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Hace 25 meses -dos años y un mes- México tenía un sistema de salud funcionando, no muy bueno, pero con la capacidad de distribuir vacunas y medicinas por todo el territorio, y atender de enfermedades catastróficas a más de 40 millones de personas no cubiertas por instituciones asociadas al empleo (IMSS, ISSSTE, etcétera).

Estaba en marcha una reforma educativa que, con mucha lentitud, permitiría ir capacitando a maestros con vocación, pero falta de herramientas, y reemplazar aquellos sin vocación.

El programa social principal en México, Progresa-Oportunidades-Prospera, atendía ya a más de 5 millones de familias con alimentación, educación y salud. Prácticamente 20 por ciento de los mexicanos recibía este apoyo.

La reforma energética había permitido obtener los dos mejores resultados mundiales en subastas para la producción de energía con base en sol y viento. Pemex, con un patrimonio negativo por 1.5 billones de pesos, estaba ya en el proceso de adelgazamiento, que le permitiría deshacerse de la refinación (donde perdía 120 mil millones de pesos al año) y concentrarse en exploración y explotación de crudo.

Las finanzas públicas ya estaban muy presionadas, y eso había obligado a reducir el gasto desde 2017, para no endeudar más allá de lo razonable al gobierno federal.

Ese país fue el que recibió la actual administración. No era un país desarrollado, ni mucho menos, pero ya se había avanzado significativamente en desarrollo social y salud, y las reformas educativa y energética habían abierto el camino correcto para esas áreas. Era urgente atender el tema de las finanzas públicas, y nada más.

La decisión obvia, estratégica, era aprovechar la inmensa legitimidad de la elección para hacer una reforma fiscal profunda, que fortaleciera lo logrado por la de 2013: incrementar la recaudación, cerrando las brechas utilizadas para evadir y eludir. Se podía también fortalecer el impuesto predial y complementarse con impuesto a herencias, por ejemplo. Esto permitiría mejores ingresos en los gobiernos locales, mejor planeación urbana, más recursos para redistribuir, y reducir el riesgo de tener que recurrir a mayor deuda. Un presidente con 53 por ciento del voto, con popularidad superior al 70 por ciento, con amplísima mayoría en ambas cámaras, podía con eso establecer bases sólidas para programas sociales más amplios en el resto de su mandato.

Este columnista comunicó entonces la idea al equipo de transición, pero sin éxito. Lo que hizo el gobierno en los siguientes meses fue desastroso. Primero, destruir el proyecto de infraestructura más importante de América Latina en ese momento, el aeropuerto, para después proponer sustituirlo con quimeras: Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya. Mientras el aeropuerto era negocio puro para el gobierno, con inversión privada y recaudación asegurada, los otros tres son pérdidas sin ganancia esperable.

Después, destruyó el sistema de distribución de medicamentos, con la misma excusa utilizada para cancelar el aeropuerto: corrupción que jamás se ha probado. La reforma educativa fue cancelada, y la energética se intenta revertir, anulando a los organismos reguladores, invadiendo atribuciones, incumpliendo contratos. El resultado es un incremento en el patrimonio negativo de Pemex de un billón de pesos, y un faltante de ingresos petroleros casi de la misma magnitud.

Desapareció el programa social insignia de México desde 1997, y la mejor estrategia de salud en décadas, el Seguro Popular. En lugar de atender 5 millones de familias, las más pobres, de forma integral, ahora se reparte dinero en efectivo a una cantidad menor de personas, sin objetivos, medidas, nada.

La pandemia, imprevisible, golpeó entonces una sociedad debilitada deliberadamente. Por eso el impacto es del doble, como ya lo hemos mostrado. Por si fuese poco, la misma pandemia se enfrentó de la peor manera posible. Finalmente, para añadir insulto a la injuria, se dice que este golpe ha caído ‘como anillo al dedo’.


Este artículo se publicó originalmente en El Financiero (México) el 20 de noviembre de 2020

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