Otra vez Petróleos de Venezuela (Pdvsa) acapara titulares porque alguien dentro de la propia revolución “aprovechó” sus funciones en la estatal para intereses propios. Para analistas políticos es muy cuestionable que sigan estallando escándalos sobre ilícitos en la empresa sin la aplicación de verdaderos correctivos, puesto que las medidas parecen reducirse a pases de factura entre grupos de poder mientras la corrupción sigue campante y el holding queda como el “botín” al que todos quieren ponerle la mano.
El caso más reciente arrojó la detención de otro ministro del Petróleo y cabeza de Pdvsa, Pedro Tellechea, poco tiempo después de pasar al Ministerio de Industrias y Producción Nacional y renunciar. En la trama de corrupción develada por el propio gobierno anteriormente, cayó nada más y nada menos que uno de los hombres fuertes del chavismo, Tareck El Aissami al que antecedieron otros escándalos en una larga cadena que parece no tener fin.
En marzo de 2023, el fiscal general, Tarek William Saab, declaró que desde que llegó a dirigir el Ministerio Público en 2017, han detectado 27 tramas de corrupción Pdvsa. Con Tellechea llegaría la 28.
Pero la ONG Transparencia Venezuela ha dicho que la cifra del fiscal general se queda muy corta, puesto que ha documentado 127 casos de corrupción investigados en varios países como Estados Unidos que comprometieron 42 mil millones de dólares del patrimonio público.
A continuación, un resumen de los casos más sonados que han involucrado a peces gordos del chavismo, diputados, alcaldes, empresarios y hasta artistas.
Tellechea y el «cerebro» de Pdvsa
El lunes 21 de octubre, Saab confirmó lo que era un rumor desde la madrugada del domingo, la detención del exministro del Petróleo, expresidente de Pdvsa y exministro de Industrias y Producción, Pedro Tellechea. Mediante un comunicado explicó que el militar estaba señalado de «la entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de Pdvsa, a una empresa controlada por los Servicios de Inteligencia de EEUU».
El fiscal habló de otros detenidos, “inmediatos colaboradores” de Tellechea como parte de una investigación por “graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación”, pero no dio más nombres ni cantidad de apresados, extraoficialmente se habla de al menos seis personas. Fuentes judiciales le dijeron al periódico oficialista Últimas Noticias que también era interrogado por el caso el actual presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.
Tellechea ya fue condenado por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien duda de la inocencia del exministro y lo señaló de “traición a la patria”, al entregar según afirmó, el “cerebro de Pdvsa” a la misma empresa que participó en el golpe de estado contra el gobierno de Hugo Chávez en 2002.
Las apuestas giran en torno a que podría no ser la única ficha en salir del juego en el círculo de poder. De hecho, Obregón, sustituto de Tellechea en la presidencia de Pdvsa y también miembro de la junta directiva, es igualmente vinculado a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, actual vicepresidenta ejecutiva y ministra del Petróleo y el presidente de la Asamblea Nacional de 2020.
Pdvsa-Cripto
El 11 de abril de 2024, el Ministerio Público (MP) acusó a El Aissami ante un tribunal contra el terrorismo por traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El otrora hombre fuerte del chavismo estaba “desaparecido” de la escena pública desde marzo de 2023, cuando renunció al cargo de ministro del Petróleo para facilitar las investigaciones por el desfalco de 3.000 millones de dólares a la estatal petrolera.
Junto a El Aissami, cayeron el diputado del Psuv y exministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa y su cuñado Pedro Alejandro Herrera, el para entonces superintendente de criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez, el exministro de Finanzas, Simón Zerpa (señalado de especulador financiero) y Samark López, señalado como testaferro de El Aissami por el fiscal. La trama fue bautizada como Pdvsa-Cripto que en total habría provocado la aprehensión de 61 personas. No se conoce con precisión qué cantidad pasó a juicio y quiénes fueron liberados.
