El sonido de las puertas de los vecinos cuando las abrían fue lo que Carlos Lozano escuchó durante dos horas. Aunque sabía que lo buscaban, permaneció encerrado mientras esperaba que un grupo de funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) entrara a su apartamento.
Un día antes de las elecciones presidenciales, el sábado 27 de julio, una comisión encabezada por el fiscal Héctor Cárdenas allanó la residencia del exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015 en Valencia, Carabobo. Su mamá, de 78 años, intentó dialogar con los hombres y mujeres. Terminó esposada y con marcas en sus brazos.
Carlos, ante la gran cantidad de funcionarios, alcanzó a alertar en sus redes sociales la irrupción en su hogar. “Se violaron los derechos al allanamiento, a la propiedad privada. Rompieron puertas, cerraduras y violaron apartamentos que son de otros vecinos. Los que entraron a la propiedad eran 36 y permanecieron en las calles más de 80 funcionarios entre motorizados, camionetas pickup y tres unidades antimotines”, recordó.
Cuatro horas duró el operativo, donde no hubo detenciones. El abogado Luis Armando Betancourt, para la fecha, declaró que desconocía el motivo del allanamiento, ya que al Foro Penal no se le dio acceso al procedimiento.
El 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, Carlos Lozano reapareció en el Colegio Monseñor Luis Eduardo Henríquez para votar. “Me motivó la fuerza y coraje de mis vecinos. Fui al último momento del cierre de la mesa y voté muy rápido, después fueron (funcionarios), pero ya yo había salido”.
—¿Valió la pena el riesgo?
—Claro que sí. Cumplí con el artículo más sagrado de la Constitución, que es el derecho a la expresión popular, al sufragio. No me iba a acobardar. Sentí miedo cuando allanaron el hotel donde me estaba quedando el 30 de julio. Iban por mí.
Una ola represiva
Errática y salvaje. Así describe el exdiputado, actualmente en el exilio, la persecución a la disidencia política en la región. “Las amenazas venían desde hace tiempo, todas las paredes de mi edificio fueron rayadas con la furia bolivariana”.
Una investigadora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) sostuvo que, antes de las elecciones presidenciales, la organización documentó casos de persecución contra la disidencia política en Carabobo.
El Estado venezolano, explicó, puede aplicar y alternar mecanismos duros o blandos de represión, según el contexto e impacto que quiera generar. En el contexto electoral, el sistema represivo se aplicó a figuras políticas a través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o tratos crueles.
“Lo que ha cambiado es que el sistema de represión se ha perfeccionado, que los castigos ejemplarizantes han generado un efecto, que la vigilancia masiva contra la población ha tenido un impacto muy profundo a nivel psicosocial», puntualizó.
Un golpe a las instituciones carabobeñas
Cepaz ha documentado casos en los que políticos con cargos de elección popular, percibidos como opositores, han sido detenidos o excluidos de sus cargos. «Hemos podido documentar casos como la detención del secretario de Un Nuevo Tiempo en Carabobo, Carlos Molina, o el hostigamiento continuo que ha sufrido Marlon Díaz, un concejal del municipio Naguanagua”, dijo la investigadora.
Carlos Molina, diputado del Consejo Legislativo del Estado Carabobo (CLEC), fue detenido el pasado 17 de agosto, cuando se retiraba de una manifestación pacífica en Valencia, en apoyo al líder opositor Edmundo González Urrutia. Molina, mientras se trasladaba en una camioneta Cherokee color marrón, fue interceptado por varios hombres y a su chofer le quitaron el teléfono y las llaves del vehículo.
🚨 🇻🇪| Así fue secuestrado el secretario general de UNT en Valencia, Carlos Molina,
pic.twitter.com/RXcf9BvI0b— Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) August 17, 2024
Según el artículo 27 de la Constitución del estado Carabobo, los diputados tienen inmunidad dentro del territorio estatal desde diez días antes del inicio de las sesiones y hasta diez días después de su conclusión o separación del cargo. La Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados establece que los legisladores poseen inmunidad en los términos de la Constitución y que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, debe autorizar de manera privativa el enjuiciamiento. El Consejo Legislativo local es el que debe otorgar su autorización para proceder con la detención.
Miembros de la facción de Unidad del CLEC han calificado la detención de Molina como arbitraria. Un integrante de la misma fracción, que pidió resguardar su identidad, comentó que, tras la detención del legislador, uno de sus 16 suplentes ocupó su cargo en la siguiente sesión ordinaria, para su posterior retiro.
