La comisión de diálogo creada en la Asamblea Nacional (AN) de 2020 para abordar las reformas a las leyes electorales, sigue sin ser convocada a efectos de tener lista una propuesta de los cambios para su aprobación en primera discusión en la plenaria.
La advertencia es hecha de nuevo por el diputado de 2020 e integrante de la comisión, por el partido El Cambio, Aníbal Sánchez, quien el pasado 21 de noviembre señaló que la instancia tenía 15 días sin reunirse, luego de que culminara una consulta nacional sobre las reformas a las leyes del Poder Electoral (Lope), Procesos Electorales (Lopre) y Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, entre otras normativas relacionadas.
“Llegaron a un fin político”
En declaraciones a Efecto Cocuyo, el diputado atribuyó el suspenso a la sanción de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República, que a su juicio, ya contendría uno de los principales objetivos del chavismo con las reformas electorales: impedir la participación de la oposición en próximos comicios, por lo que ya no se considerarian tan necesarios los cambios a las normativas mencionadas.
“Llegaron a un fin político sin cumplir con el objetivo técnico operativo de tener un sistema electoral que fuese más garantía de representatividad, de pluralismo y que defendiera a las minorías. De no insistirse en esta necesidad se perderá el empuje y lo avanzado en la socialización o consultas hechas para las reformas electorales”, expresó el también experto electoral.
Sánchez, quien también participa en la subcomisión técnica electoral de la comisión de diálogo nacional, pone en duda que a estas alturas se pueda aprobar al menos en primera discusión, algún proyecto de ley con los cambios a la normativa electoral, antes de que finalice el año. Vale recordar que el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez había fijado como plazo el 15 de diciembre, cuando finaliza el segundo periodo de sesiones ordinarias del Parlamento.
“Haciendo referencia al deber ciudadano de defender la soberanía territorial, el respeto a los símbolos patrios y el reconocimiento de las instituciones; para muchos era él cómo llegar a un mecanismo que cerrara la puerta a la participación de candidatos que pudieran haber incurrido en éstas conductas”, dijo Sánchez.
¿Qué dice la Ley Bolívar?
El artículo 9 de la ley Bolívar que castiga a quienes soliciten o promuevan sanciones intencionales, establece que no podrán postularse a cargos de elección popular en el momento previo a los comicios, quienes hayan participado en la solicitud, respaldado, invocado o promovido, sanciones internacionales por parte de agentes extranjeros, obtenido lucro en la ejecución de medidas administrativas (congelamiento, embargo, confiscación) de activos de la República; invocado acciones armadas que afecten la soberanía nacional, así como “ataques cibernéticos”.
El artículo 13 de la ley complementa con la inhabilitación política hasta por 60 años para ejercer cargos públicos como pena accesoria a la condena impuesta por un juez.
“Es preocupante que al momento de hablar de reformas al estamento jurídico electoral, que incluye leyes orgánicas, reglamentos, resoluciones y hasta sentencias de las que han derivado normas especiales se confunda el objeto con el fin”, reprochó el diputado del partido de Javier Bertucci.
Sánchez había insistido en que antes de que finalice el año, pudiera aprobarse una reforma parcial de las leyes electorales en primera discusión en la plenaria para continuar la segunda discusión en enero de 2025 y tener lista una legislación para los procesos electorales del año próximo (regionales y parlamentarias) que incluyera por ejemplo el respeto a la representación proporcional y a la paridad de género. Luego, la propuesta era que la comisión siguiera instalada para continuar con reformas de mayor alcance.
“No sabemos si existía la voluntad política por parte del oficialismo de hacer unas modificaciones significativas y que no se quedase en una reforma parcial, que les permitiese ir a unas elecciones entre los próximos seis meses sin contravenir los preceptos constitucionales”, agregó.
Al anunciar las reformas electorales tras las presidenciales del 28 de julio, Rodríguez dijo que el objetivo era impedir que “fascistas” pudieran optar a cargos de elección popular.
La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, más el liderazgo de Maria Corina Machado, no participa en el proceso y se mantiene firme en la exigencia de que el chavismo respete los resultado electorales del 28 de julio, a favor de Edmundo Gonzalez, segun 83,5% de las actas recabadas por sus testigos electorales.
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