Un presidente sin respaldo popular no puede ganar elecciones, salvo que estas sean producto de ventajismos y de arbitrarios obstáculos institucionales impuestos a sus contrincantes. Un resultado favorable a un candidato impopular sería inverosímil y haría flotar en la comunidad internacional la duda razonable sobre la legitimidad de la “victoria” así obtenida. La cayapa institucional para inhabilitar opositores es una expresión del autoritarismo sin límites que empaña el proceso electoral y alimenta el conflicto político.
Para superar la crisis política se suscribió el Acuerdo de Barbados, en cuya cláusula primera se afirma: “Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”. La oposición eligió a María Corina Machado como su candidata el 22 de octubre de 2023. Ante lo claro de lo pactado y de lo ocurrido, el gobierno esgrime el “Acuerdo Nacional sobre Garantías y Calendario de Presidenciales 2024”, entre el Poder Legislativo y “sectores del país”, que no incluye ni a la candidata elegida ni a otros grupos políticos de peso en la oposición. Por lo tanto, este acuerdo no es oponible al sector de la oposición que no participó en su discusión.
Sea lo que fuere, de lo que se trata es de lograr la derrota electoral de Nicolás Maduro y superar los obstáculos que traban el camino. Para ello se necesita espíritu de compromiso para confeccionar acuerdos entre los opositores en la búsqueda del objetivo común que es la recuperación de la democracia. Para eso contamos con una referencia que es el Pacto de Puntofijo, el cual permitió la estabilización de la democracia en sus años iniciales. La responsabilidad de los dirigentes políticos de la época fue determinante para vencer los incesantes ataques contra la naciente democracia. Todos los levantamientos fueron derrotados, uno tras otro.
La mayor amenaza del momento es la infracción del principio de alternancia en el poder y el claro deseo de no soltarlo “ni por la buenas ni por las malas”. Muy distinta a la época de equilibrios y acuerdos que permitió la transferencia de la banda y del collar presidencial de Rómulo Betancourt a Raúl Leoni Otero, el 12 de marzo de 1964. Esta es la imagen de la época civil y de una democracia en camino de consolidación. La entrega del poder en un ambiente de confianza de un presidente electo mediante el sufragio universal directo y secreto a otro electo de la misma manera le permitió a Betancourt cumplir su promesa de que no estaría en el poder “ni un día más ni un día menos” de los previstos en la Constitución. Este simbólico hecho, hasta ese momento inédito en nuestra historia constitucional, refleja una característica esencial de todo régimen democrático: la alternancia y transmisión pacifica del poder. Esto último está actualmente afectado por el deseo revolucionario de gobernar a perpetuidad.
Esta experiencia fue ratificada luego, cuando el 11 de marzo de 1968 Raúl Leoni le entregó el mando presidencial a Rafel Caldera. Para repetir esta experiencia se necesita estrategia y un acuerdo político para no perder la oportunidad de derrotar por la vía de los votos el afán de Nicolás Maduro de reelegirse indefinidamente. (Es el ejemplo que envía Vladimir Putin, el temible autócrata ruso).
Ante esto hay varias opciones. La primera es mantener la propuesta de que sea María Corina Machado la candidata de la oposición. Otra opción es tener un plan B y buscar una candidatura unitaria que cuente con su apoyo. La primera posibilidad se ajusta a la decisión de la abrumadora mayoría que la eligió en una elección primaria realizada con eficiencia. En un país democrático y con igualdad de oportunidades no habría otra opción y sería María Corina la candidata.
Pero sobre la base del del contexto actual y de la determinación del gobierno de no exponerse a una derrota por paliza, esta primera opción luce difícil. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el control de todas las instituciones, lo que le ha facilitado declarar las arbitrarias inhabilitaciones. Y todo ello sin derecho a la defensa y sin respeto a las garantías constitucionales del debido proceso de los sancionados.
Ante esta situación, luce prudente tener un plan B, es decir, una candidatura de consenso que cuente con el respaldo de todos. Esta candidatura ganaría las elecciones holgadamente. Para esto se requiere la participación sin exclusiones de ningún tipo. En los últimos veinticinco años se han cometido sucesivos errores y no se puede insistir en ellos. Las simplificaciones sobre el fracaso político en un momento especifico suelen ser producto de la impaciencia y de la falta de visión de largo alcance.
El trabajo ahora es definir la frontera entre lo posible y lo imposible para obtener la victoria electoral.
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