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La crisis del transporte público no es nueva, la reducción de la flota disponible, su obvio deterioro y el persistente aumento de las tarifas ha afectado a la población desde el 2008, sin embargo, cuando a un problema no se le atiende este solo puede crecer y empeorar. Hoy llegamos a la tormenta perfecta en Carabobo, las pocas unidades de transporte adscritas a las líneas y cooperativas registradas están incrementando sus tarifas de forma constante empujados por la hiperinflación y la dolarización, las unidades de transporte adscritas a la gobernación, las llamadas “Transdrácula”, son cada vez más escasas sin que el gobernador Rafael Lacava explique los motivos de tal fenómeno ni los diputados en el Consejo Legislativo regional tengan algo de valor para pedir explicaciones.

La crisis del transporte es tan grave que sus consecuencias socioeconómicas sobre la población son inocultables. La ausencia de plataformas de pago electrónico en las busetas, en coincidencia con la escasez de efectivo, hace imposible que los trabajadores puedan tener dinero con el cual pagar su pasaje. El efectivo mismo es una mercancía, los ciudadanos deben buscar quién les “venda” bolívares en efectivo a cambio de bolívares digitales vía transferencia o pago móvil, generalmente, este “servicio” supone un recargo del 20%, es decir, un trabajador debe pagar Bs. 1.000.000 para recibir Bs. 800.000, lo peor, ese 20% debe restarse a los peores salarios del continente. Recuérdese que las entidades bancarias tienen un techo para entregar efectivo,  Bs. 400.000 o menos, dependiendo del banco.

Desde hace años hemos estado escuchando historias dramáticas de personas que renuncian a sus trabajos porque con sus salarios no pueden pagar los gastos de transporte. Piénsese en los educadores, el personal de salud, los policías y demás funcionarios públicos cuyos salarios no superan los 5 dólares al mes, pero en realidad, todos los trabajadores indiferentemente de su salario padecen los efectos de estás circunstancias. 

Pero ahora tenemos otros dilemas, enteramente nuevos, que plantean desafíos para una sociedad martirizada. En Tocuyito, desde dónde escribo estas líneas, muchos trabajadores dejaron de laborar en sus respectivos oficios en Valencia, San Diego y Naguanagua dado que, entre los salarios devaluados y el aumento del pasaje, estaban gastando más de lo que ganaban. ¿Pero alguien, en su sano juicio, en los ensimismados despachos del Capitolio,  puede creer que existe el mismo número de empresas y puestos de trabajo en Tocuyito como para absorber a toda esa fuerza laboral que fue empujada a buscar un empleo al cual puedan llegar a pie o en bicicleta?

Estamos presenciando, resultado de la crisis del transporte, que se intensifican las brechas sociales entre los habitantes de Valencia, San Diego y Naguanagua con respecto a los habitantes de Libertador. Es decir, las zonas industriales y comerciales dejarán de representar oportunidades de superación personal y profesional para quienes viven en mi municipio porque, ahora, mis vecinos no pueden trasladarse hasta ellos. En ese contexto, los ciudadanos de Tocuyito y Campo Carabobo tendrán que 1) conformarse con la precariedad laboral (empleos de baja remuneración, el sub empleo o la informalidad) 2) el desplazamiento interno (mudarse forzosamente a otra ciudad) o 3) meditar la posibilidad de emigrar y buscar las oportunidades que le niega Venezuela en otra nación. Es que 2+2=4, nos vamos a enfrentar, gracias a la indolencia gubernamental, a la letal combinación de desidia y frivolidad que representa el alcalde Juan Perozo y Rafael Lacava, a la inviabilidad de Tocuyito como ciudad. 

Si esto no fuera preocupante en si mismo, la pandemia nos debería obligar a ver la crisis del transporte también como un problema de salud pública. En VTV, y en el resto de los medios de comunicación en manos de la dictadura, se muestran micros dónde le dicen a la ciudadanía que “tengan conciencia” y guarden el “distanciamiento social” en las unidades del transporte. A los que hacen esos micros les falta calle o les sobra cinismo. Estoy deseoso de escuchar la explicación de Freddy Ñañez, Ministro del Poder Popular para la Mentira Oficial, de cómo se respeta el distanciamiento social en busetas o camiones dónde los pasajeros deben estar como sardinas en lata si quieren llegar a sus casas. Pero ya, vamos a adivinar: es culpa del imperio, del capitalismo, de Trump, de Obama, de Biden, de la conquista Española, de Colón y Francisco Fajardo, es culpa de los Adecos y Copeyanos, es culpa de los Venezolanos que insisten en trabajar para comer y no se conforman con los “bonos de la patria”, es culpa del cambio climático y del neoliberalismo, es culpa del Cáncer que mató a Hugo Chávez o culpa de la bala que mató a Kennedy. Pero nunca, nunca, es culpa de los que anunciaron en días recientes que comprarán armamento militar a Rusia, China e Irán antes que comprar más busetas para suplir y renovar la flota del transporte público.

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica

 

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