El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “inadmisible” un recurso de nulidad interpuesto por la abogada María Alejandra Díaz Marín, quien actuó en representación del Frente Democrático Popular (FDP), una facción del chavismo disidente.
A través de este recurso, Díaz Marín solicitaba que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicara los resultados detallados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, el TSJ no sólo rechazó la solicitud, sino que además la suspendó del ejercicio legal de la profesión, le impuso una multa y solicitó que se inicie un procedimiento disciplinario en su contra, una medida que ha sido interpretada como una forma de represalia.
Esta decisión genera preocupación en la comunidad de abogados en Venezuela, quienes ven en la sanción una advertencia hacia aquellos que deseen presentar recursos legales que desafíen al Estado venezolano.
Tanto el abogado constitucionalista Gustavo Manzo como el también experto en derecho constitucional Nelson Chitty La Roche, entrevistados por Efecto Cocuyo, consideran que esta medida es un acto de intimidación que envía un mensaje claro: quienes se atrevan a cuestionar decisiones del gobierno podrían enfrentar sanciones.
Un procedimiento administrativo incompleto y con vicios
Para Manzo, el recurso de amparo interpuesto por Díaz Marín se basa en una falla en el cumplimiento del procedimiento administrativo electoral que requiere transparencia en todas sus etapas.
“El proceso electoral, desde la inscripción de candidatos hasta la publicación de los resultados, es un procedimiento administrativo de punta a punta”, explicó Manzo. En su opinión, el hecho de que no se hayan publicado los resultados detallados deja vicios de nulidad en el proceso.
“Si no se terminan de realizar los actos asociados a ese procedimiento, este adolece de vicios que afectan la forma en que se configuró la voluntad del Estado”, añadió.
Manzo cuestiona la postura del TSJ al desestimar el recurso de amparo y castigar a la abogada que lo introdujo. A su juicio, el derecho debe permitir diversas interpretaciones y el hecho de que el TSJ imponga su criterio como único contradice los principios básicos de la justicia.
“Decir que el punto de vista de la corte es el único válido es contrariar el derecho mismo, que está hecho para resolver problemas entre posiciones jurídicas opuestas”, subrayó.
Sanciones que buscan disuadir
La decisión del TSJ de imponer una multa y solicitar un procedimiento disciplinario contra Díaz Marín es, según Manzo, inusual y desproporcionada. “Toda persona merece el derecho a la defensa y a utilizar los tribunales para lo que considere necesario”, afirmó el abogado, quien considera que el TSJ ha ido más allá de lo que exige el derecho, con el objetivo de disuadir a otros abogados de presentar recursos similares.
“El mensaje que envía el TSJ es claro: no te metas con el Estado, porque el Estado es todopoderoso y quien lo desafíe perderá sus derechos”, sentenció Manzo, quien destacó el efecto intimidante de esta decisión.
Un mensaje intimidante que afecta la libertad de expresión de los abogados
Nelson Chitty La Roche, otro abogado constitucionalista, comparte las preocupaciones de Manzo sobre el alcance de las sanciones del TSJ. Para él, el tribunal está enviando un mensaje claro a la comunidad jurídica.
“No se debería castigar el ejercicio del derecho o las solicitudes, aun cuando carezcan de fundamentos adecuados o pruebas concluyentes. La función del tribunal también es pedagógica”, señaló, haciendo incapié en que los tribunales deberían fomentar un ambiente de justicia y aprendizaje, no de miedo.
Sostiene que el TSJ debería limitarse a aplicar sanciones disciplinarias solo cuando existan fallas de probidad en el ejercicio de la abogacía.
“La sanción se justifica cuando un abogado falta a los principios esenciales de probidad y honradez establecidos en el Código de Procedimiento Civil, pero en este caso no veo evidencia de ello”, opinó. Además, destacó que la magnitud de la sanción vulnera el derecho al trabajo de Díaz Marín, ya que afecta directamente su medio de vida.
Impacto en la carrera profesional y en el ejercicio del derecho
Para ambos abogados, las sanciones del TSJ no solo afectan a Díaz Marín en el plano legal, sino que también tienen repercusiones en su carrera profesional y su reputación. Manzo destaca que el procedimiento disciplinario puede influir en las oportunidades laborales y académicas de la abogada, quien podría ser vista como una figura controvertida por haber defendido una causa sensible.
“Ella está siendo sometida al escarnio público por simplemente cumplir con su trabajo”, comenta.
Chitty La Roche añade que esta medida crea un precedente peligroso y refuerza un ambiente restrictivo para el ejercicio del derecho en Venezuela. “El TSJ está actuando de forma discrecional y esto tiene un impacto en todos los abogados que piensan defender causas sensibles en el futuro”, afirmó, subrayando las limitaciones que se imponen a los abogados a la hora de presentar amparos o recursos que puedan desafiar las decisiones del Estado.
El derecho a la defensa y la intimidación de la comunidad jurídica
Ambos expertos coinciden en que las sanciones representan un intento de intimidar a los abogados y disuadirlos de defender causas que pudieran incomodar al gobierno. “Es obviamente intimidante. Los abogados deben actuar con mucha cautela, ya que su ejercicio de conciencia y de saber jurídico puede ser sancionable”, menciona Chitty La Roche. Según el abogado, el ambiente que se crea con decisiones como estas es uno en el que los abogados se ven limitados en su capacidad para actuar según sus convicciones.
Según Manzo y Chitty La Roche, Díaz Marín tiene derecho a defenderse en el marco del procedimiento disciplinario que ha sido solicitado en su contra. Este proceso, aunque sencillo, está regulado por la Ley de abogados y establece garantías mínimas, como el derecho a contar con un abogado de confianza. Sin embargo, ambos expresan preocupación sobre la imparcialidad del proceso, dado el clima represivo que rodea el caso.
“Esperemos que, al menos en este procedimiento, se respeten sus derechos básicos”, expresó Manzo.
Ambiente represivo y limitaciones en el acceso a la justicia
Manzo observa que las sanciones desproporcionadas a la abogada forman parte de una estrategia para consolidar el control del Estado y limitar la libertad de los ciudadanos de acceder a la justicia.
“Todos los abogados ahora nos vamos a cuidar de meter ese tipo de amparo o temas que tengan que ver con ciertas situaciones políticas, incluso el hablar y conversar en esta entrevista, este tipo de situaciones, me coloca en el riesgo de ser también sancionado por tener una opinión diferente a la de la corte”, dice.
En palabras de Chitty La Roche, “la justicia venezolana debería estar orientada a defender los derechos, no a castigar a quienes intentan ejercerlos”. Esta situación, en opinión del jurista, refleja una profunda crisis en el sistema judicial y una amenaza a los principios democráticos en el país.
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