El gobierno de Donald Trump revocó la licencia general 41 de Chevron que le permitía a la petrolera operar en Venezuela por incumplimiento de acuerdos políticos por parte de la gestión de Nicolás Maduro.
Miraflores respondió con el anuncio de un plan económico «Independencia Productiva Absoluta» sin detalles, mientras que desde el Parlamento de 2020 se amenaza con la aplicación de la Ley Bolívar a quienes promovieron y apoyan la medida de Estados Unidos. En el horizonte inmediato se avista mayor hostilidad entre las administraciones de Maduro y Trump que hace poco negociaron deportaciones de venezolanos en suelo estadounidense, entre sonrisas y apretones de manos.
Politólogos consultados por Efecto Cocuyo apuestan a que más allá de las repercusiones económicas del cese de la licencia, la medida pudiera empujar a un nuevo proceso de negociaciones entre la oposición mayoritaria y Miraflores con EEUU como principal protagonista por tener en sus manos las herramientas de presión.
No varía la fórmula, pero sí el formato
Para el politólogo Piero Trepiccione, si bien Trump ya había avisado su inconformidad por las licencias petroleras otorgadas por el gobierno de Joe Biden a Maduro, sorprende que recurra a la misma fórmula – la del recrudecimiento de las sanciones- para reabrir la búsqueda de soluciones al conflicto político en Venezuela. Esto, tomando en cuenta que no han funcionado en el pasado para el cambio político.
“Se busca abrir un proceso de negociación y el mecanismo de presión son las sanciones. Trump sabe que es su forma de presionar y podría facilitar una nueva ronda de negociaciones, pero en otros términos más claros y contundentes. Lo que podría variar en esta oportunidad es el formato de esas negociaciones”, sostuvo.
El politólogo Jesús Castellanos Vásquez coincide y señala que al aumentar los costos de mantener a la administración de Maduro luego de las presidenciales del 28 de julio y la agudización de la crisis, se pueden abrir nuevas oportunidades de negociación.
“Las sanciones por sí solas no van a generar una transición política en Venezuela. No obstante, dependiendo de cómo se instrumenten, pueden afectar los vínculos con sectores militares venezolanos, actor clave para el mantenimiento del actual régimen. Además pueden erosionar aún más las bases del régimen, ante su incapacidad para gobernar y su disposición cada vez más autoritaria en el ejercicio del poder”, expresó.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este martes 4 de marzo la Licencia N° 41 A, con la que ordena liquidar cualquier tipo de operación de la empresa estadounidense Chevron en Venezuela y da un plazo de 30 días; es decir, hasta el próximo 3 de abril, para que se produzca el cese definitivo de las actividades de esta organización en el país.
«Por la presente, revertimos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, con fecha del 26 de noviembre de 2022, y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro», escribió Trump en un mensaje en la red Truth Social, al anunciar su decisión.
¿Debilita a Maduro?
Los analistas no esperan en lo inmediato un debilitamiento de la administración de Maduro y su forma de demostrarlo será la previsible profundización de la persecución política contra la oposición a través de instrumentos como la Ley Bolívar. Está por verse si aceptaría negociar, pero lo que sí afirman es que aumentan los costos de permanencia en Miraflores.
“No solo es el impacto económico. Una línea dura de los EEUU, que incluya por ejemplo, persecución de grandes capitales, negocios y familia, en su territorio, de militares venezolanos, puede subir los costos de mantenerse en el poder. Adicionalmente, la percepción en Venezuela que la comunidad internacional y EEUU como protagonista, es contraria al régimen y apoya decididamente a la oposición democrática, es muy inconveniente para Maduro, especialmente ante su falta absoluta de legitimidad, consecuencia del revés electoral del 28 de julio”, dice Castellanos Vásquez.
Tampoco comparten la tesis según la cual el financiamiento a la represión a través de los organismos de seguridad del Estado contra la ciudadanía se vea afectado, porque si bien son menos recursos que entran a las arcas del Estado, Miraflores dispone de otras fuentes como la explotación del Arco Minero, con consecuencias negativas para el ambiente y los derechos humanos de la población afectada.
Chevron inyecta entre 150 y 200 millones de dólares mensuales al mercado cambiario venezolano, lo que ayuda a estabilizar el tipo de cambio. Sin esta contribución, se espera una mayor devaluación del bolívar y un aumento de la inflación, que ya mostró signos de repunte en 2024 (48% según el gobierno, aunque analistas la estiman mayor).
“El gobierno tiene mayor margen de maniobra que los venezolanos ante las consecuencias de las sanciones. No obstante, ese margen implica operar en condiciones precarias, pago de fletes elevados, mayores costos para el transporte de petróleo. Es decir, se limita su campo de acción y esto es lo que podría ayudar a la negociación como un tema bilateral entre Caracas y EEUU”, aseveró Trepiccione.
Este jueves 6 de marzo, la Asamblea Nacional dominada por el chavismo “exhortó” al fiscal general, Tarek William Saab, a aplicar la Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista contra los opositores señalados de promover y apoyar la revocatoria de la licencia de Chevron y en general las sanciones internacionales. Uno a uno fueron nombrados en el hemiciclo de sesiones María Corina Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges y Antonio Ledezma, entre otros.
La normativa contempla prisión de hasta 30 años y como pena accesoria inhabilitación política por 60 años, además de juicios en ausencia para poder procesar a quienes están en el exilio.
“Se nos impide pagar la deuda con Chevron, esa plata pasa a invertirse en la industria petrolera, gracias por eso. Queríamos pagar y no nos dejan, siguen en la infinita ridiculez al creer que van a detener el ímpetu de la revolución bolivariana”, fustigó el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, encargado de las negociaciones directas con EEUU.
¿Ayuda a la oposición?
La líder opositora María Corina Machado también reaccionó a la decisión de la Casa Blanca y responsabilizó a Maduro por el fin de la licencia de Chevron por no cumplir el Acuerdo de Barbados. Dicho acuerdo, entre otras cosas, contemplaba el respeto a los resultados electorales del 28 de julio.
Ante la reducción del margen de maniobra de la oposición a lo interno por líderes políticos como Machado en la clandestinidad y otros forzados al exilio como Edmundo González, para evitar ser encarcelados, se apuesta a una mayor presión internacional, no solo de EEUU sino de la Unión Europea (UE).
A la pregunta sobre si el fin de la licencia Chevron contribuirá con la lucha porque se respeten los resultados del 28 de julio a favor de González Urrutia, los politólogos señalan que al estar la pelota en la cancha de EEUU con el tema de las sanciones, la Casa Blanca puede presionar para que la oposición mayoritaria tenga representación en la mesa de negociaciones más allá de la bilateralidad entre el gobierno de Trump y Miraflores manejada hasta ahora.
“Es muy importante la representatividad de los factores políticos del 28 de julio, cuyos resultados son su respaldo, no se puede minimizar a estos actores o apartarlos para elevar a otros”, acotó Trepiccione.
A juicio de Castellanos Vásquez, la medida de Trump da un nuevo aire al liderazgo opositor democrático que ha abogado por una mayor presión internacional, pero de nuevo advirtió que las sanciones por sí solas no generarán un cambio político en Venezuela ante el atrincheramiento del chavismo madurismo.
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