El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el 16 de marzo que implementará, entre abril y octubre, los cambios contemplados en la controversial “Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales”, mejor conocida como “Plan B”, que suscitó la protesta de cientos de miles de mexicanos en febrero pasado. 

La nueva legislación, que entró en vigencia el 2 de marzo, fue promovida por el Gobierno del presidente Andrés López Obrador y aprobada por el Congreso y, según diferentes sectores, reduce la autonomía, las capacidades y el presupuesto de la autoridad electoral de México, socavando su capacidad para llevar a cabo sus principales funciones, como organizar las elecciones, garantizar que los partidos cumplan con la ley y proporcionar credenciales de elector para 97 millones de mexicanos, que sirven como documentos de identidad. 

Los detractores de la reforma electoral la señalan como un golpe directo a la institucionalidad del país, ya que limita severamente la autoridad del INE para auditar, regular y sancionar las violaciones de las leyes electorales, y advierten que bajo las nuevas disposiciones no se garantiza la transparencia y confiabilidad de las elecciones presidenciales de 2024.

¿Qué cambios contempla el “Plan B” de López Obrador?

El “Plan B” es una versión menos drástica de la propuesta original del presidente López Obrador, y fue aprobada en el Senado con 72 votos a favor y 50 en contra. El texto establece una reestructuración significativa del Instituto Nacional Electoral, dentro de la cual está contemplada la disminución del financiamiento de su plantilla laboral y el cierre de algunas de sus sedes regionales, lo que podría implicar el despido del 84% de los empleados de la institución. 

Su presidente, Lorenzo Córdova, estima que la eliminación de todas las plazas previstas en la reforma electoral costará al erario público alrededor de 3.500 millones de pesos mexicanos (188 millones de dólares) en indemnizaciones.

Según lo estipulado en la reforma, también se eliminarán 300 juntas distritales encargadas de organizar las elecciones federales y locales, así como las iniciativas de participación ciudadana en todo el país, y otras 32 juntas locales se reducirán en más de 260 plazas. 

De acuerdo con Córdova, estas medidas supondrán una reducción del 84,6% del Servicio Profesional Electoral Nacional y tendrán un impacto negativo en el censo electoral, debido a que las juntas distritales son las encargadas de actualizar y expedir las identificaciones necesarias para votar, y con una reducción tan significativa de personal el proceso podría presentar severas demoras. 

Aúna México, una organización sin fines de lucro que promueve la participación de las mujeres en la política mexicana, ha alertado del impacto en la paridad de género en posiciones de poder que tendrá la reforma electoral. Mónica Tapia, cofundadora de la organización, señala que ahora la paridad electoral dependerá exclusivamente de los partidos, y no se podrá contar con las garantías de revisión y cumplimiento que antes ofrecía el Instituto Nacional Electoral. 

La preocupación de distintos sectores de la ciudadanía también se produce por un componente de la reforma que limita las capacidades de la autoridad electoral para sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado. 

Bajo la nueva legislación, el INE no podrá retirar candidaturas en caso de infracciones graves, y también se reduce su capacidad de castigar actos anticipados de campaña por parte de aquellos que ocupen cargos públicos, debido a un cambio de la definición de propaganda política incluido en la reforma. Asimismo,  se reducen las facultades de los consejeros electorales para interpretar la ley en relación con los procesos sancionatorios.

Otro aspecto controversial es la prohibición de difundir propaganda política o electoral que incluya expresiones difamatorias contra personas, partidos políticos o gobiernos, según se indica en la propuesta del presidente.

Luis Miguel Carriedo, ex-asesor del INE, experto en comunicación electoral y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que aunque exista un cambio en la definición de propaganda, la constitución sigue rigiendo sobre este apartado.  

“Ha habido mucho debate sobre qué puede decir un servidor público en época electoral. La constitución sigue diciendo que se deben aplicar los recursos con imparcialidad”, dijo Carriedo. “Lo que esta reforma dice es que no se considerará como propaganda prohibida un tweet, una opinión, un punto de vista espontáneo de algún servidor público. Pero eso no autoriza a que todos los recursos públicos se destinen a incidir en las campañas”. 

¿Por qué el presidente López Obrador aboga por la reforma electoral?

