A decir por las audiencias de apelaciones sobre la Situación Venezuela sucedidas recientemente en la Corte Penal Internacional, CPI, en la Haya, al régimen comienza a quedarse sin “pan de piquito”. O se le acabó el “pan de piquito”. Es tal cual como lo acusa el glosario popular.  Tan mentada frase refiere el momento en que a una persona se le termina el juego. O pierde la destreza demostrada sobre el manejo de algo. Es cuando dice que se le acabó el “pan de piquito”.

Es lo que le ha sucedido al régimen ante la terquedad expuesta al pretender justificar y convencer ante la Sala de Apelaciones de la CPI, su gestión de defensa de “derechos humanos”. La supuesta protección emprendida de derechos humanos en respuesta a los hechos acaecidos en el ínterin y continuidad de los años 2014 y 2017. Y que luego, arrastró graves consecuencias que derivaron en delitos de “lesa humanidad”. Es así como el Estatuto de Roma, del cual es signatario Venezuela desde su misma creación en Julio de 1998,califica tan perversos delitos.

Vale recordar que el recurso de apelación presentado por el régimen venezolano a través de sus abogados, terminó en una declaratoria de sandeces que deja mal parado el oficio jurídico-socialista. Y es que en verdad, nada ha cambiado desde que el régimen se comprometió con el Fiscal de la CPI, Karim Khan, a ordenar todos los procedimientos que podrían problematizar los dictámenes a los que Venezuela está sujeta según lo estipulado por el Estatuto de Roma. Aunque en el caos en que el régimen mantiene sumido al país, no es fácil poner orden “bajo la piñata”.

Decisiones complicadas

Desde que el poder político se ha visto imbuido por las garras del odio, las sombras de la descomposición avanzaron “a paso de vencedor”. La idiotez, se instaló al lado de la testarudez. Esto permitió que todo se redujera a nada. Las colas del hambre, prepararon el camino para que se instituyera una casta de poder que sólo se interesó en cimentar condiciones que procuraron potenciar enfermedades, miseria e ignorancia. Así se crearon otras colas que sólo acentuaron el atraso y el tiempo perdido. Es decir, la antítesis del desarrollo.

Entonces, ¿cómo concienciar a un Ejecutivo Nacional para que active un proceso avanzado de investigación y procesamientos jurídicos y legales que evidencien el alcance de todo proceso indicado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional referente a los problemas de los que se acusa al régimen venezolano? Pareciera que no hay forma.

La danza diabólica de todo cuanto ha sido posible esconder bajo la alcahuetería de la amañada justicia revolucionaria, como el militarismo arbitrario y politizado, la corrupción dominante, la fuerza policial cómplice de desafueros legales, el desorden administrativo, el desacato constitucional por doquier, la codicia del funcionariado convertida en negocios delictuales, entre otros horrores políticos, económicos, culturales y educacionales, hizo que el régimen confundiera responsabilidad y respeto con realidades. Su confusión hizo que funcionarios de todo nivel transitaran el camino de la desesperación a la estupidez.

Fase de apelación

Ninguno de los argumentos legales así calificados por la fiscalía de la república y bufetes del régimen venezolano, definidos como alegatos durante el juicio de apelación, no tuvieron la suficiente consistencia para que la CIP los considerara aptos desde un enfoque jurídico. lógico y descriptivo. De manera que la CPI terminó la audiencia desmontado los alegatos del régimen. Las investigaciones presentadas, estaban plagadas de inconsistencias metodológicas En consecuencia, la Fiscalía de la CPI, rechazó los argumentos del régimen dirigidos a contrariar las investigaciones de crímenes de “lesa humanidad” demostrados con suficiencia por la CPI.

Ahora el régimen venezolano, en lo sucesivo, se las verá difícil para confirmar que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” tal como lo establece el artículo segundo constitucional. 

Las reiteradas violaciones derechos humanos y delitos de “lesa humanidad” cometidos y soportados por la cadena de mando político-militar-policial venezolana, no fueron debidamente rebatidas en su argumentación y defensa por los representantes de Venezuela en la trascendental audiencia convocada por la CPI recientemente celebrada en La Haya. Más, cuando la misma había presumido que el régimen venezolano defendiera sus posturas y justificara sus decisiones internas.

Además, la audiencia fue escenario para que las víctimas de tales hechos se hicieran presentes para exponer sus dramáticos casos ante la sala de la Corte. Precisamente, contrastando con el discurso de los representantes del régimen venezolano, igualmente presentes. Dicha audiencia fue crucial. Especialmente, para las víctimas quienes expondrían abiertamente sus denuncias.

Presagios que inspiran problemas

Por consiguiente, la documentación de las víctimas fue razón fundamental para que sus denuncias adquirieran las formas que la CPI acepta según lo exigido por la formalidad institucional. Por tanto, la consignación de los elementos probatorios de los atroces actos cometidos por funcionarios militares y policiales, justificándose como fuerzas de seguridad del Estado, fue causa para que la Oficina de Defensa para las Víctimas de la CPI, adujera que a pesar de la significación e impacto comunicacional de tan importante audiencia, el régimen posiblemente continuará cometiendo impunemente violaciones de derechos humanos, y delitos de “lesa humanidad”.

La actitud criminal de funcionarios acusados como torturadores, violadores y asesinos, caracteriza la tendencia represiva demostrada como criterio político del régimen para así mantenerse enraizados al poder. Lo cual le sirve para intimidar y asustar a la población de su fuerza (represión en caliente) Sin embargo, el régimen insiste en enmascarar las arbitrariedades, abusos, injusticias y atropellos cometidos en nombre de la revolución. De esa revolución que pretende preservarse, sin comedir los efectos provocados. Por eso vale señalar que si bien la justicia muchas veces llega tarde, el inicio del correspondiente proceso se logra rápido.

Justamente en medio del contexto referido, sobran razones para que, con base en la desesperación que el régimen muestra, es fácil deducir que al mismo se le acabó el “pan de piquito”.

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