Luego de dos semanas de protestas contra la continuidad de la concesión a la empresa canadiense First Quantum Minerals y su filial local Minera Panamá, el Congreso de Panamá votó el jueves 2 de noviembre en favor de no anular el contrato de minería de cobre con First Quantum Minerals Ltd.
Con la eliminación del artículo que derogaba la concesión a la minera canadiense, la Corte Suprema de Justicia será la que tenga la última palabra sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.
La autoridad legislativa optó por aprobar un proyecto de ley que impone una moratoria en nuevos permisos para la minería de metales, el cual irá a una votación y requerirá la firma del presidente para su promulgación.
En marzo, el órgano legislativo de Panamá aprobó un proyecto de ley que otorgaba al conglomerado minero canadiense una prórroga para mantener su colosal mina de cobre a cielo abierto en el centro de Panamá por un mínimo de dos décadas más. La legislación fue debatida, aprobada y sancionada por el gobierno en apenas tres días.
Diversos segmentos de la sociedad panameña, incluidos trabajadores, educadores, profesionales de la salud, académicos y defensores del medio ambiente, han participado en protestas masivas en todo el país, desde mediados de octubre, para pedir la anulación inmediata del contrato firmado entre el gobierno panameño y la filial local Minería Panamá de la canadiense First Quantum Minerals, argumentando que la concesión pone en grave peligro la integridad medioambiental y los recursos hídricos de Panamá.
Las manifestaciones han sido reprimidas por la Policía Nacional, y la Defensoría del Pueblo ha presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público por uso excesivo de la fuerza. Las protestas han generado bloqueos de carreteras que han paralizado parcialmente la nación panameña.
Por su parte, la empresa canadiense First Quantum Minerals sostiene en un comunicado de prensa publicado el 3 de noviembre, que el gobierno panameño dio su visto bueno a la extensa Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) de MPSA, un documento de más de 14.000 páginas que constituye la base de casi 400 compromisos en curso.
“First Quantum es una empresa minera responsable y se toma muy en serio sus obligaciones a este respecto (…) El cumplimiento del EIAS por parte de la empresa está sujeto a auditorías periódicas por parte del gobierno, así como de terceros independientes, y está gestionado por un equipo especializado de más de 200 personas”, se lee en el comunicado.
El nuevo contrato establece pagos anuales sustanciales de al menos 375 millones de dólares por año al gobierno, un aumento de diez veces con respecto al anterior. Concede a First Quantum una licencia de explotación de 20 años en Panamá, potencialmente prorrogable.
Los detractores sostienen que las contribuciones de la empresa al Estado siguen siendo insuficientes, y las preocupaciones medioambientales relativas a la gestión del agua han pasado a primer plano. La empresa tiene autoridad para desviar, retener y crear sus embalses a partir de fuentes naturales de agua, lo que supone un riesgo potencial para el suministro de agua potable a la población.
El año pasado, la mina sufrió un cierre temporal debido a las prolongadas negociaciones entre el gobierno y First Quantum, centradas principalmente en las cuotas financieras que el Estado debía recibir.
La posible revocación de la concesión de minería ha impactado fuertemente las acciones de la empresa minera. Los inversores de First Quantum Minerals han retirado aproximadamente 8.350 millones de dólares canadienses (o 6.000 millones de dólares), un asombroso 48%, de la valoración de mercado de la empresa en una sola semana.
En respuesta a las protestas, First Quantum ha publicado un comunicado de prensa en el que subraya la dedicación de la empresa al cumplimiento de la ley, el bienestar de la comunidad y los intereses mutuos de todas las partes implicadas.
“First Quantum siempre ha sido un defensor de Panamá y su gente y está comprometido con el estado de derecho con el objetivo de lograr beneficios para el país, sus ciudadanos, la compañía y sus grupos de interés”, se lee en el comunicado. “Estamos orgullosos de contribuir significativamente con la economía panameña y de crear oportunidades de empleo y empoderamiento para decenas de miles de panameños”.
La explotación minera, que aportaría aproximadamente el 5% del PIB del país y da empleo a más de 49.000 personas, es el segundo mayor generador de ingresos de Panamá, sólo por detrás del Canal de Panamá.
J.P. Morgan advirtió el martes que la probabilidad de que Panamá pierda su calificación crediticia de grado de inversión, aumenta sustancialmente si se anula el contrato. A pesar de este riesgo, persisten las protestas, que exigen su anulación.
La instalación minera, inaugurada en 2019, representa el 1% de la producción mundial de cobre y supuso una inversión de 11.000 millones de dólares.
