Se trata de los fundamentos de uno de los instrumentos interamericanos más completos, promulgado, primordialmente, para la promoción y reforzamiento de la cultura democrática entre los Estados de las Américas, a fin de que la democracia se constituya en un elemento imprescindible en la coexistencia o convivencia entre los Estados, asi como en un eje inspirador, y condición inobjetable de cooperación e integración en el ámbito internacional; es, extraordinariamente, una tendencia evidente, que bien podríamos llamar el “Derecho internacional de la democracia y los derechos del hombre”, aunque no existe en la sociedad contemporánea principio democrático alguno que haya alcanzado el grado de estructural en el orden jurídico internacional, la democracia se deja sentir, de manera notable, en el seno del ordenamiento jurídico internacional y conforma parte esencial de las relaciones internacionales de los siglos XX y XXI, pues América ha sido, tradicionalmente, una de las regiones que ha apostado con vigor por el ejercicio del principio democrático, y su estimación como normativa jurídica en el orden internacional.
En efecto, la Carta Democrática Interamericana, sancionada en una Asamblea General Extraordinaria de la OEA, llevada a cabo en Lima, el 11/9/2001, aborda el desarrollo de la democracia representativa como indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, mediante la promoción y consolidación de la misma dentro del respeto al principio de no intervención, sin obviar los aportes de esta y de otros mecanismos regionales y subregionales a favor de la democracia en las Américas.
No obstante, aun ante el principio indicado de no injerencia, se adoptó una cláusula democrática, muy pertinente, y establece que “cualquier alteración por ruptura constitucional del orden democtático en algún Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación de ese gobierno en el proceso de Cumbres de las Américas”; tal es el caso que han venido ostentando, consuetudinaria y zafiamente, los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, razón por la cual han sido impedidos de asistir al encuentro de referencia (antidemocráticos, según EEUU) y sin que ello implique injerencia alguna en sus asuntos internos, tal y como hemos expresado.
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