Cuerpos de seguridad enmascarados se apostaron frente a las barreras de concreto y metal dispuestas para mantener al público a raya. Desde una grúa amarilla colgaba un joven sin vida de 23 años, atado de manos y brazos. Majidreza Rahnavard había sido condenado a muerte menos de un mes después de su detención.
Se trataba de la segunda ejecución vinculada a las protestas antigubernamentales que comenzaron en el mes de septiembre en Irán. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han ejecutado a cientos de iraníes y realizado arrestos masivos. Grupos de derechos humanos afirman que al menos 470 manifestantes han muerto y las Naciones Unidas estiman que 18.000 personas han sido arrestadas.
Las protestas se iniciaron a finales de septiembre, luego de que Mahsa Amini, una joven iraní kurda de 22 años, fuera detenida por la “Policía de la Moral”, una fuerza represiva iraní encargada de vigilar el cumplimiento del código de vestimenta, y que generalmente se ocupa de hacer cumplir el uso del hiyab, el velo que utilizan las mujeres musulmanas para cubrir su cabello en presencia de personas ajenas a su familia, y que es de uso obligatorio para todas las mujeres en Irán.
Amini había ido de visita a la ciudad de Teherán con su familia, desde Saqqez, una ciudad en la provincia de Kurdistán. Se encontraba saliendo de una estación de metro con su hermano, cuando oficiales de la referida Policía de la Moral los abordaron y detuvieron a la joven Amini, por violar el código de vestimenta que dicta el uso obligatorio del hiyab.
La ley del código de vestimenta entró en vigencia en 1981, después de la llamada revolución islámica. Previamente, las políticas públicas sobre la vestimenta de las mujeres en Irán eran diametralmente opuestas a la regulación actual.
El monarca Reza Shah, que gobernó Irán desde 1925 hasta 1941, promovió una ley para forzar a las mujeres a remover el velo en público, inspirado en la visión de modernidad del presidente turco Kemal Atatürk. Entre 1941 y 1979, no existió ninguna ley que dictaminara la vestimenta de las mujeres en ese país, y solo algunas se cubrían la cabeza, en resistencia a la monarquía o por el estricto control de los miembros masculinos de su familia.
Pese a las súplicas de Amini porque les dejaran ir, alegando que eran visitantes en la ciudad, fue trasladada a un centro de detención, recibiendo una sesión de “reeducación” sobre el uso correcto del código de vestimenta.
Amini esperaba volver a su pueblo para trabajar en una tienda, con la esperanza de algún día ir a la universidad, pero la brutalidad de la Policía de la Moral truncó sus planes. Lo que debió ser una sesión rutinaria de “orientación islámica”, resultó en tortura. Reportes posteriores revelaron que el hermano de Amini, que esperaba afuera del centro de detención, escuchó gritos desde el interior del edificio y presenció la llegada de una ambulancia. Un testigo que salió del centro le dijo que las fuerzas de seguridad habían matado a una mujer adentro.
Amini permaneció dos horas en el centro de detención. A su salida, fue llevada de inmediato a un hospital, donde falleció dos días más tarde. Un comunicado de la policía dijo que Amini había colapsado a causa de un infarto, luego de recibir entrenamiento educativo sobre las reglas del “uso correcto” del hiyab. Pero fotos y videos que circularon en redes sociales, la mostraron inconsciente en una cama de hospital, entubada, con sangre saliendo de sus orejas y marcas de golpes en sus ojos.
Médicos iraníes sugirieron en redes sociales que pese a no tener acceso al archivo médico de la paciente, el sangramiento de las orejas de Amini era indicativo de una contusión cerebral por heridas en la cabeza.
La muerte de Mahsa Amini desencadenó una serie de protestas en decenas de ciudades iraníes. Con la participación notoria de un gran número de mujeres, los manifestantes se volcaron a las calles en una inusual demostración de rebeldía ante un gobierno represivo, criticando a los líderes de la república islámica y demandando el respeto a los derechos humanos. Las protestas, que en un principio fueron una respuesta a la muerte de Amini, se han mantenido por el descontento que existe en la población frente a otras problemáticas como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la injusticia y la corrupción.
Un kiosco en Teherán muestra titulares de la prensa iraní. Uno de los diarios reclama la detención de dos periodistas que ayudaron a publicar el caso de Mahsa Amini. Fotografía de Atta Kenare | AFP.
