Violación al debido proceso, específicamente el acceso a abogados, ausencia de juicios, incomunicación, irrespeto a derechos humanos, “secuestro” de adolescentes y confiscación de pertenencias, entre otros, denuncia Miraflores ante deportaciones y detenciones de migrantes venezolanos en Estados Unidos a quienes enviaron a una megacárcel en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
El chavismo “coincide” con defensores de derechos humanos al condenar el trato que le dieron a los 238 venezolanos deportados al país centroamericano, a los que sin pruebas y solo por tener tatuajes el gobierno de Donald Trump señala de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. En El Salvador, donde no cometieron ningún delito, serán sometidos a trabajos forzados durante un año “prorrogable”.
“En Venezuela y El Salvador se violan DDHH”
Pero a juicio de activistas de DDHH y analistas, la administración de Nicolás Maduro no predica con el ejemplo y la presentación de un nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación del respeto a los derechos fundamentales en Venezuela lo demuestra.
Este 18 de marzo, la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la gestión de Maduro sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, específicamente persecución política, mediante detenciones arbitrarias, encarcelamientos y otros actos graves contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Por primera vez, señala al ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, de encabezar estas políticas.
“Tanto en El Salvador como en Venezuela no existe respeto al debido proceso, por lo que las personas son detenidas sin que haya una orden judicial y sin ser sorprendidas en flagrancia. Luego, no hay garantías para tutelas judiciales efectivas, que permitan a las personas privadas de libertad ejercer plenamente su derecho a la defensa. Un gobierno que está siendo investigado por crímenes contra la humanidad, que continúan, no tiene ningún tipo de legitimidad para pronunciarse sobre los derechos humanos en otros países”, señaló el codirector de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui.
El consultor en Opinión Pública, José Vicente Carrasquero, subrayó que la crisis en Venezuela originada por las malas políticas de la administración de Maduro fue la que empujó a más de 7 millones de venezolanos a buscar un mejor futuro en otros países y ahora para sacar provecho político denuncia violacion de derechos humanos cuando no lo respeta internamente.
“Si realmente le importaran sus ciudadanos, estos migrantes no habrían tenido que arriesgar sus vidas en el extranjero”, dijo.
“Secuestro de adolescentes”
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y encargado de las negociaciones directas entre Miraflores y la Casa Blanca, Jorge Rodríguez, condenó el «secuestro” de niños de 14 años en EEUU y su deportación, sin que medien los derechos humanos. Denunció que son “aislados, segregados y robados».
“Les arrebatan sus celulares, los sacan de iglesias, de escuelas, son llevados quien sabe a dónde», dijo en rueda este 17 de marzo.
En el contexto de las protestas postelectorales en Venezuela, la ONG Foro Penal registró la detención de al menos 68 adolescentes entre 14 y 17 años de edad, de un total de casi 2.000 apresados. En todos los casos se denunció incomunicación y la imposición de defensores públicos y se les imputó la supuesta comisión de delitos de “incitación al odio” y “terrorismo”, obstrucción de la vía pública y destrucción de la propiedad pública-privada.
Progresivamente los jóvenes han sido excarcelados con medidas cautelares. En todo momento, el gobierno de Maduro negó que hubiera detenido a niños.
Al 10 de marzo Foro Penal registró cinco casos de adolescentes aún privados de libertad. El 11 de marzo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el inicio de juicio contra uno de ellos de 17 años, detenido hace 59 días, y acusado de los presuntos delitos de «terrorismo» e «incitación al odio».
«Lo sacaron de su casa por la fuerza, bajo amenazas de muerte, generando un profundo impacto en su familia. Su madre fue agredida, mientras su hermana de nueve años quedó aterrorizada. Durante el traslado, una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela (PNB) lo golpeó, agravando el abuso de autoridad», relató la ONG.
“Maduro usa esta situación para hacer ruido político, pero todo el mundo sabe que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. ¿Cuántos presos políticos hay en sus cárceles sin juicio? ¿Cuántos jóvenes han sido detenidos arbitrariamente por protestar? Anteponer la propaganda es la especialidad del chavismo”, agregó Carrasquero.
Casos emblemáticos
«La Ley del Enemigo Extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial (de EEUU), es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de Derechos Humanos», expresó Miraflores a través de un comunicado de la Cancillería, en rechazo al traslado de venezolanos a El Salvador.
Pero a lo interno de Venezuela, organizaciones de DDHH, siguen exigiendo se respete el debido proceso en casos como el de la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien cumplió un año detenida el pasado 9 de febrero en situación de incomunicación, sin juicio y sin acceso a sus abogados de confianza.
