisamente pidiendo a la administración Biden, al gobierno de Estados Unidos, que a través de la OFAC, bloquee esta venta, pero en definitiva, el gobierno de Colombia tiene varias herramientas legales para condicionar o impedir la venta”, sostuvo el abogado.
Control para evadir sanciones
Desde que Miraflores recuperara Monómeros en 2022, tras el ascenso de Petro al poder, poco se había hablado de la empresa. El diputado de 2015, José Luis Pirela ha destacado la falta de rendición de cuentas de la nueva administración que desplazó a la directiva designada por el extinto gobierno interino desde que asumió el control en 2019, con la venia del gobierno de Iván Duque.
Esta opacidad es atribuida por Hernández al hecho de que Monómeros ha sido utilizada como un “vehículo financiero” para transferir recursos a la empresa Pequiven, violando el régimen de sanciones y de esa manera proveer de ingresos fiscales al gobierno de Maduro.
Pero bajo el control del interinato, la empresa también estuvo en el ojo del huracán, lo cual alimentó la narrativa de Miraflores sobre un “saqueo” opositor en el activo. Durante varios meses, los diputados de la Comisión Delegada Legislativa que extendio vigencia de la AN de 2015 se enfrentaron por denuncias de ilícitos en el manejo del activo.
De un lado Guaidó y diputados de la Comisión de Contraloría encabezados por Macario González y del otro partidos como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) que bloquearon en su momento un decreto de reestructuración de Monómeros presentado por Guaido y designaron otra comisión para que investigara, desplazando a la de Contraloría.
Ambas instancias presentaron informes sobre la situación de la empresa. En julio de 2022, la Comisión de Contraloría dejo constancia de irregularidades detectadas durante la gestión de la junta directiva encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea, y de su superior jerárquico, la presidenta de Pequiven, Diana Bracho, ambos nombrados por Guaidó y se recomendó que la AN de 2015 declarara responsabilidad política, además de reestructurar a la directiva, medida que nunca se concretó.
Dos meses antes, la AN de 2020, aprobó un informe de la comisión especial que investigó supuestos hechos de corrupción durante la gestión del Parlamento de mayoría opositora para el período 2016-2020, liderada por el disidente de PJ, Jose Brito, en el que se señaló a Manuel Rosales “de estar involucrado en la quiebra inducida de Monómeros” junto a AD, PJ y Voluntad Popular.
Previamente, en octubre de 2021, una comisión de parlamentarios de 2015, se trasladó a Colombia para evaluar la situación de Monómeros, bajo protesta de la Comisión de Contraloría. La diputada de PJ, Bibiana Lucas, cabeza del grupo, denunció conspiración por parte de particulares y factores económicos para apoderarse del activo venezolano, de supuestos actos de corrupción en la gerencia e intromisión de la política en la toma de decisiones.
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