La Asamblea Nacional electa en las parlamentarias de 2015 condenó la decisión de Argentina de retirarse de la demanda contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, el organismo opositor aseguró que la medida del Gobierno de Alberto Fernández “no le va a quitar eficacia jurídica a la investigación que avanza”.
Williams Dávila, diputado electo en las parlamentarias de 2015, afirmó que el proceso en La Haya sigue su curso y que la decisión de Buenos Aires no quitará eficacia jurídica. En tal sentido, el dirigente consideró que la CPI es una “alternativa judicial valiosa e importante en materia de derecho internacional penal y derecho internacional de derechos humanos, porque hará justicia a los venezolanos”.
Por su parte, Richard Blanco, integrante de la Comisión de Justicia y Paz, reconoció que desconocen los motivos por lo que Argentina se retiró de la demanda. De igual forma, recordó que se mantiene el respaldo de Canadá, Chile, Colombia, Perú y Paraguay, después de varios informes sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
La Cancillería argentina explicó a la agencia de noticias EFE que la medida la tomaron cuando se retiraron del Grupo de Lima. “El 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él”, expuso una fuente diplomática del Gobierno de Fernández.
Decisión de Argentina ante la CPI “sorprende al mundo democrático”
Ramón López, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, afirmó que la decisión de Argentina “sorprende al mundo democrático”. Por lo tanto, puntualizó que se trata de una “afrenta” en contra de los venezolanos y evidencia una actitud complaciente por parte del Gobierno de Fernández.
Por su parte, Marco Quiñones criticó la posición de Argentina por “negar” a los venezolanos la “solidaridad” por las supuestas violaciones de derechos humanos.
Cabe destacar que José Miguel Vivanco, director en la Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), también analizó que la decisión del país sudamericano “no tiene ninguna influencia”. Para el defensor de derechos humanos, hay evidencias “sólidas y contundentes”, por lo que no tendrá “la más mínima trascendencia”.
El informe preliminar de la Fiscalía de la CPI afirmó que hay fundamentos razonables para considerar que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, el documento enumeró casos de tortura, violación u otras formas de violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, persecución de un grupo por motivos políticos y detenciones arbitrarias.
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