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Fuimos invitados el 28 de octubre a un foro virtual sobre petróleo y mercado interno organizado por la Fundación Universitas y el Escritorio Salaverría & Asociados, bajo los auspicios de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Monteávila y la Fundación Juan Manuel Cagigal. Comparto con nuestros lectores el contenido de nuestra exposición, la cual realicé como economista y profesor universitario y no como representante de la institución a la que presto servicios: la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos – AVHI.  

El título de la exposición: Hacia un sistema integral de energía en Venezuela resume su espíritu, propósito y razón, para utilizar una expresión muy propia de los abogados.

No hemos tenido, particularmente desde los años 80 del siglo pasado, una política pública energética holística, orgánica y sistemática para la consecución de un sistema nacional de energía sostenible, sano y próspero; aunque hay que reconocer que, específicamente a partir de la transición democrática iniciada por el presidente Eleazar López Contreras a través del Programa de Febrero de 1936, el Estado y los empresarios privados pudieron garantizar, hasta fecha reciente, la seguridad jurídica y la planificación debida para que la sociedad venezolana lograra disfrutar de un suministro de energía amplio y suficiente para apalancar el vigoroso crecimiento y desarrollo socioeconómico de Venezuela desde los años 20 y hasta los años 80 del siglo XX.

Tanto el Estado como los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, invirtieron ingentes capitales para que el país contara con uno de los sistemas energéticos mejor equipados, eficientes y productivos de América Latina; para muchos el mejor de la región.

El agudo problema actual de insuficiencia crónica de energéticos (petróleo, gas natural, hidroelectricidad, termoelectricidad y fuentes renovables de energía) se deriva de que nuestro país, después de la bonanza petrolera de los años 70 del siglo pasado, dejó de invertir consistentemente por haberse contagiado de lo que los tratadistas del desarrollo denominan la Maldición de los Recursos y la Enfermedad Holandesa.

Venezuela fue la economía más prospera de América Latina y una de las más robustas del mundo durante seis décadas. Nuestro PIB por habitante rebasaba el de la mayoría de los países de Europa, por ejemplo. El país dedicaba alrededor del 25% y hasta más de su producto interno bruto (PIB) a la formación de capital fijo, incluyendo la estructuración de un sistema de energía integral y de servicios públicos que fueron la envidia de la región latino-caribeña.

En las últimas cuatro décadas, Venezuela sólo ha destinado a la formación de capital fijo cifras declinantes que han oscilado entre sólo 8,5 y 15% del PIB. En los años 80, el país, ante el colapso de los precios del petróleo en 1986, decidió adoptar un modelo socioeconómico rentístico, populista y clientelar, y de aquellos polvos vienen estos lodos.

Un sistema integral de energía requiere de cinco condiciones esenciales:

1- Un Estado eficiente, que formule y ejecute una estrategia, un cuerpo de políticas públicas y un marco regulatorio que garanticen la seguridad jurídica de los inversionistas y la protección de los derechos de los consumidores;

2- Instituciones estatales y corporativas, capaces de planificar y acometer las inversiones necesarias, coordinar las diferentes etapas de la producción de energéticos y operar las empresas públicas, mixtas y privadas, bajo criterios de eficiencia y productividad;

3- Un esquema de tarifas eléctricas y precios de los combustibles, que permita la rentabilidad de las empresas productoras de energía, conjuntamente con una presión tributaria competitiva que atraiga y no ahuyente la formación privada de capital fijo;

4- Una gerencia profesional de talento humano, en toda la cadena de valor de las diferentes fuentes de energía, incluyendo estándares internacionales de higiene, seguridad y ambiente y normas universales de buen gobierno corporativo; y

5- Un esquema de subsidios eficiente, para los consumidores sectores de bajos ingresos, cuando sea efectivamente necesario conforme a las mejores prácticas internacionales.

Son múltiples y amplios los beneficios socioeconómicos (e inclusive políticos) que se derivarían de un sistema energético integral y coherente, regido bajo los cinco principios antes delineados y operado por gerentes profesionales y calificados inversionistas privados, a saber: flujos de comercio e inversión; empleos directos e indirectos; generación de riqueza y bienestar social; viabilidad económica sustentable; efecto multiplicador y externalidades positivas sobre las actividades económicas conexas; fondos para reinversión y mantenimiento; transferencia de tecnología y conocimientos; formación de capital social, talento humano e infraestructuras; eficiencia y productividad en toda la cadena de valor de las fuentes renovables y no renovables de energía; seguridad energética y soberanía; construcción de institucionalidad democrática; modalidades eficaces de seguridad social y atención a los estratos más vulnerables de la población; y conservación ambiental y protección de los ecosistemas.

No podemos decir que Venezuela cumple estos cinco requisitos en la actualidad y el reto que tenemos es procurar que tales requisitos se instauren a la mayor brevedad posible; para lo cual se requiere una concientización ciudadana que comprenda que la energía no puede regalarse porque el acceder gratuitamente a los combustibles o a los servicios públicos conduce inexorablemente a la ruina de la industria, al despilfarro de recursos, al desabastecimiento, a la pérdida de bienestar social y oportunidades de desarrollo y calidad de vida de todos los venezolanos, dando lugar a los que se denomina pobreza energética.

Es dentro de un contexto de políticas públicas acertadas que abordamos en estas reflexiones el grave problema del insuficiente suministro de combustibles derivados de los hidrocarburos. Una estrategia, una política pública y un marco regulatorio competitivo son los ingredientes que necesitamos para garantizar a corto y a largo plazo el abastecimiento continuo, diversificado e ininterrumpido de energéticos en Venezuela.

Iniciativas de paños calientes pueden atenuar los efectos del desabastecimiento, la falta de mantenimiento y la desinversión; pero ellas no podrán por sí solas revolver estructuralmente las deficiencias de nuestro sistema nacional de energía.

La decisión gubernamental de aumentar el precio de las gasolinas de motor y otros combustibles y servicios públicos es una iniciativa que apunta en la dirección correcta. El esquema de subsidios es necesario; pero debe mejorarse. La población ha asimilado los nuevos precios como necesarios.

En el pasado quien les habla tuvo la oportunidad de participar en la formulación de un esquema racional de precios de los hidrocarburos en el mercado interno, en 1984; y en 1996, se incrementaron los precios de los combustibles en el marco de la Agenda Venezuela, liderada por los entonces ministros Teodoro Petkoff y Luis Raúl Matos Azócar, durante la segunda presidencia del Dr. Rafael Caldera. Como director del Fondo de Inversiones de Venezuela bajo la presidencia del Dr. Carlos Bernárdez, trabajamos con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y presentamos una estrategia restructuración y un proyecto de Ley de Electricidad.

Precedidas de campañas de concientización, en ambos casos fue posible establecer nuevos precios de los hidrocarburos en el mercado local sin alteraciones del orden público, lo cual es el legítimo temor que abrigan los hacedores de políticas públicas en funciones de gobierno; y ello es comprensible.

Aboguemos entonces por aprovechar la pandemia del coronavirus, para estructurar un nuevo sistema integral de energía en Venezuela bajo los cinco principios antes señalados.

@lxgrisanti

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