Jesús Ollarves Irazábal

 

Dos jóvenes, Eduarlis Carolina Falcón Torrealba y Eliannys Andreína Martínez Roñoz, fueron encontradas asesinadas con signos de abuso sexual y de estrangulamiento, en el municipio Turén, en el estado Portuguesa.

Todo indica que se trata de feminicidios, de asesinatos de mujeres por ser mujeres y en los cuales el victimario considera a su víctima como un objeto, utilizable, intercambiable y descartable. Por eso, en algunos casos, tras una agresión sexual, la víctima es asesinada y su cuerpo es desechado en terrenos baldíos o, incluso, en vertederos de basura.

Los registros de la organización no gubernamental Utopix indican que durante 2020 al menos 256 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en Venezuela.

Por lo general, el feminicidio constituye el último eslabón de un ciclo de violencia, que puede y debe ser advertido a tiempo por el Estado, a través de políticas públicas integrales con énfasis en la prevención, a efectos de evitar el desenlace fatal.

Algo está fallando en lo que hace el Estado venezolano (quizás no está haciendo lo suficiente) para garantizar a las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores una vida libre de violencias, a lo cual está obligado constitucional y legalmente.

La emergencia humanitaria compleja que sufren los venezolanos y venezolanas tiene un peso adicional para las mujeres, adolescentes y niñas. Al mismo ritmo del deterioro de sus condiciones de vida, aumentan las diversas formas de violencia basadas en género. Y, por si fuera poco, la pandemia de COVID-19 ha elevado los riesgos.

Incluso si las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores asumieran voluntariamente correr riesgos, por ejemplo al migrar a pie y sin documentos de identidad, el Estado venezolano, y los Estados de tránsito y acogida, en virtud del principio de responsabilidad compartida en procura de una migración regular, ordenada y segura, son responsables de ofrecer una atención diferenciada a este sector de la población

En algunos casos, la relación causa-efecto es muy clara, por ejemplo cuando se trata de sexo por supervivencia. Sin embargo, las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores afrontan una mayor exposición a las amenazas de diversas formas de esclavitud moderna, entre ellas la trata de personas.

Para evitar los feminicidios hay que hacer valer las obligaciones de protección estatal. El feminicidio es una expresión técnica acuñada por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, en la década de los 90 y en el contexto de la proliferación de asesinatos de mujeres por razones de género en Ciudad Juárez. Cuando se comete un feminicidio, la diferencia entre una correcta administración de justicia y la impunidad, es la sunción (o no) de la responsabilidad del Estado, ya sea por acción o por omisión.

La prevención debe ser la clave de toda política pública en materia de violencias basadas en género, para evitar daños irreparables. Es necesario y posible evitar los feminicidios, pero para ello es necesario que el Estado asuma cabalmente su deber de proteger antes de que sobrevenga la muerte.

En Venezuela no está garantizado el acceso real, material y efectivo de las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores al sistema de administración de justicia. Y cuando ellas entran a la burocracia policial-fiscal-judicial pueden ser revictimizadas, ya sea por indiferencia, indolencia o ignorancia. Ello configura la violencia institucional, claramente establecida en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una modalidad de violencia.

Para empezar, algunos funcionarios policiales, fiscales y judiciales no toman en serio (por distintas razones) los relatos de las víctimas. En muchas ocasiones, las mujeres víctimas de violencias deben suministrar los insumos (incluidos papel y tinta), para que el personal de los tribunales trabaje en sus expedientes o para que sean impresas boletas de convocatorias judiciales.

Aunque existe una ley especial, vigente desde 2009, urge la adopción de un reglamento que unifique los procedimientos de atención a las víctimas, o el manejo de sus casos con una adecuada coordinación interinstitucional.

Entre los obstáculos más visibles para evitar los feminicidios destaca la ausencia de datos oficiales actualizados y desagregados, los cuales son imprescindibles para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas integrales destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Y solo a partir de políticas públicas integrales (pues no basta con disponer de normas, más o menos adecuadas a los más altos estándares de protección) es posible asegurar que las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores gocen de una vida libre de violencias.

Es ilógico esperar la muerte para actuar, porque la muerte siempre será un daño irreparable. Pero, cuando fatalmente ocurra un feminicidio, aunque sea uno solo, el Estado debe actuar con diligencia y garantizar acceso a la justicia a las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover y defender los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores.

Los venezolanos y venezolanas estamos inmersos en una dinámica violencia generalizada, pero que tiene un impacto diferenciado y mayor sobre la vida de las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. Y ante ello, ¿Qué hace el Estado? Si estuviera haciendo lo suficiente, Eduarlis Carolina Falcón Torrealba y Eliannys Andreína Martínez Roñoz no habrían sido víctimas de feminicidio.

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