El plan legislativo 2025, anunciado por el Parlamento con mayoría del chavismo el pasado martes 11 de febrero, promete abordar más leyes relacionadas con el poder popular y el Estado comunal y sacar de la “gaveta” polémicos instrumentos legales como la Ley contra el Fascismo y la Ley de Cooperación Internacional “congelada” desde 2023, entre otros.
Por si fuera poco, la Asamblea Nacional (AN) tendrá la tarea de recibir y despachar, para someter después a referendo, la propuesta de reforma constitucional que Nicolás Maduro está por presentar.
Ante la “oferta” de leyes, defensores de derechos humanos alertan sobre una normativa en especial, la Ley de Cooperación Internacional que celosamente trabaja la Comisión de Política Exterior, presidida por Timoteo Zambrano (Cambiemos), quien es miembro de la Alianza Democrática.
La preocupación de los activistas gira en torno a que el “cerco” contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) puede cerrarse aún más con la aprobación de dicha ley que viene a complementar el esquema sancionatorio y de control ya establecido en la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, vigente desde el 15 de noviembre de 2024 con su publicación en Gaceta Oficial.
«La Ley de Cooperación Internacional sería el último eslabón para el control estatal de la sociedad civil en su conjunto, vinculado a todos los apoyos, financiamientos y recursos provenientes de la cooperación internacional. Por más de una década se ha tratado de aprobar esta ley que criminaliza y trata de controlar para fines estatales la cooperación. Una norma que restringe aún más la capacidad de actuación directa, autónoma y libre de las organizaciones con base en los principios del derecho asociativo en Venezuela», advirtió la coordinadora de la ONG, Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.
El ojo puesto en el financiamiento
“La ley que fiscaliza y regula, dificulta la constitución de las ONG con requisitos difíciles o imposibles de conseguir y la Ley de Cooperación Internacional viene a atacar directamente a las fuentes de financiamiento de las organizaciones, lo que cierra aún más el cerco al espacio cívico en Venezuela. Se busca que las ONG guarden silencio o se plieguen al discurso oficial, lo cual es muy difícil por la situación de los derechos humanos”, expresó el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
El abogado explicó que en la propuesta de ley que viene trabajando la Comisión de Política Exterior se contempla la creación de un fondo de cooperación internacional (artículos 12 al 15), manejado por el gobierno nacional, que se nutrirá, según el artículo 14, de «los legados, donaciones, transferencias y otros recursos que para el apoyo a la cooperación entre países reciba de otros gobiernos, de organismos internacionales, de fuentes cooperantes e instituciones públicas y privadas ya sean nacionales o extranjeras».
Ello, alerta, implicaría un manejo discrecional del financiamiento que puede ser negado a aquellas ONG que manejen temas que no gusten a Miraflores, tales como las violaciones a los derechos humanos.
“Esto afectará sobre todo a la cooperación internacional en materia humanitaria, porque ningún país ni organismo internacional va a aceptar transferir dinero a un gobierno que no se caracteriza por ser transparente, para que éste a su vez decida cómo le baja los fondos a las ONG. Al final serán los más vulnerables, aquellos que reciben el apoyo de las organizaciones que trabajan en materia humanitaria, los que realmente se verán perjudicados por este tipo de medidas”, advirtió.
Los defensores de derechos humanos rechazaron que la narrativa oficial intente posicionar que todas las ONG son “corruptas” en el manejo de recursos financieros y que los utilizan para desestabilizar al gobierno, lo cual, recalcaron, no es cierto ni es lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, en su investigación sobre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y su programa de ayuda internacional. Para Daniels, la administración de Maduro solo usa el tema de excusa para cerrar el espacio cívico.
«La política de congelamiento y revisión de los recursos dados por USAID, del gobierno de Donald Trump es un paso interno en la búsqueda de transparencia y verificación de las prioridades, objetivos y resultados de esa cooperación, en una agenda política interna del Estado norteamericano con el que podemos o no estar de acuerdo. Hacer tabla rasa y aprovechar para criminalizar aún más y perseguir a todas las personas y organizaciones que recibieron fondos de la cooperación es una acción propia de un Estado autoritario», sostuvo Rendón.
En la “gaveta” desde 2023
En la reunión de la Comisión de Política Exterior del pasado miércoles 12 de febrero, Zambrano confirmó que a la “brevedad posible” retomarán la discusión de la ley. Una nota de prensa del Parlamento indicó que la ley para fiscalizar y regular a las ONG debía quedar “bajo la tutela” de la Ley de Cooperación Internacional “para que puedan funcionar los mecanismos sancionatorios”.
