La historia política contemporánea ha sido transcriptor irrefutable de los problemas que han sumido a Venezuela en insidiosas crisis. Quizás, ninguna como la crisis de gobernabilidad que padece. No sólo por la subsistencia de sus efectos. Que además, viene arrastrando luego de su misma declaración como república el 21 diciembre de 1811 cuando es sancionada la primera Constitución de Venezuela. También, por la proliferación de los problemas acaecidos desde entonces. Todos causados de modo deliberado. Incluso, algunos, inducidos subrepticiamente. Para lo cual ha sido condición ineludible, la pésima y enmarañada gerencia pública ejecutada. Igualmente, los importunados conflictos políticos sucedidos hasta la actualidad.
A medida que estos problemas fueron suscitándose, el país se ha visto cundido de serias y calamitosas consecuencias. Especialmente, las que refieren los Derechos Humanos. Habida cuenta de lo que su teoría y discurso comprometen de cara a la gestión política, económica y social a emprender. Lo que es casi un “denominador común” de todo los gobiernos que se haya arrogado la condición de democrático, popular y consecuente.
Los Derechos Humanos en Venezuela, si bien han sido expuestos como razón de peso en la fundamentación del ordenamiento jurídico de las distintas Constituciones venezolanas, no ha sido así en el curso de la cotidianidad. Es argumento válido para inferir que la concepción de “república”, comenzó a perder su norte político. Sobre todo, desde el mismo instante en que el ejercicio de la política se vio empañado de intereses personalistas y coyunturales. La historia nacional se colmó de descripciones y descriptores que hablan de las aberraciones que desordenaron el ejercicio de la política. Entendida la política, en su más eximio sentido.
A ese respecto, cabe decir que los años transcurrido del siglo XXI, en contrario con los pronunciamientos democráticos y sus trazados, han sido expresión fehaciente del paroxismo de todo cuanto de retorcido, corrupto y pernicioso es posible imaginar. Igualmente, fue el comportamiento político durante los siglos XIX y XX. Los mismos, no podrían exceptuarse de cruentos episodios que atestiguan la desatinada actuación política de muchos a quienes les correspondió conducir a Venezuela entre los crudos avatares del devenir político nacional y regional de entonces.
En términos de lo que ha significado la gobernabilidad y los derechos humanos en el recorrido histórico venezolano, es propio afirma que el debut del siglo XXI, fue preámbulo de la mayor crisis que en tiempos republicanos se ha vivido. O padecido. Y que se ha agravado con el paso de los años. En su curso, se hizo evidente lo escondido debajo del llamado “socialismo del siglo XXI”. Fundamentalmente, esta urdida doctrina, fue el detonador de la crisis de Estado que hoy conlleva el país. Arrastró consigo problemas que atrás, fueron amontonándose. Problemas de todo tenor.
Tal fue la maraña que vino articulándose, que del fondo de tan confusa situación emergió no sólo una crisis del tipo de acumulación, sino además otra crisis del tipo de dominación. Y que sumadas ambas crisis, demolieron lo que en materia de desarrollo económico y social había podido alcanzarse. En otras palabra, fulminaron cuanto esfuerzo de gobernabilidad pudo realizarse.
La “república” vista como figura político-jurídica, terminó por desmoronarse de manera bastante acelerada. Su destrucción fue a “paso de vencedores” trayendo entre otras consecuencias, caos financieros, económicos, morales, culturales, políticos, éticos y sociales. Y con estos, se facilitó el derrumbe del cimiento organizacional y funcional en el cual, por antonomasia, reposan los derechos humanos.
Encima de tan patética situación, todavía el régimen imperante en Venezuela pretende seguir hurgando las laceraciones que su gestión ha causado. Sin siquiera atender y entender el tamaño de la crisis de gobernabilidad que, impasiblemente, su misma gestión de gobierno ha contribuido a arraigar.
Más maraña encima
La intención de instituir un Estado comunal, entre otras ideas de oscura razón, atropella lo que ha pretendido fundamentarse a través de los procesos que son parte de un Estado de Derecho. La actual Constitución de la República, sancionada en Diciembre de 1999, asiente su consolidación en teoría cuando refiere que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” (Art. 2 constitucional).
Acá salta un problema que incita a confusiones de forma y fondo. Contradicciones prevalecen en el discurso del régimen. El problema en cuestión, tiene que ver con la concepción de un Estado comunal que no calza con los preceptos constitucionales vigentes.
De manera que la implantación de un Estado comunal, tal como pretende instaurarse, con su ristra de arcaicos y disfuncionales elementos de coordinación y organización, será irreconciliable con las razones apegadas al ordenamiento jurídico constitucional vigente.
El régimen tendría que apelar a la represión bruta, para lograr la imposición de sus retorcidos argumentos. Y así, a la fuerza, abrirle paso a lo que traza la absurda idea de un Estado comunal. Donde la gobernabilidad y los derechos humanos, no tendrían lugar alguno.
Sin embargo, podría entenderse que la preeminencia de los derechos humanos, tal como lo instituye la Carta Magna de 1999, sería una especie de trinchera para operar la ofensiva que mejor podría justificarse organizar la estocada letal a tan reaccionario modelo político de Estado comunal. Por tanto, tan estratégico espacio jurídico podría servir como terreno exacto para situar los cañones que hostigarían las posiciones de lo que son las amenazas comunales que, como avales políticos, el régimen busca favorecer en todos sus sentidos.
Y aunque los derechos humanos sean objeto de violación e irrespeto por parte de los cuadros de violencia del régimen venezolano, está por verse quién o cuál de los actores de la política venezolana saldría vencedor del aciago enfrentamiento de posible realidad.
Sería el momento exacto para determinar hasta dónde tiene peso y valor, el concepto de “república” que adorna el nombre del Estado venezolano. Asimismo, sería oportunidad para medir fuerzas entre la democracia como sistema político, y el autoritarismo, como forma despótica y dictatorial de conducir una nación forjada al clamor de las libertades y los derechos del ser humano.
Es un tanto lo que podría observarse al momento de analizar la retardataria relación que en la mitad de un régimen opresor, se violenta entre Gobernabilidad y Derechos Humanos.
https://www.analitica.com/opinion/gobernabilidad-y-derechos-humanos/
