La Constitución de Venezuela, impulsada por el expresidente Hugo Chávez en 1999 “para refundar la República”, aprobada en referendo, fue bautizada por el propio mandatario como la “bicha”.
El líder de la llamada “revolución” intentó reformarla sin éxito en 2007, pero logró colar una enmienda en 2009 con la reelección indefinida. 15 años después, el sucesor Nicolás Maduro ha planteado hacer grandes cambios para, asegura, “que haya más democracia en Venezuela”. Esto, pese a que el 10 de enero se juramentó en el cargo de presidente sin haber mostrado las pruebas de su reelección el 28 de julio.
¿Qué se propone Maduro? Entre otras razones, el politólogo, Piero Trepiccione afirma que “más poder”, siguiendo esquemas de Vladimir Putin en Rusia y Daniel Ortega en Nicaragua. El chavismo disidente teme más obstáculos al ejercicio de los derechos políticos en Venezuela.
Objetivo estratégico
“Es un objetivo estratégico que no conocemos públicamente pero muy probablemente apunta a orientar la participación política, exclusivamente hacia los actores políticos y partidistas que comulguen con la actual administración del Estado venezolano. Aunque se trate de vender una reforma que garantice pluralismo, es un pluralismo conveniente, en el que participan solo los actores que a mi me interesan y no los que representan visiones diferentes de la sociedad”, advirtió Trepiccione.
Fue más allá, el politólogo considera que en dicha estrategia, Maduro busca llevar la participación política a un “terreno de restricciones”, además de la “repotenciación” del “Estado comunal” como un mecanismo “cooptativo” en cuanto a los tipos de elecciones que apunten a dicho pluralismo conveniente (escoge a la oposición que se quiere o convenga que participe) y no real.
Fue el pasado 20 de diciembre, cuando Maduro asomó sus intenciones de reformar la Constitución. Durante una alocución dijo que había conformado un equipo con “grandes asesores” nacionales e internacionales para pensar en los cambios. Aseguró que su propósito era “democratizar” aún más a la sociedad venezolana y “empoderar al ciudadano”.
“La reforma persigue limitar los derechos políticos. Al hacerlo, la tiranía se entroniza. El objetivo es amoldar la Constitución a intereses individuales, no a un proyecto de país y obstaculizar el ejercicio de los derechos, especialmente para los opositores políticos”, expresó un exfuncionario de los gobiernos de Chávez y Maduro, que prefirió omitir su nombre para esta nota.
Tras la toma de posesión del 10 de enero, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya mostrado las actas de votación que prueban un triunfo del candidato del partido rojo, Psuv, la líder opositora Maria Corina Machado y el excandidato presidencial, Edmundo Gonzalez, señalaron a Maduro de “coronarse como dictador” y propinar un golpe de estado en Venezuela, al desconocer la voluntad popular el 28 de julio.
Maduro asegura querer profundizar la democracia con el pueblo como principal protagonista, pero analistas políticos como Luis Toty Medina Gil, temen una mayor “aniquilación” de libertades y derechos civiles durante un tercer periodo de gobierno.
“No hay condiciones”
Al tomar posesión del cargo de jefe de Estado, Maduro reiteró sus intenciones de reforma constitucional y convocó a un «gran diálogo nacional» para «mejorar» la Carta Magna. Dijo que su primer decreto será para iniciar dicho proceso, algo que no ha ocurrido y prometió, como «disposición» a escuchar, que será entre todos los sectores para entregar un proyecto de los cambios al Parlamento de 2020.
Al plantearse grandes modificaciones a la Carta Magna, Trepiccione subraya que el texto fundamental de un país es un documento consensuado y por lo tanto goza de legitimidad, que establece líneas maestras de acción y de regulación del funcionamiento de los órganos públicos en general para la sociedad.
Enfatizó que una reforma constitucional requiere ser discutida, analizada, debatida y “por sobre todas las cosas” establecer los consensos necesarios. A diferencia de las elecciones para cargos públicos, recalcó, no se trata de ganar por un número de votos, por lo que es importante la aprobación ampliamente mayoritaria de la población.
“No es una cosa que se puede despachar de la noche a la mañana, imponiendo una mayoría relativa. Es la mayor preocupación sobre este tema porque pareciera que no hay condiciones para abrir un debate serio, de altura que involucre a todos los actores del país para gozar de ese consenso necesario”, agregó Trepiccione.
Un tema de poder
Maduro ha sido señalado de ir eliminando progresivamente elementos que han identificado la imagen de Chavez, tales como el color rojo de su vestimenta, algo característico de su última campaña electoral y su programa de televisión. Igual suerte han corrido los “ojos de Chávez” en espacios públicos.
Sin dejar de mencionar la vuelta de los casinos, actividad que el líder fallecido tanto condenó o la reversión del proceso de expropiaciones. Antiguos aliados como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) afirman que el “hijo de Chávez” abandonó el carácter social del gobierno que lo antecedió para convertirse en un régimen neoliberal.
Ahora un tercer mandato de Maduro solo sostenido por la Fuerza Armada y poderes públicos alineados, va por el principal proyecto del llamado por sus seguidores “comandante eterno”: la Constitución.
“Es un tema de poder. La Constitución es un consenso, pero cuando la realpolitik le impone a quien tiene el poder una circunstancia particular, tope y no tiene un dominio claro y contundente de la voluntad popular, entonces reajusta la Constitución a la realidad política actual y trata de afianzar el modelo político, garantizar una irreversibilidad”, expresó Trepiccione.
Sostuvo que pese a la reelección indefinida, la Carta Magna garantiza la alternabilidad en el poder y el pluralismo político, algo que ante la carencia de legitimidad y apoyo popular, Maduro necesita cambiar y por ello recurre a otros mecanismos porque se el texto fundamental actual se ha convertido en una “camisa de fuerza”.
A imagen y semejanza
Trepiccione resaltó que tal mecanismo ha sido aplicado por Putin en Rusia y Ortega de Nicaragua, aliados de Miraflores, quienes han hecho cambios constitucionales de acuerdos a sus deseos y necesidades, para perpetuarse en el poder.
En octubre de 2024, Ortega aprobó vía parlamentaria, una reforma profunda a la Constitución que sometió a todos los poderes del Estado al control del Ejecutivo, amplió el período presidencial a seis años y creó las figuras de co-presidente y co-presidenta, aumentando el poder de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega.
En 2021, Putin firmó una ley, como parte de una reforma constitucional, que le permitiría seguir en el cargo de presidente hasta 2036, apoyado en una votación popular realizada un año antes, en la que resultó favorecido por la población rusa. Esto, en un contexto de persecución a la oposición política.
“Maduro y su séquito asesinaron el proyecto de Chávez hace años. Ellos no se mueven por principios, sino por intereses. Si fueron capaces de desconocer la abrumadora victoria del embajador (Edmundo) González, se puede esperar cualquier cosa”, fustigó el exfuncionario que prefirió el anonimato.
A su juicio, Maduro y su entorno también imitan al régimen cubano en el sentido de arreciar la represión y cercenar derechos civiles, usando como “excusa” las sanciones internacionales.
“Las sanciones se volvieron sus aliadas. Aprendieron de Cuba que ha hecho de las sanciones el elemento fundamental de su victimización”, agregó.
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