Entre los crímenes horrendos que se han gestado en la Venezuela del socialismo-chavizta del siglo XXI, hay uno que no olvidaré jamás. Por los lados de la escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, unos jóvenes universitarios corrían entre unos arbustos, completamente desnudos, mientras eran perseguidos por hordas de “colectivos’, afectos al régimen de la llamada revolución bonita. Habían sido, no solo desnudados, también a la chica le habían rapado su larga cabellera.
Fueron necesarios años de turbulentos enfrentamientos, desde 2014 (y acaso antes, en las gigantescas manifestaciones contra el régimen socialista) hasta finales de 2018, para que finalmente, la totalidad de las universidades venezolanas, republicanas, autónomas, públicas y democráticas, terminaran siendo controladas por el régimen totalitario de izquierda radical.
Esta es la rotunda y real verdad. La universidad venezolana, hoy, descansa sobre unos escombros visibles desde cualquier ángulo que se la pueda observar. Hablamos de la generalidad del sistema universitario venezolano. Bibliotecas incendiadas, laboratorios de alta tecnología saqueados, mobiliario robado, infraestructura colapsada, nulos sistemas de servicio, mantenimiento, así como inexistencia en los sistemas de actualización de información, dotación de bibliografía ni intercambio científico, humanístico y tecnológico.
A esto se agrega ahora, a partir del 8 de marzo del año en curso, la obligación de suministrar la data de nómina de todo el personal docente, de investigación, extensión, personal administrativo, obrero y de estudiantes beneficiados con los sistemas de becas y ayudantías. Toda esta información debe estar disponible para ser administrada a través de la llamada plataforma oficial del sistema Patria. A través de esta plataforma virtual se controlan los servicios, tanto del carnet de la patria, el Plan de abastecimiento de las llamadas Cajas Clap (servicio para surtir alimentos), entre otros servicios.
Si ya las universidades nacionales habían sido sometidas a un claro, evidente, notorio y público control presupuestario, donde año tras año apenas el régimen suministraba mínimo presupuesto para cancelar sueldos y salarios, y repetía las mismas asignaciones, trayendo como consecuencia una insuficiencia en la adquisición, adecuación, renovación y mejoras, tanto en la docencia, investigación aplicada como en los servicios de extensión comunitaria y producción, era evidente que la institución universitaria viera comprometida su pertinencia académica en la conformación de una nación social y económicamente estable y de acentuado progreso.
Pero es que ahora, una vez completado el plan de control total del sector universitario nacional, se inicia otra nueva fase de control, ya individualizado, con nombre, número de cédula de identidad, dirección de habitación, número telefónico y fotografía. Si antes las ‘razzias’ de las grandes protestas fueron apagadas con sangre y fuego, arrasando con todo. Ahora las persecuciones van a ser individualizadas frente a una población total y absolutamente indefensa. Esto, porque el cerebro pensante, el académico, va a ser constantemente vigilado, monitoreado, fiscalizado, censurado y controlado a través del sistema Patria.
Desde el 8 de marzo de 2021 los docentes universitarios venezolanos y la academia venezolana en general, de las universidades republicanas, autónomas, públicas y democráticas, solo devengarán como sueldo-salarios, ‘bonos’. Los organismos de protección social-gremial, como institutos de previsión y protección social, fondo de jubilaciones, asociaciones, sindicatos y federaciones, en la práctica van a desaparecer, sea por no recibir fondos monetarios o sencillamente, porque se les prohibirá su existencia, sea por vía ejecutiva, o de hecho.
Las instancias que han cometido semejante atropello contra las universidades, su comunidad y el Alma Mater (Alma Nutricia), sea el Consejo Nacional de Universidades (CNU), sea la Oficina de Planificación del Sector Universitario(OPSU), carecen de facultades jurídicas por ser instancias de segundo y tercer nivel administrativo frente a la ‘autonomía de origen’ que la Constitución Nacional venezolana le otorga a los Consejos Universitarios de las universidades nacionales.
Indudablemente, estamos de facto frente a una realidad donde no existe Estado de Derecho alguno y las decisiones del régimen totalitario vienen cumplidas a través de los entes del poder, respaldados, tanto por la fuerza militar-policial, como aquellos organismos paramilitares que se encargan de cumplir órdenes.
El daño que se está ejecutando contra el Alma Mater en Venezuela, no es tanto el control de un pago mensual de miseria y humillación (en promedio cada miembro de la comunidad universitaria venezolana devenga mensualmente cerca de 5$) como la desaparición de la autonomía de origen que le permitía a la comunidad universitaria, a través de sus organismos colegiados, elegidos democráticamente, seleccionar a sus autoridades y administrar sus propios recursos administrativos. Esta imposición agravará aún más la ya delicada migración de docentes, investigadores y personal administrativo, obrero, y de estudiantes, quienes no podrán acceder a estudios en universidades privadas.
Vienen tiempos más tenebrosos y de oscurantismo académico para Venezuela. El empobrecimiento educativo, en todas sus etapas, es alarmante y semejante a crímenes de Lesa humanidad. Todo régimen totalitario es contrario al rigor académico y al desarrollo de ciudadanos virtuosos y amantes del progreso y la cultura.
La universidad republicana, democrática, autónoma y pública existe desde 1721, y 20 o 30 años de barbarie no significarán más que una triste pausa en su Alma Mater. La constancia académica, su práctica científica, humanística y tecnológica derrotarán y sepultarán la mentalidad marginal de quienes hoy, con la fuerza de las armas, la censura, la arbitrariedad e intimidación amenazan las puertas del saber.
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