Las reglas están claras en Guacara. En ese municipio del oriente de Carabobo se tomaron muy en serio el cumplimiento de las normas de bioseguridad y las sanciones para quienes las incumplan son muy particulares.

Con un chaleco anaranjado y limpiando se ven por las calles de la localidad a quienes son capturados en fiestas, como parte de las medidas implementadas para evitar la propagación de la COVID-19.

Foto Dayrí Blanco

Esta sanción se comenzó a ejecutar una vez que el alcalde, Johan Castañeda, el domingo 28 de marzo, a través de su cuenta en Instagram y por una línea de Whatsapp que se habilitó, realizó una encuesta para decidir de qué manera se castigaría a quienes no respetaran la cuarentena.

Las opciones eran multa por 10 millones de bolívares, trabajo comunitario en espacios públicos por 48 horas, trabajo comunitario en el hospital del municipio por dos días y detención preventiva por 24 horas.

Luego de tres horas de consulta abierta, se publicaron los resultados de más de 15 mil respuestas entre las que se posicionó el trabajo comunitario en las calles, seguida de la multa que se aplica para quienes estén en la ciudad sin usar correctamente la mascarilla.

Hasta este miércoles ya eran 73 los sancionados con la limpieza y el chaleco anaranjado, y 35 con el pago de los 10 millones de bolívares.

Otras sanciones

En el municipio San Diego son sanciones administrativas las que se comenzaron a implementar contra quienes incumplan las restricciones de la cuarentena radical. A comercios que abran sus puertas fuera de los horarios establecidos o sin ser de ramo de alimentos o medicinas, se les impone una multa de 100 millones de bolívares que se le triplica en caso de reincidir.

Pero no se trata solo de figuras jurídicas. Los ciudadanos que transiten por las calles de la localidad sin el correcto uso de la mascarilla o sin distanciamiento social, tendrán que pagar 10 millones de bolívares, y el doble si vuelven a infringir lo establecido.

Todo esto está contemplado en la Ordenanza sobre Control Sanitario y Responsabilidad Social ante Pandemias y Epidemias de San Diego, aprobada en diciembre de 2020.

Mientras que en Naguanagua se retiene a quienes incumplan con medidas de bioseguridad, y son trasladados a la sede de la Policía Municipal, donde reciben una charla.

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