Los manifestantes toman las calles
La ejecución de Majidreza Rahnavard se produjo tres días después de que el Estado iraní llevara a cabo la sentencia de muerte contra Mohsen Shekari, el primer condenado vinculado a las protestas. Shekari fue sentenciado a muerte por “odio contra Dios”, y rápidamente ejecutado a las afuera de Teherán por presuntamente haber atacado con un machete a dos integrantes de Basij, una fuerza paramilitar formada por voluntarios, fundada por órdenes del ayatolá Jomeiní en noviembre de 1979. El Basij está subordinado a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El grupo activista 1500Tasvir, dedicado a documentar las protestas en Irán, sostiene que otras 43 personas corren riesgo de ser ejecutadas. Entre ellas se encuentra el futbolista Amir Nasr-Azadani, que debutó en 2014 en el Rah Ahan Yazdan de Teherán, uno de los clubes más antiguos del país. Se le acusa de pertenecer a un grupo implicado en la muerte de tres policías con armas de fuego.
El caso Nasr-Azadani ha copado los titulares del mundo. Notorios jugadores del fútbol iraní, como Alí Karimi o Mehdi Mahdevikia, pidieron la liberación del atleta. También la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), el colombiano Radamel Falcao y otras figuras como la cantante Shakira.
Esto es inaceptable. Todos con Amir Nasr-Azadani https://t.co/YuIfPx3tim
— Radamel Falcao (@FALCAO) December 13, 2022
Las ejecuciones públicas por ahorcamiento llevadas a cabo por el gobierno de Irán han sido repudiadas por instituciones intergubernamentales, grupos defensores de derechos humanos e incluso por teólogos iraníes y figuras clericales que cuestionan la validez de las sentencias por falta, entre otras cosas, del debido proceso judicial.
De acuerdo con grupos defensores de los derechos humanos, la ausencia del debido proceso ha marcado las ejecuciones vinculadas a las protestas: los dos acusados hasta ahora ejecutados fueron juzgados a puertas cerradas, con abogados asignados por el gobierno que no presentaron testigos para su defensa y sin la presencia de los familiares. La sentencia se aplicó además con confesiones obtenidas a través de métodos coercitivos.
La indignación ha alcanzado a los manifestantes, que han salido en grandes números a las calles con consignas desafiantes. Las mujeres se han quitado los velos y los han quemado en público. Se han paseado por las calles, frente a las fuerzas de seguridad, sin utilizar sus hiyabs, y muchas han asistido al colegio o abordado vuelos sin utilizar el velo, que es obligatorio en esos espacios. En distintas manifestaciones se han incendiado vans de la “Policía de la Moral”.
Videos posteados en redes sociales muestran a manifestantes coreando la consigna de “con cada muerto se levantarán mil”. Las rápidas sentencias de muerte que aparecieron como una medida dracónica para silenciar a los manifestantes no han hecho sino avivar el descontento popular.
Las manifestaciones piden reescribir las leyes del país, que por 43 años desde la caída del Sha y el ascenso de Ruhollah Jomeiní, exlíder supremo de Irán, han aplicado la ley de la Sharia, un código de conducta que determina todos los aspectos de la vida de los musulmanes, incluyendo el uso obligatorio del hiyab para las mujeres, un elemento que el mismo Jomeini llamó en su momento “la bandera de la revolución”.
Una mujer sin velo de pie sobre un vehículo durante una manifestación dirigida al cementerio Aichi en Saqez, donde vivía Mahsa Amini. Fotografía de AFP PHOTO | UGC IMAGE.
Irán pierde en los escenarios internacionales
Con una resolución respaldada por 29 estados, el pasado 14 de diciembre el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas expulsó a la república islámica del golfo pérsico de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, organismo encargado de proteger y promover los derechos de las mujeres en el mundo.
La resolución, que se enfrentó a la oposición de 8 estados y reportó 16 abstenciones, marca la primera vez en la historia del cuerpo intergubernamental en que un estado ha sido expulsado de la comisión.
Los miembros de la comisión decidieron sumarse al voto después de meses de lectura de testimonios y análisis de videos que demuestran el uso desmedido de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado iraní. En particular, citaron como argumentos el caso de Mesha Amini y también los casos de Nika Shakarami y Sarina Esmaeilzadeh, dos adolescentes de 16 años que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad mientras manifestaban pacíficamente en Irán.
