Así como se supo de una supuesta venta de Monómeros, activo venezolano en Colombia, por el presidente Gustavo Petro, también se supo a través de un tercero —Conindustria— que el Ejecutivo Nacional adelanta un plan de privatización de entre 500 y 600 empresas públicas.
Recientemente, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, Luigi Pisella, reveló, basado en conversaciones con el gobierno nacional, que 350 de esas empresas ya estarían listas para ser transferidas a la administración de inversionistas, con prioridad para los capitales nacionales.
Pisella explicó, sin mencionar nombres de empresas o industrias, que la privatización podría ser completa en algunos casos y en otras convertirse en empresas mixtas (alianza pública y privada). Calificó el proceso como “positivo” porque las empresas pasarían a manos de “gente con experiencia y capacidad de gestión”.
Para economistas consultados por Efecto Cocuyo, la ola privatizadora busca “deshacerse” de empresas “quebradas” – se desconoce cuántas fueron expropiadas durante los dos mandatos de Hugo Chávez – y un alivio fiscal para el Ejecutivo, al ahorrarse gastos y procurar recursos ante la difícil situación financiera, derivada de malas políticas económicas y de las sanciones internacionales por violación de derechos humanos y corrupción. Tampoco se descarta el factor político: sumar “simpatías” del empresariado local.
También expresan dudas sobre la transparencia del proceso debido a la opacidad con la que se maneja el Ejecutivo, amparado en la ley antibloqueo, para no informar sobre los detalles, así como tampoco ha confirmado ni desmentido la venta de la empresa de fertilizantes colombo venezolana, Monómeros.
“Lastres fiscales”
“Los motivos de privatización pueden ser varios. Uno de ellos, quitarle mayor peso a la administración pública porque muchas de estas empresas pueden ser lastres fiscales. Habría que ver cuántas fueron expropiadas por el Estado venezolano. Puede haber un abanico desde la industria pesada grande, como las empresas básicas de Guayana, hasta oficinas, pero el punto es que tienen un peso fiscal sustancial y mantener la nómina y sus operaciones cuesta”, señaló el economista y científico de datos, Giorgio Cunto.
Apuntó que el balance en cuanto a rentabilidad y eficiencia en el funcionamiento de dichas empresas es “bastante bajo”, por lo que muchas no están operando a su máxima capacidad y por lo tanto su capacidad productiva no aporta mucho al fisco. Es el caso, dijo, de las industrias básicas en el estado Bolívar.
Pisella mencionó por ejemplo, que Maduro le mostró un proyecto referido a una ampliación de la Siderúrgica en Guayana, con la incorporación de equipos modernos para incrementar su capacidad de producción en 1.250 millones de toneladas métricas anuales de acero.
“Esa intención de privatizar o reprivatizar porque eran empresas privadas que fueron estatizadas, obedece a una sola situación y es que esas empresas todas están quebradas, todas, porque si estuvieran dando ganancias al fisco, con resultados financieramente favorables, no las vendieran porque estarían renunciando a ingresos”, coincidió el economista y diputado de 2015, Jose Guerra.
¿Es un proceso viable?
Los economistas señalan que antes de hablar de privatización, debe haber una evaluación financiera de las empresas. Esto es capital invertido, instalaciones, capacidad actual y futura de producción, para saber su valor y luego establecer el método para ofrecerlas a los privados, puesto que el gobierno también habló de colocar acciones en la Bolsa.
El economista Francisco Monaldi advirtió que muchas de las empresas nacionalizadas por el gobierno de Chavez no son “privatizables” en este momento porque no cuentan con contabilidad bien llevada, no han sido auditadas ni “diseñadas para ser empresas rentables”, por lo que requerirían de una inyección de capital importante para reestructurarlas y poder privatizarlas de manera organizada.
El experto en economía energética advirtió que empresas altamente reguladas, como las telefónicas o eléctricas, no pueden ser privatizadas sin antes cambiar el marco regulatorio y crear condiciones para que el proceso sea rentable.
“Lo otro sería entregarle esas empresas a amigos del gobierno y eso no va a funcionar así”, advirtió Guerra.
«Tenemos que hacer el levantamiento de cada empresa. En algunos recorridos que hemos hecho, de manera puntual, en muchos de los casos el mantenimiento se ha hecho y por eso es que de 600 que podrían salir a oferta, ya están listas 350. Presumo que estas 350 son las que ya están más o menos en condiciones adecuadas para colocarse en el mercado», argumentó el presidente de Conindustria.
Efecto Cocuyo intentó conversar con Pisella para ampliar información sobre el listado de empresas, pero el gremialista no respondió al mensaje enviado.
¿Chávez expropió y Maduro devuelve?
