El presidente Maduro ha afirmado que definitivamente su gobierno desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para solucionar la controversia con Guyana sobre el territorio Esequibo. Dice que la CIJ está controlada por los EEUU y la UE, que Venezuela rechaza el “colonialismo judicial” de Occidente y que el único camino para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra (AG). Quizás es conveniente mencionar que los 15 magistrados de la CIJ son electos por la Asamblea General de la ONU y que actualmente son de las siguientes nacionalidades: China, Rusia, México, Japón, Brasil, India, Marruecos, EEUU, Somalia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Italia, Uganda, Francia y Eslovaquia. El gobierno Maduro trata de confundir a la opinión pública cuando repite que el proceso ya activado en la CIJ es algo contrario al AG, en la realidad estamos en la CIJ, porque dos Secretarios Generales de la ONU, Ban-Ki-moon y Antonio Guterres, de acuerdo con el último “buen oficiante-mediador” Dag Nylander y la propia CIJ, interpretaron el artículo IV del AG de forma tal que el Secretario General de la ONU tenía la competencia de llevar el caso ante la CIJ. Además, la CIJ, asumió la jurisdicción sobre la controversia y Venezuela, al nombrar un Juez ad Hoc y presentar recursos ante la misma, ya ha consentido participar en el proceso. Maduro afirma que nunca Venezuela ha aceptado la jurisdicción de la CIJ. Sin embargo, el ex Canciller Ignacio Iribarren Borges, en su discurso ante el Congreso Nacional, el 17 de marzo de 1966, en la discusión de la Ley Aprobatoria del AG, mencionó que Venezuela, durante las negociaciones con el Reino Unido, “propuso que se encomendara la función de escoger los medios de solución de la controversia a la CIJ”. Al oponerse la Gran Bretaña, se acordó “encomendar aquella función al Secretario General de la ONU”. Finalmente, Iribarren dice: ”de acuerdo con los términos del artículo IV del AG, el llamado Laudo de 1899, en el caso de no llegarse a una solución satisfactoria para Venezuela, deberá ser revisado por medio del arbitraje o el recurso judicial”. Por cierto, para Venezuela hubiese sido mucho mejor ir a un Arbitraje “ex aequo et bono”, donde los árbitros actúan como “amables componedores” y buscan una solución satisfactoria para ambas partes.
A finales del 2013, con el inicio de la “era petrolera” en Guyana, el gobierno guyanés manifestó que, tomando en cuenta que la negociación bilateral, en varias décadas, no había dado ningún resultado, propuso que el Secretario General optara por llevar el caso a la CIJ. El gobierno Maduro, negligentemente insistió en continuar la negociación bilateral, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación o el Arbitraje “ex aequo et bono”. Ese grave error nos llevó a la CIJ.
Maduro ha decidido irresponsablemente no defender nuestros derechos en la CIJ.En unos pocos años, la Corte dictará su sentencia que es de obligatorio cumplimiento e inapelable. Maduro afirma que no respetará esa sentencia y que Guyana estará obligada a negociar con Venezuela. Guyana negociará, particularmente la delimitación de áreas marinas y submarinas, pero a la luz de una sentencia de la CIJ a su favor y el respaldo de la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Por cierto, Brasil, China y la India, además de los EEUU, la UE, Gran Bretaña y Canadá, entre muchos, ya están incrementando sus inversiones en el Esequibo y en general sus acuerdos comerciales y de cooperación con Guyana, la economía de mayor crecimiento en el mundo.
@sadiocaracas
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