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La lucha asimétrica emprendida por los ciudadanos venezolanos desde hace más de 21 años contra un régimen devenido en corporación criminal, con sus vicisitudes y alternativas, no nos conducirá a la claudicación de ninguna manera porque la mayoría del país lo impediría. Ha sido una lucha ciudadana motivada por los pilares republicanos de la libertad, la justicia y el progreso, en la que se ha puesto en evidencia mucha reciedumbre al extremo del sacrificio de la propia vida.

Lamentablemente, no ha estado exenta de desvaríos inducidos por direcciones políticas que no han estado a la altura de las aspiraciones y los compromisos de quienes lo han dado todo en el primer frente del combate desigual que se ha librado con mafias minoritarias pero criminales, amparadas por el antihistórico poder de fuego de las armas del Estado secuestrado.

Jamás cederemos en nuestra convicción de que el régimen al violar, desde un inicio, sistemáticamente el orden constitucional, se convirtió en totalitario al controlar los ámbitos económico, político y ético- cultural de la nación. Para convertirse finalmente en una férrea corporación criminal y en una amenaza para las democracias del continente.

La solidez de la fuerza ciudadana nos llevará indefectiblemente al restablecimiento del orden democrático y constitucional quebrantado. Se ha avanzado con mucho trabajo, constancia y paciencia de las víctimas y los defensores de los derechos humanos en el camino que ofrece la Corte Penal Internacional, para dejar en claro los muchos crímenes de lesa humanidad ejecutados impunemente por el régimen. Resulta un exabrupto inconcebible que la dirección política de la oposición plantee como salida la cohabitación con el régimen, lo cual es indignante y contraría nuestro carácter libertario. Esto echaría por la borda el limpio trabajo adelantado ante la justicia internacional al pretender dejar impune a la cadena de mando, con responsabilidades personales y directas, que ha ordenado la comisión de los crímenes horrendos. En nuestro país no contamos con un cuerpo legal de normas sustantivas y procesales para dirimir crímenes de lesa humanidad. Advertimos del despropósito del mensaje errático que se da con esa propuesta indecente y apaciguadora de decirle al mundo: “no se metan, nosotros nos ocupamos de lidiar con esto solos”, imposible con los tribunales sometidos a la usurpación.

Si hay acuerdo político con las mafias, entonces para qué seguir investigando, dirá la Corte Penal Internacional. Opinamos que la gravedad de los crímenes perpetrados afecta a la humanidad y merecen ser juzgados en la instancia de la CPI.

La consulta popular de la forma manejada por el estamento político nació muerta. Desvirtuó la propuesta trabajada con mucho fundamento por ANCO.

La consulta popular que delineó ANCO le tomó tiempo estudiarla, pulirla y llevarla pacientemente en peregrinación a los principales foros del país. No consiste en preguntar de qué color es el caballo de Bolívar sino busca un expreso mandato. Lo que persigue es que la soberanía popular ordene el cese de la usurpación, y que luego, mediante un gobierno de transición, se organice y convoque unas elecciones libres. Y finalmente pretende que se acuerde un permiso a la comunidad internacional para ayudarnos en el restablecimiento de la democracia, con el uso de la fuerza, si fuere necesario, para acabar con los delitos de lesa humanidad.

La consulta que está rodando es otra cosa y no le arriendo ganancias. No queremos otra frustración al valiente ciudadano que resiste con mucha dignidad.

¡No más prisioneros políticos, torturados, asesinados, ni exiliados!

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