La dirigencia política, los activistas de derechos humanos y la ciudadanía temen que la represión gubernamental continúe profundizándose de cara al 10 de enero, cuando Nicolás Maduro se propone juramentarse para un nuevo período de mando, pese a ser señalado de consumar un fraude electoral con la cooperación de los poderes públicos.
Los temores se fundamenten sobre los más de 1.700 detenidos y al menos 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas postelectorales.
Analistas consultados por Efecto Cocuyo coinciden en que lo esperable es el aumento de la persecución por motivos políticos y los encarcelamientos sin atender el debido proceso para que, a lo interno del país, en la calle, nadie se atreva a oponerse a la toma de posesión del presidente que se asegura reelecto, sin pruebas.
Tampoco descartan una eventual captura o exilio forzado de la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, pero consideran que Miraflores aún estará midiendo los costos de tales acciones.
“Con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), marca la decisión del gobierno de llegar al 10 de enero sin plantearse un escenario distinto al de mantenerse en el poder”, señaló la politóloga Paola Molina Noguera.
Política “del miedo”
La ONG Foro Penal registra 1.780 detenidos de forma arbitraria tras las protestas contra los resultados anunciados por el CNE, que dieron como ganador a Maduro con 51% de la votación.
De los apresados, 114 son menores de edad, recluidos en cárceles de adultos; 230 mujeres y 156 militares. Entre ellos hay dirigentes políticos como Freddy Superlano, Biagio Pilieri y recientemente el abogado Perkins Rocha, de Vente Venezuela, además de nueve periodistas y defensores de derechos humanos.
“Básicamente el gobierno continuará con el cerco policial y judicial para enfriar la lucha de la oposición con los resultados del pasado 28 de julio. En estos momentos le es rentable acabar con la esperanza de quienes esperaban un cambio derivado de los resultados electorales y que a través de la escalada de la política del miedo, con el paso de los meses, impacte significativamente en el activismo opositor, para intentar llegar a enero con una oposición en la clandestinidad, desarticulada con la persecución y sin agenda”, advirtió Molina Noguera.
La también consultora en Comunicación Política resaltó que, de hecho, la designación de Diosdado Cabello con ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz este 26 de agosto por parte de Maduro, siembra en la gente la percepción de que se radicalizará la persecución política, con la intención de que influya negativamente en la voluntad de la gente de expresarse sobre la elección o salir a las calles.
Para el excoordinador nacional de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, el gobierno de Maduro seguirá haciendo “lo necesario” para mantenerse en el poder al igual que regímenes como los de Cuba y Nicaragua, pese a no contar con la mayoría electoral.
Coincide en que el recrudecimiento de la represión, ahora con Cabello al frente como jefe directo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), está dirigida a que, por miedo, la gente se rinda y no exija más respeto a los resultados electorales, se desmovilice o salga del país en la búsqueda de un mejor futuro en otros destinos.
“El gobierno se propone sembrar la política del miedo para ir congelando el activismo y la esperanza de la oposición, en la medida que logren ese objetivo retornan al país a un estado de «normalidad» en el que la gente pierde la motivación de continuar defendiendo la causa por miedo”, reiteró la politóloga.
¿Cárcel o exilio?
Para muchos, sería un “jaque mate” a la gesta por imponer el respeto a los resultados electorales, un encarcelamiento o exilio tanto de Machado como de González sobre quienes pesa una investigación penal del Ministerio Público (MP) por hacer llamados a la sublevación a la Fuerza Armada y por la publicación de las actas de los testigos electorales que dan cuenta de un triunfo electoral del diplomático sobre Maduro con 67% de la votación.
Ambos permanecen resguardados por seguridad. Sin embargo, Machado encabezó la concentración opositora de este 28 de agosto en el este de Caracas, donde reiteró que las protestas de calle serán escalonadas para proteger a la gente de la represión, mientras se siguen otras estrategias.
Sobre González Urrutia pesan tres citaciones de la Fiscalía a las que ha declinado asistir. En la tercera, para este viernes 30 de agosto, el MP le advirtió que de no asistir podría emitirse una orden de captura, aunque otros voceros del chavismo, como Cabello, se inclinan a que se puede estar preparando para huir del país.
Pese a ello, Molina Noguera considera que mientras buena parte de la comunidad internacional se mantenga firme en no reconocer la reelección de Maduro y en la exigencia de que se respeten derechos humanos, el gobierno podría seguir evaluando los costos de encarcelar a ambos líderes opositores.
“Está en el contexto la investigación de la Fiscalía contra María Corina Machado y Edmundo González que definirá la narrativa en estos meses, dependiendo de los acontecimientos y cómo llegan los principales voceros y liderazgos de la oposición al 10 de enero (…) Mientras los ojos del mundo estén puestos en Venezuela y la gente continúe en la lucha no irán directamente contra la principal líder y vocera de la causa por los costos que representa su encarcelamiento, esto sólo se puede materializar en escenarios donde sientan que la gente perdió el sentido y la esperanza de lucha”, acotó la politóloga.
¿Se impondrá “nueva normalidad”?
Además de perseguir y encarcelar, los analistas políticos recuerdan que el gobierno apuesta a otras maneras “más sutiles” de imponer un aparente apaciguamiento de los ciudadanos como lo es la búsqueda de alternativas de sustento familiar por los bajos sueldos y recientemente comenzar a hablar desde ya de elecciones parlamentarias y regionales que corresponden a 2025, también como estrategia para dividir a la oposición.
“Obviamente se empeñarán en mostrar que hay una absoluta normalidad en el país, la gente trabajando, se aproximan los eventos de béisbol, vienen conciertos, navidad y preparar las elecciones de gobernadores alcaldes, para imponer una sensación de que la gente está tranquila y haciendo vida con un gobierno que trabaja para la mayor suma de felicidad posible. Mientras, no sabemos qué pueda estar preparando la oposición con María Corina Machado y las calles parecen enfriarse”, advirtió Hurtado, antiguo aliado del chavismo.
Para Molina Noguera, el que el gobierno logre imponer su normalidad, dependerá de la estrategia opositora para que la lucha por el respeto a los resultados electorales no desmaye hasta alcanzar el objetivo, pero también de la presión internacional que vaya más allá de pronunciamientos y comunicados.
Hurtado recalcó la necesidad de que con la ayuda de Brasil y Colombia se instale una instancia de negociación que busque resolver la crisis, a partir de la publicación y verificación de los resultados electorales del 28 de julio, como una manera de precisar efectos de la presión internacional.
“Al gobierno le pesará la presión internacional que deviene en escenarios de aislamiento y mayor contractura de la economía por la política de sanciones que pueda originar la falta de legitimidad, por los resultados (a favor de Maduro) que han sido desconocidos por la comunidad internacional”, acotó la politóloga.
Mientras EEUU ya ha dicho que prepara nuevas sanciones contra 60 funcionarios venezolanos por irrespeto a la voluntad popular, la Unión Europea (UE) ha optado por no imponer nuevas medidas, puesto que ya existen 55 contra funcionarios. Pero este jueves, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, sentenció que el bloque regional no reconocerá a Maduro como presidente reelecto.
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