El partido opositor Primero Justicia (PJ) exigió este martes que se haga justicia, al cumplirse seis años de la muerte del concejal Fernando Albán mientras estaba preso, un hecho por el que condenaron a dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.
«No descansaremos hasta lograr justicia por su muerte y por la de todos los venezolanos que han muerto, han sido detenidos y torturados injustamente en manos del régimen madurista», señaló el partido en una publicación en X.
PJ sostuvo que Albán fue «torturado cruelmente» mientras estuvo detenido y «así quedó denunciado ante organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas».
«Fernando fue un luchador social, entregado al trabajo dentro de las comunidades más necesitadas y con un ferviente espíritu democrático que solo deseaba lo que la gran mayoría anhela en Venezuela: la libertad del país», añadió.
Qué dijo el gobierno por muerte de Albán
En diciembre de 2021, el fiscal general de Venezuela designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó que dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco y diez años de prisión, respectivamente, por el homicidio de Albán, quien falleció en prisión al caer de un décimo piso. La Fiscalía y el gobierno de Nicolás Maduro dijeron que fue un «suicidio», mientras que PJ y el resto de la oposición dudó de esa versión y denunciaron que se cometió un homicidio.
Fernando Albán murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin de Plaza Venezuela, en Caracas, donde permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones, contra Nicolás Maduro.
Saab detalló que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán, cuya posterior investigación dio lugar a la condena de los dos funcionarios, un dictamen que PJ considera insufiente.
El caso del concejal se encuentra detallado en un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
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