A siete meses (25 de mayo) para que se venza el periodo de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto la ejecución de los comicios en los que se elegirán gobernadores, Consejos Legislativos y parlamentarios.
El actual proceso, marcado por la opacidad en las decisiones y actividades del CNE, tiene algunas similitudes con las elecciones de la AN de 2020. La más visible es la existencia de partidos políticos intervenidos y tarjetas electorales confiscadas; la decisión de buena parte de la oposición mayoritaria de no acudir a las urnas por falta de garantías democráticas y la extensión del Parlamento de 2015.
También algunas diferencias como el hecho de que parte de los adversarios de la gestión de Nicolás Maduro, caso Un Nuevo Tiempo (UNT), Movimiento por Venezuela (MPV), Centrados y una facción de Primero Justicia con Henrique Capriles a la cabeza, pueden concretar una participación electoral aun al costo de una posible gran abstención.
Analistas consultados por Efecto Cocuyo subrayan que el tema de las garantías democráticas se agravó desde 2020 por las elecciones presidenciales de 2024 que hubo en el medio y que derivó en una mayor radicalización del chavismo, al punto de entrar a un sistema de gobierno cuyo origen no es el voto popular.
Sin garantías
“Vamos a llegar a las elecciones de 2025 sin garantías. Hay un sentimiento que se ha generalizado en el país, es la incertidumbre y este proceso electoral estará lleno de eso. Hay opiniones según las cuales se debe participar a pesar de la falta de garantías, pero ocurre que hay un convencimiento colectivo de que hubo un fraude muy grande el 28 de julio y la gran electora de ese proceso y que lo sigue siendo, Machado, llama a la abstención. Ante eso es muy difícil que la gente salga a votar masivamente”, sostiene el politólogo Santiago Rodriguez.
El consultor político Ricardo Ríos coincide y subraya que luego del 28 de julio, el país pasó a estar de un “autoritarismo competitivo” a uno “cerrado”. Señala que el empeoramiento de las condiciones no solo giran alrededor de la jornada de votación en sí, sino por el impacto, la efectividad y la utilidad de las instituciones que se quieren elegir, en este caso la AN y las gobernaciones.
“Las condiciones electorales son mucho más precarias que las de 2020 y mucho peores que las de 2015. Aunado a ello, uno de los pocos opositores que logró un escaño en la AN actual fue el PCV y nunca se le permitió ejercer el derecho de palabra, mucho menos pactar alguna iniciativa legislativa y pareciera que fue desplazado del escaño”, expresó el presidente de la firma consultora Poder y Estrategia.
Persiste la intervención de partidos políticos
A seis meses de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, con la AN de 2015 con mayoría opositora con las manos atadas en cuanto a sus competencias -incluso perdió el control del Palacio Legislativo con una directiva paralela impuesta- el poder político en Miraflores jugó duro con otra carta e inició intervenciones judiciales en seguidilla de partidos políticos, tanto de oposición como exiliados en el Gran Polo Patriótico (GPP).
Entre junio y agosto de 2020 fueron desplazadas, mediante sucesivas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las directivas de los partidos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Patria Para Todos (PPT), Movimiento Tupamaro, Bandera Roja, Nuvipa, Compa y Min-Unidad e impuestos dirigentes aliados al gobierno de Maduro.
El partido Copei había sido intervenido desde 2019 y desde antes, otras organizaciones como el Movimiento Electoral del Pueblo, MEP (2015) y Podemos (2012). Las tarjetas de los exaliados del GGPP, en control pasaron a postular las candidaturas del chavismo desde entonces, mientras que las de la oposición, las candidaturas de disidentes de esas organizaciones políticas.
En la ruta hacia las presidenciales, agosto de 2023, el TSJ completó con la intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV) que representó la única tarjeta con la que el chavismo disidente pudo postular en 2020 y las regionales de 2021. Para las presidenciales del 28 de julio, la directiva impuesta, presidida por Henry Parra, postuló la candidatura de Maduro y estará dentro del GPP para el evento electoral del 25 de mayo.
El PCV anunció su decisión de no llamar a votar en las regionales y las parlamentarias por falta de garantías democráticas y el “fraude electoral” consumado el 28 de julio y de haber querido no hubiese podido por falta de opciones. Organizaciones como Izquierda Unida señalan que para el actual proceso electoral, el CNE hizo casi imposible la constitución de grupos de electores y postulaciones por iniciativa propia con lapsos insuficientes para recoger firmas y entregar recaudos.
Vale acotar que buena parte de la dirigencia política opositora está en la actualidad en el exilio, huyendo de la persecución política, inhabilitada para optar por cargos públicos o encarcelada.
