La decisión de exdiputados opositores de extender las funciones del Parlamento de 2015 en Venezuela, desató críticas dentro de la propia oposición. El gobierno de Nicolás Maduro prometió represalias para el grupo que insiste en mantener competencias a través de la Ley Simón Bolívar.
Un grupo de exdiputados opositores, en el exilio, aprobó extender las funciones del Parlamento de 2015 (AN-2015), elegido en Venezuela hace casi una década, cuyo periodo venció en 2021 y que en la práctica no legisla. El anuncio desató críticas dentro de la propia oposición. Mientras que el chavismo gobernante prometió represalias a través de la Ley Simón Bolívar.
A partir del 5 de enero, la AN-2015 extenderá su función por un año más. La información se desprendió de una carta enviada por la directiva de la Comisión de la AN-2015 al jefe de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, que fue compartida en redes sociales por la prensa local.
Dinorah Figuera, que preside desde España la Comisión delegada de la AN-2015 y que defiende su continuidad al denunciar como un fraude los comicios parlamentarios de 2020, no ha respondido a los pedidos de comentarios solicitados por la Voz de América al momento de publicación.
En todo caso, la Comisión de la AN-2015 insiste en que debe mantener las funciones “con el objeto de continuar luchando por el restablecimiento de la democracia, apoyar la toma de posesión de la Presidencia de la República por el candidato ganador de las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia”, según el documento, fechado el 19 de diciembre.
El presidente Nicolás Maduro se aproxima el 10 de enero a jurar ante el Parlamento en funciones, de mayoría oficialista, para un tercer periodo presidencial en medio de cuestionamientos a su reelección, y en momento en que el excandidato opositor González Urrutia, exiliado en España y que reclama su victoria, aspira regresar al país para tomar posesión.
La AN-2015, según el documento, promulgó además una “Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital”, que estará activa por un período de 12 meses a partir del 5 de enero de 2025.
Maduro: “descocados”
El jueves, Maduro dijo que lo que busca la Comisión de la AN-2015 es “robarse los activos de Venezuela (…) a través de una Asamblea que no existe”.
“Por ahí hay unos descocados, unos troncos de locos, que dicen que la Asamblea Nacional que se eligió en 2015 todavía está vigente (…). Esa supuesta Asamblea Nacional de Guaidó, que ahora la preside una tal Dinorah Figuera, que vive en España, se aumentaron el sueldo al 40 %, creo que perciben ahora 10.000 dólares cada uno mensual, incluyendo a Guaidó”, dijo Maduro, en una transmisión por el canal estatal VTV, junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Maduro asomó la posibilidad de pedir a España la extradición de Figuera, “para que le dé la cara a la justicia”.
A juicio de Maduro deben ser juzgados porque “le está robando Citgo, el oro de Londres, a Venezuela”.
De cualquier forma, Figuera ya se enfrenta, junto a las otras dos integrantes de la Comisión, a una orden de captura por los presuntos delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
La comisión de la AN-2015 es aún reconocida por Estados Unidos y el Reino Unido como única institución legítima en Venezuela, ante los cuestionados comicios parlamentarios del año 2020, que no reconocen y donde el chavismo recuperó el control.
Sin embargo, la AN-2015 dejó de ser un actor relevante en el país luego de que la oposición puso fin al gobierno interino de Juan Guaidó, hoy exiliado en Estados Unidos.
El 30 de diciembre de 2022, cuando la oposición terminó con el interinato que buscó, sin éxito, el “cese a la usurpación” del gobierno de Maduro, también se consideró como el fin del Parlamento de 2015. Al efecto, se creó una comisión orientada a defender los activos del país en el exterior, que preside Figuera.
“El capítulo de la AN 2015 debe terminar”
Para Guaidó, que lideró la figura del fracasado gobierno interino (2019-2022), no existen medias tintas. Lo dice ante las críticas de otros opositores a la continuidad de la AN-2015.
“Usted decide, reconoce a la Asamblea (2015) que ha resistido y denunciado a la dictadura en todo el mundo o reconoce a Maduro y Jorge Rodríguez. Sencillo, todo lo demás son chantajes narrativos y extorsión de la dictadura”, escribió en X.
Ustede decide, reconoce a la asamblea (2015) que ha resistido y denunciado a la dictadura en todo el mundo o reconoce a Maduro y Jorge Rodríguez.
Sencillo, todo lo demás son chantajes narrativos y extorsión de la dictadura.
— Juan Guaidó (@jguaido) December 23, 2024
Marialbert Barrios, exdiputada opositora, dijo el jueves en la red social X: “el capítulo de la AN-2015 debe terminar”.
A su juicio, a la oposición “lo que le toca es reafirmar el compromiso con Venezuela apostando a estrategias que respondan a los retos actuales y a la transformación del conflicto que atravesamos para lograr el progreso y la paz del país”.
En la misma línea está Henry Ramos Allup, expresidente del Parlamento. “La AN 2015 fue elegida el 6 de diciembre de 2015, su período de vigencia comenzó el 5 de enero de 2016, finalizó el 5 de enero de 2021 y pese a todos los acosos cumplió de la mejor manera posible. Ahora la prioridad es la libertad de todos los presos políticos”, publicó en X.
Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, instó a “cerrar el ciclo” de la AN-2015, que considera enfrentó obstáculos importantes durante su gestión. “Coincido con quienes consideran que ese ciclo debe cerrarse y enfocarnos en la liberación de los presos políticos”, afirmó en una rueda de prensa.
Ni la líder de la oposición María Corina Machado, ni el excandidato González Urrutia se han referido recientemente al tema.
Represalias
En tanto, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista pidió a la Fiscalía aplicar la Ley Simón Bolívar a Figuera y a las opositoras Marielena Fernández y Auristela Vásquez, también de la Comisión de la AN-2015. Las tres viven en el extranjero.
“Esto conforma un crimen en la Ley Libertador Simón Bolívar, puesto que están solicitándole a un funcionario de un gobierno extranjero que utilice dinero que les pertenece a los venezolanos (…) Es un crimen y por eso solicito el apoyo de los miembros de la Comisión Delegada para que pueda comunicarme ante el fiscal general y aplique de manera inmediata la Ley Libertador Simón Bolívar”, aseguró.
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