La Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) rechazó la condena que recibió el extrabajador de Ferrominera, Rodney Álvarez, acusado por el homicidio de Renny Rojas, el cual tuvo lugar en el portón de la empresa e 9 de junio de 2011.
“El 9 de junio de 2011 convocamos a una asamblea en el portón principal de Ferrominera Orinoco. Allí estuvieron todos los trabajadores y se presentaron la FBT, el Movimiento 21 y las bandas armadas de cada uno de ellos para sabotear esta asamblea, para elegir a la comisión electoral. Ahí el único que desenfundó el arma fue Héctor Maicán y lo vieron todos los trabajadores que estaban allí en el portón. Yo lo vi a un espacio más o menos de 10 metros”, aseguró Rubén González, coordinador general de la ITG.
El dirigente sindical reiteró que al presunto autor material le consiguieron el arma, los cartuchos y el análisis de pólvora dio positivo.
“Pero como estaba apoyado por Francisco Rangel Gómez (para entonces gobernador de Bolívar), lo sacan de esa responsabilidad y buscan un chivo expiatorio. Ahí buscan a Rodney Álvarez. Yo vi cuando Luis Quilarte (otro trabajador) salió de la multitud que estaba en el portón diciendo con claridad: Maicán está disparando, Maicán está disparando. Maicán salió persiguiendo a Luis Quilarte y vi cómo lo apuntó en la cabeza y luego le dio un tiro en la pierna. A Rodney lo condenan por un asesinato que nunca cometió”, sostuvo.
González recordó que la Comisión de Encuestas, la Organización Internacional del Trabajo y la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, coincidieron en sus informes al pedir por la libertad de Rodney Álvarez, considerado otro preso político en Venezuela.
La defensa técnica de Álvarez denunció que la condena se hizo a pesar de que en las pruebas promovidas por el Ministerio Público no quedó demostrada su culpabilidad.
La defensa agregó que el juicio se llevó con premura en las últimas semanas y se evacuaron distintas pruebas, pero de ninguna se desprende la responsabilidad penal de Rodney Álvarez.
La sentencia se basaría en un video sobre el que tampoco se pudo demostrar que Álvarez portaba un arma o disparó en el lugar de los hechos. Trascendió que en el juicio intervinieron dos personas en calidad de testigos, quienes nunca habrían estado en el portón de Ferrominera aquel 9 de junio de 2011.
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