Para Marino Alvarado, miembro de Provea, y Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, la firma del embajador de carrera, Edmundo González Urrutia, en un documento donde supuestamente reconoce la sentencia 31 del TSJ no tiene validez si la rúbrica se obtuvo bajo coacción.
“Al ser firmado bajo coacción no tiene validez. El mismo proceder de Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) que muestra fotos y video de Edmundo en la embajada española demuestra cómo el Estado usa su poder para intimidar a un ciudadano. Cualquier contrato o cualquier firma que uno haga bajo coacción no tiene validez. El mismo video indica que se hizo bajo coacción”, analizó la abogada Louza durante una nueva edición de Con la Luz.
Para Alvarado, la decisión de Miraflores de difundir el documento de González Urrutia —que tampoco considera válido— forma parte de una estrategia del gobierno para distraer a los venezolanos de “lo fundamental”. “Eso es que hay un pueblo que salió el 28 de julio a votar y le dio una lección al poder”, señaló.
“Así como no tiene validez una sentencia inconstitucional y que bien se va a impugnar. Tampoco tiene validez un video en el que se coacciona a firmar a una persona, así como se pretendió hacer con los adolescentes, torturarlos y coaccionarlos para que se inculpen”, detalló Alvarado.
El integrante de Provea además indicó que el exilio de González Urrutia demuestra que “la represión en Venezuela es de tal magnitud que se obligó a un presidente electo a salir del país”.
Alvarado explicó que esta situación es algo que reiteradamente han venido denunciando las organizaciones de derechos humanos que hacen vida en el país. “En Venezuela, el gobierno de Maduro está demostrando que no quiere cumplir el acuerdo de complementariedad que suscribió con la oficina de la CPI”, sentenció.
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