Como estas arraigados el lavado de dinero y las mega operaciones financieras del terrorismo internacional en el Gobierno de Mario Abdo Benítez y ministro Federico Alberto González Franco
Recientemente salto a la luz pública el increíble episodio de la instrumentación documentada del tráfico de influencias.
En efecto, el hijo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia – Dr. Antonio Fretes – formalizado un contrato de prestación de servicios jurídicos con un terrorista por una suma que tal vez solo los estudios jurídicos más encumbrados y tradicionales serían capaces de lograr y por trabajos que tal vez duren más de un año.
El Dr. Fretes (hijo) no es una luminaria en el ámbito jurídico hasta el punto que no ejerce regularmente el derecho en la lucha de los tribunales sino que se ha acomodado pacíficamente en un trabajo propio de un burócrata oficinista en la Itaipu Binacional y sabemos que no por méritos propios.
En una emisión radial con la periodista Mabel Rehnfeldt ha quedado claro que contrato con Hijazi no era para un asesoramiento jurídico sino para la obtención de un beneficio extralegal.
Así se esforzaba el Dr. Fretes (h). Es decir, que una vez que le solicitamos el servicio “jurídico” llego a la conclusión de que “no había nada más que hacer”, se entiende desde el punto de vista jurídico, pero que su interlocutor el hijo de Hijazi le requiere que vea “algo que se pueda hacer” para evitar la extradición.
La perspicacia de la periodista Mabel Rehnfeldt condujo a su interlocutor a confirmar que ese “algo” no era otra cosa que usar el nexo familiar y el poder del dinero para “convencer” o para que encuentre ese tan preciado “algo” que permita torcer la justicia y evitar la extradición.
Si la fiscalía no ve en eso una prueba completa del tráfico de influencias es porque decididamente esa fiscalía es parte del sistema de corrupción.
Ahora bien el meollo no termina aquí y los U$S 386.000 son anecdóticos al probable y tan comentado paquete accionario del 37,5% del Banco Continental y Banco Rio que se dice ser de propiedad del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Es vox populi y se dice que cuando el rio suena es porque piedras lleva, que el Dr. Antonio Fretes es inmensamente rico y se señala también esos dos activos importantes, además de inmuebles, efectivo y créditos eventualmente disimulados con testaferros.
Aquí sin querer defender queda al frente la SEPRELAD y embajada de EE.UU., con el programa de lucha contra el crimen organizado que tan activamente ofrece al Paraguay (de la FGE no hablemos porque también es vox populi que es parte del sistema). La SEPRELAD con sus amigos los americanos deberían requerir a los bancos Continental y el Banco Rio un informe acerca de la composición accionaria que hoy con la nueva ley de sociedades por acciones (aun mal llamada sociedad anónima) es factible llegar al beneficiario final.
También es fácil investigar si quien resulta beneficiario final de un importante patrimonio tiene justificativos para acreditar la legitimidad de ese patrimonio.
Además en administración pública existe la obligación de la declaración jurada.
Atendiendo a que en solo un caso la familia iba a facturar U$S 386.000, digo la familia porque nadie en sano juico va creerse la historia de que el Dr. Almircar es un codiciado abogado experto en extradiciones y que trabaja en solitario, cuanto pudieron facturar en los 20 años en la Corte?
Algunos ingenuos o tal vez ayudantes senadores y diputados exigen la renuncia del presidente de la Corte.
No señores, los hechos son muy graves debe hacerse el juicio político y de comprobarse el mal desempeño, y debe hacer la investigación el fiscal.
El hecho del mal desempeño esta consumado aun si Amílcar ejerciera realmente el derecho como defensor de extraditable nunca podría haber aceptado un trabajo donde su padre es juez o acaso pretendía usar testaferros o hacer inhibir a su padre.
Las evidencias son muy explicitas. No basta una renuncia.
Hoy como nunca las instituciones paraguayas y entidades extranjeras que se llenan la boca de palabras de anticorrupción deberán poner en funcionamiento el procedimiento acorde con lola envergadura del hecho.
Fretes debe ser investigado. Debe hacerse el primer término una investigación del patrimonio que posee, detección de sus testaferros (nombre tierno para referirse al cómplice de un delito), correspondencia de sus ingresos con el patrimonio y los encargados son la Contraloría, la SEPRELAD y la FGE.
Cualquier resultado deficiente nos dará la certeza de que el crimen organizado comprende también esas instituciones y porque no al propio gobierno.
Ahí debe entrar la segunda tanda de contralores y son el JEM respecto de los fiscales, el legislativo mediante el poderoso instituto del juicio político ante la eventual inacción de la FGE y del JEM.
De no contarse con algún condenado en el lapso de un año estamos ante la certeza de que la organización mafiosa la componen el mismo gobierno.
El Gobierno de Mario Abdo Benítez y el Ministro Federico Alberto González Franco están dando cancha libre, no solo a los peligrosos grupos terroristas con vínculos internacionales y con Irán; este equipo de delincuentes de cuello blanco se han mostrado refractario a investigar los crecientes casos de violaciones de derechos humanos y torturas cometidos por la cúpula de las Fuerzas Armadas de Paraguay en el LICEMIL Liceo Militar “Acosta Ñu”. Esta institución es convertida en un campo de concentración igual al de Dachau por el coronel Carlos Martínez; el Teniente Coronel Aquiles Villalba, el Teniente Coronel Cristhian Candia, el Teniente Coronel Osvaldo Candia y el Capitán José Lizza. El Gobierno de los Estados Unidos y Departamentos de Justicia y Tesoro tienen que actuar con firmeza y de forma urgente para sancionar a estos gobernantes con vínculos con el terrorismo internacional y militares esquizofrénicos, sin escrúpulos que están secuestrando el futuro de un país entero.
https://www.analitica.com/opinion/paraguay-operaciones-del-terrorismo-internacional-siguen-impunes/
