El expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, quien denunció este viernes a través de un comunicado público sobre el allanamiento de su vivienda en Venezuela, es una de las figuras más polémicas del chavismo y de las expropiaciones. En primera instancia fue un pilar del Gobierno de Hugo Chávez, de quien fue un íntimo aliado. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de Nicolás Maduro, se convirtió en un enemigo del Palacio de Miraflores y acusado de casos de corrupción.

Hugo Chávez lo designó como ministro de Energía y Minas en julio del 2002 y se mantuvo al frente del organismo (llamado entonces Ministerio de Petróleo) hasta el 2014. De igual forma, fue presidente de Pdvsa entre 2004 y 2014, y en este periodo estuvo involucrado en varias expropiaciones de empresas nacionales e internacionales en Venezuela.

Ramírez encabezó el acto de toma de las plantas de Cementos Mexicanos (Cemex) en los estados Zulia, Lara, Bolívar y Anzoátegui. El Gobierno de Chávez decretó la expropiación de la empresa mexicana en agosto de 2008, después que el presidente promulgó una ley que faculta de la nacionalización de toda la industria cementera.

Ramírez expuso que se tomó la decisión de expropiar las plantas de Cemex después de que fracasaran las negociaciones para un “acuerdo amistoso” de compraventa. Además. El entonces ministro celebró la decisión, puesto que la presencia de la empresa mexicana era un “enclave depredador”.

En septiembre de 2013, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) declaró “ilegal” la expropiación de la empresa Conoco Phillips. Para Ramírez, esta decisión fue un “exabrupto”, tras la nacionalización de la industria petrolera en la Faja del Orinoco.

Ramírez buscaba que la renta llegara al “pueblo”

Pdvsa expropió en julio de 2010 once taladros de la norteamericana Helmerich & Payne (H&P), tras una decisión tomada por la Asamblea Nacional. Ramírez explicó: «estamos aquí para tomar posesión, de aquí en adelante, de estos taladros».

La estrategia que planteó Ramírez era para buscar y garantizar la operatividad de la industria petrolera venezolana. En tal sentido, aseguró que la multimillonaria renta le llegue “al pueblo” en forma de beneficios sociales, a pesar que pocos años después inició la debacle de Pdvsa y el sector petrolero.

«Hoy podemos afirmar categóricamente que el pueblo venezolano es dueño y propietario de su industria y que el Estado Revolucionario está, ahora sí, colocando la renta petrolera, el producto de la explotación del petróleo, al servicio de nuestro pueblo», dijo Ramírez.

Para 2017, Ramírez era el representante de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero lo destituyeron por criticar al Gobierno de Maduro.

Desde entonces, no ha regresado al y la justicia lo acusó por corrupción, por lo que se emitió una orden de captura. En tal sentido, las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda en Venezuela el jueves y Ramírez aseguró que se violaron sus derechos fundamentales.

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