El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro, presentó ante la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo, el sábado 15 de febrero, su propuesta de reforma a 80 artículos de la Constitución, impulsada por Hugo Chávez en 1999.
No se conoce públicamente el contenido del documento que Maduro llevó a la AN de 2020 y su exposición sobre el articulado fue de manera general, pero sí dio algunas pistas de hacia dónde se orientan los cambios a la Carta Magna: la consolidación de su modelo de Estado comunal, la promesa de un nuevo modelo de desarrollo económico y su idea de que se convierta en una Constitución “antifascista”.
Politólogos consultados por Efecto Cocuyo recuerdan que la Constitución de un país es un pacto social, producto de una coyuntura política importante. Advirtieron que, prescindiendo del consenso nacional, Maduro y su entorno buscan adaptar la Carta Magna a una nueva etapa iniciada tras el desconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio: la instauración de un Estado autocrático y totalitario.
A juicio de María Isabel Puerta Riera y Luis Remiro, el chavismo madurismo va dirigido a echar las bases jurídicas de la “abolición” de la oposición, señalada de fascista y la concentración del poder bajo la “fachada” de la participación popular.
Constitución “antifascista”: ¿qué significa?
Ante las cabezas de los poderes públicos, en el Palacio Legislativo, Maduro habló de la creación de penas “más draconianas” para enfrentar “amenazas fascistas, neofascistas, sionistas”, entre otras expresiones, para “dejar claro” en la Carta Magna que no serán toleradas.
“Desde 2015, cuando el chavismo perdió la AN, aparecieron indicios de la necesidad de evitar cualquier posibilidad por vía institucional para removerlo del poder, ahora con esta reforma, buscan blindarse para tratar de evitar el cambio político, una vez cruzada la línea del 28 de julio, proscribir a los partidos de oposición, legal y constitucionalmente, para que no haya ninguna oposición real”, advirtió Puerta Riera.
Para la profesora de Ciencia Política, el “antifascismo” que promueve la administración de Maduro ─devenida en un “régimen totalitario” a partir del 10 de enero, cuando tomó posesión del cargo de Jefe de Estado sin publicarse las actas de votación del 28 de julio─ se refiere a poder gobernar el país sin opiniones disidentes, sin nadie que contradiga la línea oficial.
“El objetivo es bloquear toda forma de oposición política ideológica, eliminarles la personalidad jurídica, generar en la población una sensación de indefensión al no poder contar con la interlocución de los partidos políticos ni la sociedad civil”, sostuvo.
Luis Remiro coincide en que la reforma constitucional con las líneas expuestas por Maduro es un “paso natural” en el proceso de “autocratización” en el que Miraflores avanza luego del 28 de julio.
“Simplemente se formaliza el estado actual de las cosas, no hay estado de derecho porque ningún ciudadano está amparado frente al poder, cualquier cosa que pueda alterar la estabilidad del régimen, será considerado fascista y por lo tanto será enfrentado y anulado. También es un mensaje a los países”, apuntó.
Gobierno comunal: ¿participación o centralismo?
Sobre el nuevo sistema de gobierno comunal, Maduro explicó que se plantea incluir «ampliamente» el «poder comunal», para un total de «cuatro instancias de poder», además de nacional, regional y municipal.
Hasta ahora el slogan “más poder para el pueblo”, que data de la era de Chávez se traduce principalmente en la “transferencia directa” de recursos del poder central a las comunidades a través de los Consejos Comunales, para la ejecución de obras, sin pasar por gobernaciones y alcaldías. Desde 2024, el gobierno ha sometido a votación los proyectos en cada comunidad para que sus habitantes decidan sus prioridades en procesos marcados por una baja participación y poca difusión.
Expertos han advertido que dicho modelo se traduce en una concentración de poder en el Ejecutivo – sin contraloría alguna en la ejecución de los recursos – que pasa por encima a actuales competencias constitucionales de alcaldías y gobernaciones, puesto que los Consejos Comunales solo atienden líneas del partido Psuv.
Remiro concuerda en que se erosiona el poder de las regiones a favor de la administración central que baja líneas directas a la “redes clientelares” constituidas por los Consejos Comunales y Comunas que manejan en los sectores más desfavorecidos, el acceso a los alimentos (bolsas Clap), ayudas en materia de salud y servicios públicos, lo que se traduce, afirmó, en mayor control.
“El Estado comunal no es más que un pretexto para avanzar en la desdemocratización del país, darle marco jurídico a ese proceso. El estado comunal siempre fue una amenaza a través del experimento fracasado de los Consejos Comunales que Chávez ofreció como más democracia pero es centralismo, manejar todo a través del partido, eliminar todo vestigio de institucionalidad democrática porque saben que no ganan elecciones”, alertó Puerta Riera.
La autora del libro Crisis de la Democracia: ¿en el umbral de la posdemocracia? No descarta que parte de la transformación del sistema político que ofrece Maduro incluya la eliminación de las elecciones universales, directas y secretas por una especie de elección de segundo grado para que el sistema electoral deje de ser democrático y competitivo y así consolidar la hegemonía política.
Comisión para la reforma: poderes alineados con Maduro
En el acto del 15 de febrero, Maduro dio 90 días a la comisión especial, encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab, para debatir y elaborar un proyecto definitivo de reforma de la Constitución.
La comisión también está integrada por Cilia Flores, diputada de 2020 y esposa de Maduro; la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el diputado de 2020 Hermánn Escarrá. También colaborarán el presidente de la AN, Jorge Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
Es decir, impulsarán la reforma junto con Maduro, las cabezas de los Poderes Públicos alineados con su permanencia en el poder con el apoyo de la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“El régimen político se está blindando para no salir del poder, el tema no es solo jurídico, es una jugada política con la que Venezuela entra en un régimen totalitario, un sistema distinto al de 1999 y que implica una ruptura con cualquier visión de un régimen político democrático”, recalcó Puerta Riera.
Remiro subrayó que la conformación de la comisión especial para la reforma constitucional es el mensaje claro de una “clase hegemónica” que no permite disidencia y que impone su poder apoyado por las armas de la República, en este caso la FANB.
“A diferencia del proceso constituyente de 1999 este será un proceso cerrado. Maduro anuncia una consulta como simple trámite porque es la clase política dominante la que impondrá su estado totalitario al resto de la población”, alertó.
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