Oposición dividida
Ante la coyuntura de mantener la vigencia de la AN de 2015 a través de una Comisión Delegada, que diera sustento al gobierno interino designado en 2019, con Juan Guaidó a la cabeza, la oposición mayoritaria estuvo de acuerdo con no participar en las parlamentarias de 2020.
Ocurrió lo esperado, ante la ausencia de la oposición mayoritaria, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) “arrasó” en las votaciones con 256 diputados, frente a sólo 20 de la “oposición aliada” y un diputado (con su suplente) del PCV. La abstención rondó casi 70%.
Para las parlamentarias de 2025, pesa el llamado de la líder opositora María Corina Machado a no avalar ningún proceso electoral hasta que entre en vigor la voluntad popular del 28 de julio, a favor de Edmundo Gonzalez Urrutia. De acuerdo con la encuestadora Meganálisis, 82,5% de los venezolanos no votaría el 25 de mayo.
“Apenas 19% manifiesta que definitivamente sí van a votar. Para que se tenga una idea, en julio de 2024, esa proporción llegó a 82%”, apuntó Ríos.
Pese a la línea, dos partidos de la Plataforma Unitaria Democrática y parte de un tercero, han mostrado su disposición a postular candidaturas en los comicios y llamar a votar para no “abandonar espacios” y como un “acto de resistencia”. Es el caso de UNT con Manuel Rosales, aspirante a la reelección en la Gobernación del Zulia, MPV y una facción de PJ con Capriles.
Centrados, que postuló la candidatura presidencial del exvicepresidente del CNE, Enrique Márquez (detenido desde inicios de 2025), también decidió participar “en defensa del voto y la Constitución”.
Estaría por verse si el CNE mantiene la vigencia de las tarjetas de UNT, MPV y Centrados e incluso la de la MUD, hasta donde deja correr las candidaturas que presenten y si se respetaran eventuales triunfos. Pero de concretarse la participación, la oposición se presentará a dichos comicios dividida, a diferencia de la posición de 2020.
A juicio de Rodríguez, profesor de Marketing Político de la Universidad de Carabobo, pese a que se señala a dicho sector de querer “cohabitar con el gobierno”, no deben desestimarse los esfuerzos por querer persistir con la herramienta del voto, en la búsqueda de nuevas oportunidades o rutas, luego del 28 de julio.
“Pese a ello es muy posible que haya una gran abstención que favorece al gobierno porque tiene la mayor capacidad para movilizar, sumado a partidos políticos desarticulados (sin tarjetas), los testigos electorales con miedo, intimidación, será un proceso electoral complicado en ese sentido”, dijo .
¿Persistirá la dualidad en el Poder Legislativo?
Extraoficialmente se conoció que en “sesión secreta” del 14 de diciembre de 2024, la Comisión Delegada Legislativa presidida por Dinorah Figuera (PJ), que declara la extensión del Parlamento de 2015, aprobó mantenerse vigente durante 2025.
Reconocida por países como Estados Unidos y el Reino Unido, mantiene el control sobre la filial de Pdvsa, Citgo, en suelo estadounidense, así como el oro depositado en Inglaterra, valorado en más de 1.000 millones de dólares.
Los analistas consultados advierten que la AN que resulte de las votaciones del 25 de mayo no será más legítima que la de 2020 porque el tema de las garantías empeoró y que es probable que la dualidad en el Poder Legislativo se mantenga. El gobierno de Trump no se ha pronunciado sobre un reconocimiento a la Comisión Delegada Legislativa.
“No es fácil para Maduro tratar de pasar una brocha de legitimidad al país, las instituciones, a su imagen,por lo ocurrido el 28 de julio y hay que reconocer que la gran movilizadora sigue siendo Maria Corina Machado. Gozar de legitimidad de origen será casi imposible, lo que busca Maduro es pasar la página del 28 de julio a través de las nuevas elecciones y con ello ganar una legitimidad de ejercicio, con consecuencias muy negativas para el país. La revocatoria de las licencias petroleras son unas de las primeras y eso hará que cualquier posibilidad de salida a la crisis dependa de negociaciones internacionales”, añadió Rodríguez.
Para Ríos, dado que Venezuela entra en una nueva etapa de una crisis muy severa, alejada de lo que es una democracia modelo, ningún cargo de elección popular, a partir del 28 de julio, tendrá legitimidad más allá de lo que decida Miraflores reconocer.
“La solución al problema no está en elecciones, está en un problema mucho más complejo y estructural que pasa, entre otros elementos, por un muy complejo proceso de acuerdos y negociaciones políticas”, advirtió.
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