De acuerdo con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), sólo entre el 2005 y 2010, en plena era de Chavez, las expropiaciones sumaron 1,167 empresas. De este total, 256 compañías operaban en el sector de alimentos, 155 en comercio y 78 en el petrolero. También consumó la nacionalización de empresas como Cantv y Electricidad de Caracas.
‘En un país en que el Estado se expandió brutalmente en la época de Chávez y ha llevado a la quiebra de miles de empresas, es positivo que se piense en privatizar buena parte, pero dicho esto, hay que cualificarlo con cuidado, porque en primer lugar, muchas de ellas, fueron expropiadas y en algunos casos sus dueños no fueron compensados. En cualquier país razonable se estaría estudiando la manera de compensar a esa gente o devolverle sus empresas”, señaló Monaldi.
Para Guerra, lo interesante es ver quién se atreve en momentos de gran incertidumbre política, a comprarle al Estado una empresa e invertir millones de dólares ante la dificultad de operar internacionalmente o acceder a créditos, debido a las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro. Ello, alertó, crea un poco de perturbación en el proceso privatizador.
El gobierno se ampara en la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y avalada por la Asamblea Nacional de 2020. Faculta al gobierno a tomar las medidas necesarias para enfrentar las sanciones internacionales por violaciones de derechos humanos, socavar la democracia y corrupción, impuestas por países como Estados Unidos.
En la normativa se declaran procedimientos, actos y registros como secretos y reservados según el artículo 37, como parte de un régimen transitorio destinado a proteger la “efectividad” de las decisiones del Ejecutivo, lo cual no genera a juicio de expertos, un clima de confianza para las inversiones y atenta contra la transparencia que debe regir el proceso.
Ello, sumado al hecho de que el proceso privatizador que incluiría a Monómeros, lo coordina el ministro de Industrias y Producción Nacional, designado por Maduro en octubre, Alex Saab, quien estuvo preso por dos años entre Cabo Verde y Estados Unidos. En este último país, lo acusó el Departamento de Justicia de cargos por supuesto lavado de dinero, pero en un canje de prisioneros en diciembre de 2023, obtuvo la libertad y llegó a Venezuela.
El factor político
De cara al 10 de enero, cuando Maduro se propone juramentarse ante la AN de 2020, para un tercer mandato, sin haber demostrado el Poder Electoral que el gobernante ganó las elecciones, se espera un endurecimiento de sanciones internacionales, por lo que el gobierno busca en un sector del empresariado nacional un salvavidas económico que le permita mantenerse a flote.
La cúpula Fedecámaras ha atendido los llamados a diálogo de Maduro y junto a Conindustria y Fedeindustria han hecho frente común contra las sanciones internacionales que afectan la economía. Estos sectores son criticados por no demandar al Ejecutivo el cese de las violaciones de derechos humanos que han dado origen a las medidas restrictivas.
De acuerdo con Picella, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también les habló de la disposición del Ejecutivo de involucrar a inversionistas nacionales en proyectos de producción petrolera y gasífera.
Monaldi recordó que este esquema existe en países con regímenes autoritarios como Rusia en los que termina habiendo un sector privado políticamente vinculado al gobierno o “una oligarquía vinculada al gobierno con objetivos más que económicos, políticos”.
“Obviamente uno tiene que tener un gran escepticismo sobre esta iniciativa porque no están dadas las condiciones para hacer eso y lo que pareciera más es una combinación de tratar de convencer a parte del sector privado de que reconozca a la presidencia de Maduro, que obviamente es ilegítima y en otro sentido, entregar a los empresarios cercanos al régimen, empresas para que lo sigan apoyando vía económica”, dijo.
Cunto coincidió en que cederles las empresas a privados que se alineen del lado del gobierno, no es garantía de que vayan a ser rentables a corto o mediano plazo y tampoco es suficiente para generar un entorno de inversiones confiable.
“Uno de los problemas que ha tenido la apertura económica en los últimos años ha sido que el ajuste del marco institucional sigue siendo muy deficiente y también incierto. Hay leyes, resoluciones, inhibidoras de la inversión y la actividad económica en general, hay mucho que revisar. El Estado tiene mucha discrecionalidad lo que no es un incentivo para los inversionistas, además de la falta de información oficial”, acotó.
Por las mismas razones, sostiene Guerra, podría el gobierno, de la mano de Saab, estar tratando de salir de Monómeros, segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, para compensar los recursos que le serán negados por las sanciones.
“Está desesperado en buscar caja porque no tiene reservas internacionales para defender el tipo de cambio, no tiene cómo controlar un gasto que no sea financiado por el BCV y eso le está causando problemas inflacionarios, por lo tanto apela a cualquier tipo de instrumento, rematando los activos nacionales, pese a haber criticado privatizaciones anteriores”, cuestionó.
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