Bandera de las Naciones Unidas en el Edificio Parque Ávila, donde funciona la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Fotografía de Miguel Gutiérrez | EFE
El canciller de Venezuela Yván Gil anunció este jueves 15 de febrero de 2024 la suspensión de actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y solicitó que su personal abandone Venezuela en las próximas 72 horas.
En un comunicado publicado en la red social X, el canciller afirmó que el gobierno hará una “revisión integral” de los términos de cooperación con la oficina técnica en los próximos 30 días. En el texto, el gobierno acusa a la oficina diplomática de mantener un rol “sesgado” y un trabajo “impropio” en Venezuela.
#Comunicado Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de… pic.twitter.com/6OUb85cCIf
— Yvan Gil (@yvangil) February 15, 2024
La medida se anunció un día después de que la Oficina del ACNUDH pidiera la liberación inmediata y el cumplimiento del debido proceso en caso de la abogada Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de la organización Control Ciudadano, quien fue detenida el pasado 9 de febrero y presentada ante tribunales la noche del 12 de febrero. Otros cinco familiares también fueron detenidos por el caso, y cuatro de ellos —incluyendo a su hija— fueron excarcelados con medidas cautelares y régimen de presentación. Organizaciones civiles y el equipo legal de San Miguel denunciaron su caso como una desaparición forzada, pues la abogada permanece incomunicada y su equipo legal no ha podido tener contacto con ella, a la vez que pidieron a la oficina de la ONU en Venezuela que tomara medidas para conocer el estado de salud de San Miguel.
#Venezuela: We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024
Después de una rueda de prensa del fiscal Tarek William Saab en la cual declaró sobre el caso, la mañana de este 15 de febrero la Oficina del ACNUDH “tomó nota” de las declaraciones de las autoridades, pero reiteró el llamado al cumplimiento del debido proceso y su derecho a la defensa.
#Venezuela: Following statements by the authorities, we note that Rocio San Miguel’s place of detention – thus her whereabouts – has been confirmed & 4 relatives have been conditionally released. Due process guarantees, including right to defence, must be respected.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 15, 2024
La oficina técnica del ACNUDH se instaló en Venezuela después de la firma de un Memorando de entendimiento entre el gobierno y el ACNUDH, en septiembre de 2019, el cual incluyó la autorización para la presencia de dos oficiales de la Oficina de Derechos Humanos en el país, adscrita a la oficina del coordinador residente de la ONU en Venezuela, cuya función es “brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones” emitidas por diversas instancias de este organismo, “brindar apoyo a la sociedad civil y continuar evaluando de manera creíble la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno”.
En ese momento, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, y luego se aprobó la extensión de su mandato hasta septiembre de 2024. En 2020, en un primer informe, concluyó “con motivos razonables, que las autoridades del Estado, incluidas personas de los más altos niveles del Gobierno, habían orquestado y aplicado una política para ‘silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno del Presidente Maduro’”. En septiembre de 2023 la misión reiteró al Estado venezolano realizar “investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes con respecto a todas las violaciones y delitos documentados” por esta instancia.
En 2023, después de la publicación del tercer informe de la misión de determinación de los hechos, el abogado, defensor de derechos humanos y codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó la importancia de estos informes en una entrevista con Prodavinci:
“…la Corte Penal Internacional está tomando en cuenta los informes de la misión. Eso ya ocurrió, no ahorita, sino en noviembre del año pasado [2022], cuando el fiscal se opuso a la solicitud del gobierno de suspender la investigación. Y para ello utilizó dos informes: el informe sobre el Poder Judicial y el informe sobre torturas. Esto quiere decir que la Fiscalía de la Corte considera que la Misión está llevando una investigación muy seria”.
Después de la publicación del primer informe de la misión en 2020, el abogado y expresidente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, explicó a Prodavinci que estos informes son “un acto de justicia para darles visibilidad, un recuento oficial de que esos hechos ocurrieron y tienen unos rostros, de las víctimas y de sus familiares. Este informe es un paso adelante a su dignificación como personas.
Las respuestas de la comunidad internacional no siempre son las más rápidas, pero la justicia no es un acto único. Es un proceso. Es una lucha vital y no hay que descansar hasta conseguirla”.
¿Qué función tiene la oficina en Venezuela?
La ONU Derechos Humanos en Venezuela “presta asistencia técnica y supervisa la situación de los derechos humanos” desde 2019 con los siguientes objetivos:
- “Evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos”.
- “Aumentar la aplicación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos”.
- “Reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”.
- “Concienciar y aumentar la visibilidad de las violaciones de los derechos económicos y sociales, agravadas por la pandemia del COVID-19”.
- “Proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores de los derechos humanos, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de procesos participativos e inclusivos en los debates y la adopción de planes y políticas de derechos humanos”.
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