La situación de los pacientes renales en Venezuela sigue siendo crítica, marcada por una combinación de escasez de recursos, deterioro del sistema de salud y una crisis general prolongada.
Estas personas, que incluyen tanto a quienes requieren diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal) como a los trasplantados, enfrentan múltiples desafíos. La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) y otras ONG, como Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), han denunciado que el acceso a tratamientos esenciales sigue siendo irregular.
Por ejemplo, a finales de febrero de 2025, la ONTV alertó sobre una «falta crítica» de inmunosupresores durante los últimos cinco meses, que afecta a trasplantados y aumenta el riesgo de rechazo de órganos. Además, señalan que varias unidades de diálisis públicas operan bajo condiciones precarias: muchas máquinas están dañadas, hay insuficiencia de insumos como filtros y soluciones, y las fallas en servicios básicos (agua y electricidad) interrumpen los tratamientos.
«Las personas trasplantadas en Venezuela, pacientes con lupus y síndrome nefrótico, que dependen de la asistencia del Gobierno, suman más de tres meses denunciando las fallas y escasez de los medicamentos micofenolato (mofetil y sódico) y azatioprina: fármacos indispensables para esta población. Algunos llevan más de 180 días sin conseguir su tratamiento a través del Seguro Social», asegura esta ONG.
Optar por lo privado no es opción
Para muchos afectados, desembolsillar el costo del tratamiento es cuesta arriba: un mes de medicación puede superar los $120, al cambio del Banco Central de Venezuela, del 25 de febrero (63,49 bolívares por dólar), serían 7,618 bolívares. El sueldo mínimo sigue en Bs 130.
“Estamos hablando de una situación parecida a 2017, cuando hubo una escasez de cerca de seis meses del micofenolato mofetil. Eso trajo como consecuencia, en aquel momento, que varios pacientes tuvieron episodios de rechazo”, asegura Reymer Villamizar, director de la ATV.
Colapso en el IVSS
El sistema de diálisis, gestionado principalmente por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ha colapsado progresivamente desde 2015. Reportes de ONG sugieren que la capacidad sigue siendo insuficiente para atender a los aproximadamente 15.000 pacientes renales que necesitan terapia sustitutiva.
«Los trasplantes renales, una solución a largo plazo, están paralizados desde el 1 de junio de 2017, cuando se suspendió el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT). Esto ha condenado a miles de pacientes a depender indefinidamente de la diálisis, mientras que la lista de espera para nuevos ingresos en estas unidades crece sin que haya traslados o altas significativas», indica un informe de la ONTV.
Organizaciones como Codevida y la ONTV siguen exigiendo la apertura de un canal humanitario y soluciones gubernamentales, pero hasta ahora, no hay indicios de mejoras sustanciales.
Con información de la ONG Caleidoscopio Humano
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