Alexander Suárez, presidente del CLEC, no ha emitido a través de sus redes sociales (canal regular de información) algún comentario sobre la detención de Molina. Aunque aseguró que tras instalar el segundo periodo de sesiones ordinarias, el 17 de septiembre, continuaron venciendo supuestas amenazas fascistas a través de la “institucionalidad y fiel cumplimiento de la Constitución”.
Desde el 17 de agosto, el partido político Un Nuevo Tiempo no ha emitido un comunicado sobre Molina, Efecto Cocuyo contactó con dirigentes locales y no obtuvo respuesta. Tras su detención y traslado al Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), familiares no han declarado a medios de comunicación locales.
Detenciones e intimidación
La investigadora de Cepaz recalcó que cuando los perseguidos políticos poseen cargos de elección popular, el impacto en la democracia es profundo, ya que se debilitan las instituciones, limita la representación política de disidentes, se socava la confianza en procesos electorales y atenta la soberanía popular expresada a través del voto.
Vicente Scarano, diputado suplente del CLEC y coordinador general de la Alcaldía de San Diego, fue detenido el 2 de agosto por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes intentaron capturar a su padre, el exalcalde y excandidato a la gobernación de Carabobo, Vicencio Scarano.
Scarano permaneció tres meses en Tocorón y fue excarcelado el 16 de noviembre. Al igual que otros presos políticos postelectorales, el ingeniero civil debe presentarse mensualmente en un tribunal de terrorismo en Caracas. Está acusado de terrorismo, financiamiento al terrorismo, incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir.
El Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) ha alertado que, tras las últimas rondas de excarcelaciones, los detenidos tienen prohibido dar declaraciones a los medios de comunicación, tomar fotografías o subir videos a sus redes sociales.
Marlon Díaz, médico, abogado y exconcejal del municipio Naguanagua, fue testigo durante un tiempo de la llegada de patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a su casa. Decidió hacer la denuncia el 18 de agosto, tras recibir un sobre dirigido a su nombre que contenía una amenaza: “Te tengo en la mira”.
Un mes después, el Concejo Municipal de Naguanagua, con los votos de siete concejales oficialistas, declaró la ausencia absoluta y definitiva de los representantes de la oposición Marlon Díaz (Primero Justicia) y Elianne Atahue (Un Nuevo Tiempo), por abandono de sus funciones legislativas.
En una sesión ordinaria, Gerardo Ramírez, presidente del cuerpo, explicó que la medida se basó en el artículo 52 del Reglamento de Interior y de Debates. Además, Ramírez señaló que la decisión se fundamenta en la presunta persecución y acoso de ambos concejales “al pueblo chavista” durante los días 29, 30 y 31 de julio.
¿Aniquilamiento de la democracia?
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) establece que la persecución fundada en motivos políticos de un grupo o colectividad es un crimen de lesa humanidad. “Por persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional, en razón de la identidad del grupo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recientemente presentó el informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, en el que, tras documentar tres etapas, concluyó que la represión tras la elección presidencial del 28 de julio “incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”.
De acuerdo con la CIDH, la institucionalidad democrática en el país no está guiada por la separación y el equilibrio de los poderes públicos, como establece la Carta Democrática Interamericana. El informe refleja que la Asamblea Nacional electa en 2015 fue la última institución del poder público con legitimidad democrática.
Una activista venezolana, que pidió resguardar su nombre por seguridad, recordó que los comicios estuvieron marcados por un recrudecimiento en los actos de persecución política desde el 2013.
«Las conductas persecutorias no solo se han repetido en cada período electoral, sino que también han aumentado en intensidad, frecuencia y sofisticación», menciona como parte de una investigación.
Según la activista, en el país se cumplen extremos para considerar que se cometen crímenes de persecución: “Más que un retroceso democrático, se trata del aniquilamiento de la democracia. Y, por supuesto, se trata de un mecanismo de represión contra opositores reales o percibidos”.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela presentó en octubre un informe, en el que expuso que hay motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” en las elecciones de julio.
En el documento de 158 páginas, se acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, violencia sexual y de género antes, durante y después de unos comicios marcados por la persecución de opositores. La Misión concluyó que estas violaciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de represión que ya había sido documentado en informes anteriores.
The post La represión se perfeccionó en Carabobo contra la disidencia política appeared first on Efecto Cocuyo.