Vale recordar que la Comisión aprobó una primera propuesta de la ley, el 2 de marzo de 2023, para llevarla a la plenaria. A partir de allí no se supo más nada de la normativa hasta que Jorge Rodríguez anunció que estaba incluida de nuevo en la agenda 2025. Zambrano agregó que ameritaba una nueva revisión antes de llevarla al hemiciclo.
Aparte del artículo 14, las ONG también han alertado sobre el artículo 26 de la propuesta que reza:
“Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas” ONG, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, “que realicen actividades de cooperación internacional” en Venezuela que, “de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”.
Primer filtro para las ONG
Cabello y otros altos voceros del chavismo como Jorge Rodríguez, aprovechan el tema Usaid para cargar de nuevo contra ONG y medios de comunicación por supuestamente recibir financiamiento para «conspirar» contra la gestión de Maduro.
Los señalamientos también “coinciden” con los plazos establecidos en la ley contra las ONG para presentar ante la Oficina de Registro Público correspondiente a su domicilio, la información actualizada sobre los actos previstos en el artículo 26 de la ley, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia.
Entre los requisitos que hasta este jueves 13 de febrero, las ONG deben presentar están la actualización anual del inventario de bienes de la organización, con expresa determinación de las fuentes de los mismos; balances contables, estados financieros y libros; relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes y modificaciones de los Estatutos.
Al respecto, Daniels señaló que la ley se ejecuta de manera “caótica” porque se restaron 18 días del plazo para que las ONG pudieran presentar los requisitos, puesto que la Gaceta tiene fecha 15 de noviembre de 2024 pero fue divulgada por el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial el 3 de diciembre.
El abogado sostuvo que vencido el plazo, el servicio de registros y notarías, Saren, puede imponer una multa a la ONG que incumpla, pero igualmente debe aceptar los requisitos para quedar registrada.
La advertencia de Cabello
Recientemente, Cabello hizo énfasis en que las ONG deben presentar los recaudos a fin de hacer su gestión «transparente» y continuar operando en Venezuela y que sería nombrado un funcionario para coordinar la «oficina» donde las ONG llevarán sus documentos en el marco de la ley vigente. Daniels apuntó que dicha autoridad no está prevista en la ley, así como tampoco citaciones a las ONG.
«Las ONG tendrán que pasar todas por esa oficina. Ahí van a tener que declarar el origen de los fondos, los proyectos por los que participan y cuál es su fin, porque una ONG no puede ser política (…) ¿De qué gobierno dependen? Porque no dependen de Venezuela (…) Van a tener que rendir la plata», dijo Cabello.
Además, señaló a las ONG “de crear noticias falsas” al decir que están siendo perseguidas por la administración de Maduro.
Daniels agregó que la disposición transitoria segunda de la ley señala otro plazo de 180 días a la entrada en vigencia, para que las ONG ya constituidas y con personalidad jurídica, cuyos estatutos sociales no se ajusten a lo previsto en la Ley, procedan a reformarlos, a los fines de adaptarlos a los requisitos y disposiciones.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la nulidad del registro de la organización, es decir, a su eliminación, por lo que está por verse qué ONG pasarán el filtro y cuales quedarán ilegalizadas.
No se descarta que la Ley de Cooperación Internacional también sea adaptada a otras normativas como la Ley Simón Bolívar que castiga a quienes apoyen sanciones internacionales y a la Ley contra el Fascismo, Neofacismo y expresiones similares que también aguarda por su segunda discusión desde abril de 2024.
Según la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, la ley contra el fascismo contempla nuevos tipos penales para castigar “severamente” cualquier acción que se considere promueva el fascismo.
«Relatores de Naciones Unidas, el Alto comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana han expresado en amplias comunicaciones -en los años previos en que se intentó su aprobación- que esta Ley de Cooperación Internacional, aunada a las leyes contra el odio, fiscalización y regulación de las ONG, Simón Bolívar y la ley antifascismo es la culminación y consolidación de un conjunto normativo que promueve y garantiza acciones discrecionales vinculadas a la persecución política de toda independencia, crítica, denuncia o acción colectiva, para el cierre total del espacio cívico independiente«, alertó Rendón.
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