También el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó acciones para ejercer presión sobre Irán: pautó la creación de una misión de investigación independiente que tendrá el objetivo de documentar las violaciones de derechos humanos en la nación chiita, una medida aplaudida por activistas iraníes que asistieron a la reunión del comité el pasado mes de noviembre.
En Alemania, la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, anunció que estaría preparando un paquete de sanciones para la república islámica, dirigido a los responsables de las ejecuciones, confesiones forzadas, y a miembros de la Guardia de la Revolución Islámica.
Una respuesta inesperada: abolición de la “Policía de la Moral”
A comienzos de diciembre, el procurador general del gobierno iraní, Mohammad Javad Montazeri, anunció la eliminación de la “Policía de la Moral», explicando que el cuerpo policial había sido desmantelado por decisión de las mismas autoridades que lo habían creado.
Montazeri también sugirió que el régimen persa está revisando la ley que obliga a las mujeres en Irán a utilizar el velo o hiyab. Sin embargo, destacó que el poder judicial seguirá supervisando el comportamiento de los ciudadanos a nivel comunitario.
Desde el comienzo de las protestas en septiembre, la “Policía de la Moral” desapareció de las calles, un hecho que provocó intriga sobre qué sucedería con esta rama de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en ausencia de los agentes del cuerpo, las milicias Basij se han encargado de hacer cumplir el código de vestimenta y han golpeado y arrestado a numerosas mujeres acusadas de desafiar la ley del hiyab.
El anuncio del desmantelamiento de la unidad policial marca la primera concesión por parte del gobierno de Irán al movimiento de los manifestantes, que hasta entonces sólo había recibido reprobación y violencia de parte de las autoridades. Si bien la noticia fue inicialmente celebrada, todavía es incierto el cambio pueda traer.
En una entrevista televisada por el canal de noticias estatal, el presidente de Iŕan, Ebrahim Raisi, dijo que ahora que la “Policía de la Moral” ha sido desmantelada, permitirá revisar y considerar “otros métodos y mecanismos” para implementar la ley del hiyab.
Por su parte, Ali Khan Mohammadi, portavoz del comité que supervisa la aplicación de las leyes de la moralidad en Irán, aseguró que estaban considerando ”métodos más nuevos y actualizados” para hacer cumplir las leyes.
La abolición podría haber hecho la diferencia con respecto a las demandas iniciales de los manifestantes, pero tres meses después, con un creciente número de muertos y personas privadas de libertad, grupos de derechos humanos la han considerado una medida desesperada del gobierno para hacer sombra al clamor de la población por justicia y respeto a los derechos humanos.
En una columna publicada recientemente en la revista The Economist, Shirin Ebadi, abogada y premio Nobel de la paz por su labor en defensa de personas perseguidas por el Estado iraní, escribió que pese a que el pueblo está cansado de la tiranía teocrática, las autoridades en Irán aún emplean métodos despiadados para aferrarse al poder: golpean y arrestan estudiantes que protestan dentro de sus colegios, piden al personal médico que identifique a los manifestantes que reciben atención médica para apresarlos, y si se niegan, arrestan también a los facultativos.
Los abogados no tienen la libertad de defender a clientes acusados por cargos políticos, ya que la ley iraní sólo permite al acusado acudir a un abogado luego de que ya ha sido interrogado y se ha alcanzado un veredicto. Dos periodistas que reportaron sobre el caso de Mahsa Amini aún permanecen en prisión bajo cargos de espionaje.
Pese a la ausencia de justicia, Ebadi considera que la particularidad de estas manifestaciones es que están compuestas por una franja grande de la sociedad con un objetivo en común: derrocar al régimen actual. Las protestas no se han desvanecido ni han logrado ser mermadas por el régimen.
“Las mujeres han estado al frente de todas las protestas que hemos tenido desde la revolución. Pero esta vez es diferente. Los hombres han entendido que la democracia sólo llegará a Irán si las mujeres tienen éxito”, escribió Ebadi. “Confío en que pronto seamos testigos de grandes cambios en Irán. Y un cambio en el gobierno de Irán cambiará por completo el Medio Oriente para mejor”.