El primer mandatario mexicano es conocido entre otras cosas por ser un firme crítico del INE, al cual ha calificado de ser un ente “corrupto” y lo acusa ‒sin pruebas hasta la fecha‒ de respaldar un supuesto fraude en su contra durante sus campañas presidenciales en 2006 y 2012. 

López Obrador ha sustentado la necesidad de reformar la autoridad electoral como una medida de austeridad que le ahorraría al país 150 millones de dólares al año y mejoraría la eficiencia en las votaciones, facilitando la votación en línea para los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero.

El portavoz del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, declaró que la política de austeridad de cero déficit está en línea con el objetivo de ahorrar, pero no afectará el funcionamiento del INE. Según Ramírez Cuevas, la administración de López Obrador busca priorizar el uso de  los fondos públicos para áreas prioritarias como la inversión social, la salud, la educación y la infraestructura.

El presidente mexicano afirma que la reforma supondrá un ahorro de costes. Sin embargo, el presupuesto del INE para 2022 es de 13.900 millones de pesos (700 millones de dólares), lo que supone sólo el 0,2% del gasto federal. Si bien el INE es una organización sustancial, la tarea de instalar casillas electorales en todo el país es compleja. En un país con un historial importante de denuncias de fraude electoral, resulta difícil, y riesgoso,  querer llevar a cabo elecciones a costos reducidos.

El domingo 26 de febrero, más de 100.000 personas se manifestaron contra la reforma electoral de López Obrador, tomando las calles en varias ciudades del país, vestidos de rosa, que es el color oficial del INE, y con lemas como «el voto no se toca». La mayor concentración tuvo lugar en el Zócalo de Ciudad de México, donde, según los organizadores, se reunieron alrededor de medio millón de personas. Sin embargo, el gobierno local sostiene que el número no superó las 90.000 personas. 

El presidente López Obrador afirma que los manifestantes que se oponen a la reforma electoral simplemente  quieren conservar sus privilegios. 

“Lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, regresar por sus fueros, mantener en la marginación y olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos, ese es el fondo”, dijo el presidente  en rueda de prensa el 28 de febrero.

Pese a las manifestaciones y divisiones que se han generado en torno a la reforma electoral, López Obrador persiste como un líder popular en México. Según los resultados de la encuesta de El Financiero de enero de 2023, la popularidad del presidente AMLO es del 54%, mientras que su desaprobación se ubica en el 45%.

La corte Suprema podría revocar los cambios de la reforma electoral

Después de la presentación del segundo conjunto de medidas conocido como «Plan B», ahora será responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evaluar o rechazar las apelaciones presentadas en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cientos de recursos de inconstitucionalidad han sido interpuestos por gobiernos municipales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en respuesta al primer paquete del «Plan B», que incluyó reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El proceso para que la Corte decida sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas puede tomar hasta un año, lo que no necesariamente coincide con el calendario electoral y la preparación necesaria para las elecciones previstas para 2024.  

El caso será tomado por una de las Salas de la Suprema Corte y se debatirá si la nueva ley es constitucional o no. Si se admite a discusión, se considerará la posibilidad de suspender sus efectos hasta que se tome una decisión final. Si se llegara a dictaminar una suspensión de la reforma, las elecciones del proceso federal de 2024 quedarían bajo la legislación anterior, sin los cambios introducidos por la nueva ley. 

El expresidente del Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde, considera que la reforma electoral podría ser invalidada en su totalidad, o al menos porciones significativas podrían ser revocadas por la Corte Suprema, permitiendo que sólo un pequeño porcentaje de las nuevas medidas permanezca. 

“Esto significará que la potencia destructora será menor”, afirmó el exfuncionario. 

Para Ugalde, la planeación de la elección de 2024 se encuentra comprometida por el revuelo e incertidumbre al que se ha sometido a la autoridad electoral con este paquete de medidas.

“Todo este torbellino de incertidumbre que va a rodear al INE es muy lamentable y ya está afectando la preparación de las elecciones. Lo ideal sería que la corte invalidara toda la reforma por vicios de proceso legislativo, pero el problema es que se requieren 8 votos de 11 y ese resultado no será fácil de conseguir”, explicó Ugalde. 

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