Después del denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024, activistas por el derecho al voto sostienen que la observación independiente nacional e internacional sigue siendo necesaria, en este caso, para los comicios fijados para el 27 de abril de 2025, con el fin de documentar el desarrollo del proceso, registrar las condiciones en que se da, sus fallas, irregularidades y otras denuncias.
Pero la observación para los próximos comicios regionales y parlamentarios que actualmente organiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) es incierta, por cuanto las organizaciones que tradicionalmente desarrollan esa labor en Venezuela evalúan los riesgos de hacer seguimiento a un proceso electoral en un contexto de persecución política.
Temor a represalias
“La observación electoral en este contexto se convierte en algo especialmente necesario, entendiendo que el derecho al sufragio es también un derecho humano y, por ende, observar nos permite documentar cualquier tipo de irregularidad que se presente, más aún en un proceso que no cuenta con condiciones mínimas o garantías suficientes para el derecho a la participación de todos los venezolanos y venezolanas”, argumentó la coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño.
Voto Joven, al igual que en procesos anteriores, hizo observación de entorno (fuera de los centros de votación) durante las pasadas elecciones presidenciales, junto a otras organizaciones como el Observatorio Electoral Venezolano (OEV).
Actualmente, de acuerdo con Cedeño, analizan las circunstancias para decidir si le hacen o no seguimiento a las elecciones conjuntas de abril y, de proceder, evalúan la manera de mantener seguro al personal que se desplegará por todo el país.
“En estos momentos para nosotros, la posibilidad de observar es bastante incierta. Tenemos que evaluar las circunstancias de seguridad en las que se pueda desarrollar esta labor para los observadores, sería igualmente de entorno. Pero es importante señalar que para las organizaciones que han sido acreditadas por parte del CNE, en estos momentos, resulta casi imposible que vuelvan a contar con el aval por varias razones; entre ellas, que la ley antisociedad (ley que regula y fiscaliza a las ONG) limita la figura jurídica que puedan tener y, por ende, del ejercicio de observación electoral”, advirtió la defensora de derechos humanos.
Recalcó que cualquier observación electoral pasa por tener la seguridad de que no habrá represalias contra los observadores durante y posterior al proceso comicial y contra quienes puedan colaborar con esta actividad.
Hasta este 10 de febrero, la ONG Foro Penal registró 1.194 presos políticos en el contexto de las protestas contra los resultados electorales del 28 de julio, anunciados por el CNE a favor de Nicolás Maduro. De la cifra, 119 son mujeres, cuatro adolescentes y 1.075 hombres.
En cada uno de los casos que incluye a dirigentes políticos conocidos, miembros de partidos, testigos de mesa, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes, se denunció violaciones al debido proceso como la negativa a tener abogados de confianza, también torturas y falta de atención médica. A los detenidos se les acusa principalmente de “terrorismo”.
“Se cortó la comunicación con el CNE”
La observación electoral durante las presidenciales presentó obstáculos que fueron desde la acreditación de una sola organización independiente: Red de Observación Electoral Asamblea de Educación – al OEV se le negó – hasta la negativa de acceso de los observadores nacionales e internacionales a los centros de votación y otras áreas sensibles, entre otros.
La persecución política desatada, debido a las protestas contra los resultados electorales, no fue ambiente propicio para que los observadores electorales acreditados o no por el CNE pudieran hacer públicos sus informes con lo registrado durante las elecciones.
Los observadores internacionales acreditados, Centro Carter y Panel de Expertos de Naciones Unidas (ONU), sí hicieron públicos sus informes y no avalaron la proclamación de Maduro como presidente electo. El chavismo, alegando injerencia en asuntos internos, ha jurado que al país no regresan más a observar un proceso electoral.
Qué piden las ONG al CNE
De cara a las próximas elecciones conjuntas, un experto electoral que prefirió omitir su nombre para esta nota dijo a Efecto Cocuyo que el ente comicial no ha abierto ningún canal de comunicación con las organizaciones independientes para tratar el tema de la observación nacional y la solicitud de las acreditaciones. Admitió que tampoco esperan que lo hagan tras lo ocurrido el 28 de julio.
“Luego del 28 de julio se cortó la comunicación con el CNE. No vemos interés en abrir el proceso de acreditación de observadores. Hay una situación tensa, por llamarla de alguna manera”, comentó una de las fuentes.
De abrirse las acreditaciones ante el ente comicial, apuntó, las ONG independientes pondrían una serie de condiciones al organismo dirigidas a que se garantice que no habrá represalias contra los observadores, por cuanto, comentó, algunos miembros del personal desplegado para el 28 de julio fueron víctimas de persecución y amenazas, al punto de verse obligados a cambiar sus sitios de residencia.
Pero, insistió, no es muy optimista con las acreditaciones por las características de las venideras elecciones que parten de un cronograma muy ajustado y amenazas contra la libre participación política. El hecho de que no se hayan publicado los resultados desglosados del 28 de julio, lo que, indicó, no permite tener certeza del anunciado triunfo de Maduro, es “muy mal antecedente” para la calidad del nuevo proceso electoral.
“No cumple el objetivo de una elección”
“Estamos evaluando hacer un esfuerzo para hacer un seguimiento a las próximas votaciones que permita documentar lo que ocurra, aunque no pueda ser igual que en procesos anteriores desde el punto de vista de la metodología a seguir, por razones de seguridad. De entrada es difícil darle el carácter de elección por las condiciones extraordinariamente adversas que no permiten que haya garantías democráticas”, sostuvo otro experto electoral que también pidió reservar su identidad por razones de seguridad.
Altos voceros del chavismo como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez han advertido que en cumplimiento de la Ley Simón Bolívar no pueden ser candidatos quienes hayan apoyado sanciones internacionales contra la gestión de Maduro ni quienes hayan recibido financiamiento internacional para “conspirar”. Ello sugiere que la “oposición” que podrá participar en los comicios será limitada.
De allí que, afirmó el segundo experto consultado, el proceso de abril no cumple el objetivo de una elección que es que los ciudadanos puedan escoger libremente a sus representantes en las gobernaciones, Consejos Legislativos y Asamblea Nacional.
“El proceso electoral va a ocurrir de todas maneras, en mejores o peores condiciones, por ello la intención es documentarlo. Uno de los objetivos de la observación, aunque esta vez es más bien veeduría, es aprender de lo malo y de lo bueno, porque ningún proceso electoral es perfecto. Lo importante es que las fallas no afecten el resultado electoral y sea respetada la voluntad popular”, añadió.
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