La trama Pdvsa-Cripto también salpicó al alcalde de Fuerza Vecinal Darwin González, por la detención de los directores de la Alcaldía de Baruta, Harold Sosa y Juan Carlos Posner por autorizar la construcción de obras de lujo en Las Mercedes, a cargo de la empresa HP, de Rafael y Roger Perdomo, también apresados por el escándalo de corrupción de Pdvsa. El alcalde González salió ileso de la investigación.
Otro detenido fue Álvaro Enrique Pulido Vargas, empresario colombiano, socio de Alex Saab. Una investigación de Armando.info reveló que Pulido y Saab «deben» a Pdvsa alrededor de 1.500 millones de dólares, asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por ambos empresarios. De acuerdo con el medio, ambos también figuran entre los intermediarios que más petróleo se llevaron de Pdvsa sin pagar.
Entre los apresados estuvieron además el exvicepresidente de Suministro y Comercialización de Pdvsa, Ysmel Serrano; los directivos de la Faja Petrolífera del Orinoco, Jackeline Perico, José Luis Silva y José Lima; el exvicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, coronel José Antonio Pérez Suárez, el coronel Marino Lugo Aguilar, exdirector de Mercado de Pdvsa (murió bajo custodia del Estado); los empresarios Manuel Meneses, Roger Ramírez, Juan Manuel y Afonso López, Daniel Prieto, Johana Torres, Bernardo Arosio; la modelo y animadora Ximena Parada y el expresidente del equipo Mineros de Guayana, Alejandro Arroyo.
Sabotaje y Citgo
El 30 de noviembre de 2017 fueron detenidos el para entonces ministro del Petróleo, Eulogio del Pino y el presidente de Pdvsa, Nelson Martínez.
Al primero se le señaló de participar en un supuesto sabotaje de la empresa mixta Petrozamora que ocasionó pérdida de 15 millones de barriles de crudo y daños patrimoniales por más de 500.000.000 de dólares, además de alteración de cifras de producción. Su pase a juicio fue ordenado en febrero de 2021.
A Martínez de estar relacionado con los seis directivos de Citgo apresados, condenados y luego canjeados con Estados Unidos, señalados de firmar un acuerdo para refinanciar deuda de la filial con EEUU que perjudicó los intereses del país.
En diciembre de 2018, Martínez murió bajo custodia del Estado por supuesta falta de atención médica. La versión oficial es que falleció por “complicaciones cardíacas”.
El Aissami contra Rafael Ramírez
El 30 de agosto de 2022, la Fiscalía solicita orden de captura contra el exministro del Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, señalado por el entonces ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, de aceptar un financiamiento de capital de trabajo a Pdvsa por un monto de 17 mil 490 millones de bolívares, por parte de la empresa Administradora Atlantic 17.107 C.A y que nunca ingresó a las arcas de la petrolera, pero en cambio sí se realizó un pago en dólares a lo largo de un año a dos fondos ubicados en Panamá y San Vicente y las Granadinas.
Ramírez, actualmente en el exilio, se dice que en Italia, ha negado las acusaciones y se considera perseguido político por romper con el gobierno de Nicolás Maduro – al que tacha de “corrupto” y “no democrático” – de quien fuera su embajador ante Naciones Unidas hasta 2017.
Un tribunal también emitió orden de captura contra Juan Andrés Wallis Brandt, Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas, Abraham Ortega Morales, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Víctor Aular Blanco, este último exvicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela durante la gestión de Ramírez, que fue aprehendido.
En todos estos casos de corrupción, ONG como Transparencia Venezuela y partidos tanto de oposición como exliados del chavismo, entre ellos el Partido Comunista de Venezuela (PCV), han condenado el “silencio atronador” de la Contraloría General de la República con Elvis Amoroso y ahora el militar Jhosnel Peraza, quienes nunca han hablado de investigaciones sobre el manejo de fondos públicos pero sí de inhabilitaciones políticas contra dirigentes de la oposición.
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