La experta en temas militares, quien también posee la nacionalidad española, aguarda desde hace cinco meses por una cirugía de hombro debido a una fractura que sufrió al carse en la prisión.
Hasta el 10 de marzo, Foro Penal registra 1.014 presos políticos en Venezuela. Otro de ellos es el excandidato presidencial, Enrique Márquez, apresado el 7 de enero. Sus familiares y abogados también denuncian que no han tenido comunicación con él.
Se desconoce el sitio de reclusión y las condiciones de salud del exvicepresidente del Poder Electoral. Cabello lo relacionó con un supuesto intento de golpe de Estado contra Maduro, cuya toma de posesión rechazó Márquez al no estar demostrado que ganó las elecciones del 28 de julio.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que la administración de Maduro se intenta «aprovechar políticamente» de la vulnerabilidad de los migrantes, sin garantizar -dijo- los derechos de quienes siguen en el país.
«Es incoherente que el gobierno chavista denuncie estos abusos mientras reprime, persigue y encarcela sin debido proceso a quienes permanecen en el país», señaló la organización que también exige la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador.
Bukele y Maduro
El chavismo ha tildado al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de “secuestrador” al recibir a los migrantes venezolanos, tras un acuerdo en el que EEUU pagará a ese país 20.000 dólares por cada deportado, luego de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
“Que Nayib Bukele no sea cómplice de este secuestro, porque nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados Unidos, ninguno. No los llevaron a ningún juicio, no les dieron derecho a la defensa, derecho al debido proceso, fueron engañados, esposados, montados en un avión, secuestrados y enviados a un campo de concentración en El Salvador”, declaró Maduro el 19 de marzo.
Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para América Latina (Wola, en inglés), se pregunta bajo qué delitos van a mantener detenidos a los migrantes venezolanos en El Salvador y advirtió que se trata de privación de la libertad que es un derecho básico y fundamental.
“Los estilos de gobierno de Bukele y Maduro comparten en común su desprecio por los compromisos estatales en materia de DDHH. La política de mano dura del presidente salvadoreño es similar al giro en las políticas de seguridad ciudadana del chavismo a partir del gobierno de Maduro, que promovió las redadas masivas e indiscriminadas en los sectores policiales, bajo el llamado operativo de liberación del pueblo, y luego las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que generaron múltiples violaciones a los derechos humanos”, comparó Uzcátegui.
Para el excoordinador de Provea, solo es cuestión de tiempo para que Bukele comience a desplegar “una política de erosión de las instituciones democráticas y persecución de la disidencia” tal como ocurrió en Venezuela al perder apoyo popular, por no transformar estructuralmente las desigualdades de su población.
El chavismo también se ha referido al Cecot, una megacárcel construida por Bukele para apresar a pandilleros, donde fueron encerrados los deportados venezolanos junto a personas de otras nacionalidades, como un centro de tortura. ONG de derechos humanos han señalado los “excesos” que se cometen con los privados de libertad en ese centro, tales como que las luces permanezcan encendidas las 24 horas del día.
En redes sociales, usuarios, activistas de derechos humanos y ONG han recordado que en Venezuela existe El Helicoide, la llamada “tumba” en la sede de la policía política Sebin y los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde según denuncias de familiares y abogados se han aplicado torturas y otros tratos crueles e inhumanos a los presos políticos.
Insumo para la CPI
Mientras Maduro y Rodríguez prometen que se hará lo imposible desde el punto de vista diplomático y legal para “rescatar” a los venezolanos detenidos en El Salvador, la Misión de Determinación de Hechos concluyó que en Venezuela se sigue cometiendo “el delito de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en relación con el delito de encarcelación o privación grave de la libertad física”.
A juicio de Uzcátegui, dicha aseveración debería ser un insumo fundamental para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) pueda armar un caso concreto en la investigación que realiza sobre Venezuela.
“La Misión nombra en varias oportunidades a Cabello como responsable de la represión e incluso como presunto autor intelectual del caso de Ojeda en Chile. Si bien dice que en otros casos han establecido una cadena de mando responsable, está personalizando un posible nombre para la CPI. Dado que hasta ahora otros mecanismos internacionales de protección han sido ineficientes, uno puede especular que muchos de los esfuerzos de documentación y denuncia están dirigidos a la CPI, para que tome una decisión”, destacó Uzcategui.
En la CPI desde el año 2018 hay un proceso, ahora en fase de investigación, en contra del gobierno de Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad que cometió su gobierno desde al menos el año 2014.
“Si quiere rescatar a los venezolanos en El Salvador que empiece por garantizar en su propio país justicia, libertad y condiciones de vida dignas para que nadie tenga que huir y además, cumpla con lo que prometió: enviar los aviones para la deportación”, añadió Carrasquero.
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